En marzo, Kicillof decretó la obligatoriedad de la sala de 3 en toda la Provincia. La semana pasada, la Legislatura porteña la sancionó por unanimidad. Dos caminos distintos, dos diagnósticos casi contrapuestos, un mismo destino: obligatoria desde 2027. Pero en más de tres décadas mirando cómo bajan las políticas educativas al territorio, aprendí algo que no falla: la obligatoriedad en un papel no abre un aula, no designa un cargo ni paga un salario docente. Y ese es, exactamente, el problema que nadie discute en voz alta.

Una misma foto, revelada dos veces

En marzo de 2026, Kicillof formalizó por el Decreto 158/2026 la obligatoriedad de la sala de 3 en toda la Provincia. La semana pasada, la Legislatura de CABA sancionó, con respaldo unánime de todos los bloques, una ley que hace lo mismo puertas adentro de la Ciudad. Ambas entran en vigencia plena en 2027 y convierten en derecho exigible lo que hasta ahora era una oferta a universalizar, pero no a garantizar.

Que dos de los distritos educativos más grandes del país tomen la misma decisión en apenas seis meses no me parece casualidad: es una señal. La discusión sobre la edad de ingreso al sistema dejó de ser tema de especialistas para convertirse en agenda de gobierno. Lo que todavía no sé es si se convirtió también en política de Estado, o si quedó en el terreno de la epopeya normativa.

Llevo más de 35 años al lado del sistema educativo y aprendí a desconfiar de la distancia entre un boletín oficial y un aula real. Para quienes hoy están al frente de una institución, esto no es una noticia lejana: es la próxima pelea por vacantes, cargos y edificios que le va a tocar dar a cada director, a cada inspector, a cada intendente con responsabilidad educativa.

Dos vías institucionales, dos legitimidades distintas

La primera diferencia no es pedagógica: es institucional. La Provincia avanzó por decreto del Ejecutivo, después de que un proyecto de ley impulsado en 2024 por Alberto Sileoni ingresara al Senado bonaerense y nunca se tratara. Kicillof eligió la vía administrativa para no quedar rehén de una Legislatura que no daba el debate.

La Ciudad, en cambio, construyó consenso legislativo, con todo el arco político porteño incluido. No es un dato estético: un decreto puede modificarse con otro decreto, sin debate ni mayorías especiales; una ley con consenso unánime tiene un piso de estabilidad más alto. Lo leo en clave de sostenibilidad: una obligatoriedad decretada puede ser tan volátil como la voluntad política que la firmó, y habrá que ver si, a la hora de implementar, aparece en la Provincia el consenso que no se buscó en el recinto.

Dos diagnósticos que casi no se tocan

Lo que más me llama la atención es que ambas jurisdicciones justifican la misma medida con argumentos opuestos. En la Provincia, el decreto se apoya en un diagnóstico de desigualdad: según el Censo 2022, el 74,2% de los chicos de 3 años asistía a un jardín bonaerense, con una cobertura general cercana al 87% pero una brecha del 13% concentrada en los sectores más vulnerables, y el objetivo es cerrarla desde la primera infancia. En la Ciudad, el fundamento es demográfico: los nacimientos cayeron un 50% entre 2014 y 2024, sobra infraestructura antes ocupada por niveles superiores, y bajar la edad de obligatoriedad aprovecha vacantes que de otro modo quedarían vacías.

Así lo veo yo: la Provincia legisla contra la desigualdad, la Ciudad a favor de la eficiencia de un sistema que se achica. Son lecturas legítimas, pero no la misma, y esa diferencia va a determinar dónde pone cada jurisdicción los recursos: en abrir salas donde faltan, o en redistribuir donde la demanda cae.

El nudo que ninguna norma resuelve sola

Prefiero mirar el territorio antes que el boletín oficial. Declarar obligatoria la sala de 3 no crea un edificio ni paga un cargo directivo: la obligatoriedad es un piso jurídico, la implementación es una arquitectura de recursos, tiempos y personas.

La Provincia parte de una cobertura del 87%, pero la tiene que cerrar en un territorio enorme y heterogéneo, con zonas sin edificio escolar cerca y otras donde la sala de 3 ya funciona de hecho, sin marco obligatorio. El decreto anuncia creación de cargos, pero anunciar una partida y ejecutarla son cosas distintas, más aún con el ministerio enfrentando un paro docente de 48 horas por el conflicto salarial.

La Ciudad, con infraestructura más consolidada, tiene un problema distinto: la doble jornada. La ley compromete ampliarla “progresivamente”, palabra que aprendí a leer con sospecha en tres décadas de gestión: ahí se esconde el plazo que nunca se cumple. Ampliar doble jornada no es abrir un aula más: es turnos docentes, comedor, personal no docente, presupuesto recurrente.

El cierre que todavía nadie quiere escribir

Dentro de dos años vamos a saber la verdad de estas dos normas. No la voy a leer en un boletín oficial: la voy a ver en la puerta de cada jardín de infantes el primer día de clases de 2027, en esa fila de padres con la inscripción en la mano. Ahí se va a terminar de escribir si esto fue política de Estado o apenas un anuncio con fecha de caducidad.

Porque hay una verdad incómoda que ya no me sorprende: es mucho más fácil declarar un derecho por decreto o por ley unánime que financiarlo y sostenerlo en el tiempo. La obligatoriedad no se juega en la Legislatura ni en el Boletín Oficial: se juega en el edificio que falta, en el cargo que no se cubre, en el docente al que no se le paga lo que le corresponde mientras se le pide sostener un sistema cada vez más exigido con cada vez menos recursos.

La pregunta que me queda picando, y que le dejo a cada intendencia y a cada consejo escolar, no es si vamos a copiar esta obligatoriedad, seguramente lo hagamos, porque ningún distrito quiere quedar afuera del relato del progreso educativo. La pregunta real, la única que importa, es otra: ¿alguien está dispuesto a gestionar en la intemperie de esta promesa, o solo a firmarla?

 *Director de FB Educación & Gestión- Consultor en Gestión Educativa, Analista de Políticas Educativas- IG: @fb.educacion.gestion