Este sábado comenzó a regir en todo el país el nuevo Régimen Penal Juvenil, una reforma que modifica de manera sustancial el sistema de responsabilidad penal para adolescentes y reemplaza el esquema que permanecía vigente desde 1980.

Uno de los principales cambios es la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. A partir de ahora, los adolescentes que tengan 14 años cumplidos y sean acusados de cometer delitos podrán ser sometidos a un proceso penal, aunque continuarán bajo un sistema diferenciado del previsto para los adultos.

La nueva normativa establece un esquema específico de sanciones, seguimiento y tratamiento para adolescentes en conflicto con la ley penal. El objetivo declarado no se limita a establecer una consecuencia por el delito cometido, sino que también incorpora como ejes la educación, la resocialización y la reinserción social.

Qué cambia con la nueva ley

Hasta ahora, el régimen vigente establecía que los menores de 16 años eran inimputables. Con la modificación, esa situación cambia para quienes tengan 14 y 15 años, que podrán enfrentar consecuencias penales cuando se les atribuya la comisión de delitos.

Sin embargo, esto no significa que los adolescentes reciban automáticamente las mismas penas que un adulto ni que cualquier delito derive en una condena de prisión.

El nuevo sistema contempla distintas alternativas y busca que las medidas adoptadas sean proporcionales al hecho cometido, teniendo en cuenta además la edad del adolescente y las posibilidades de educación y reinserción.

Penas: no habrá prisión ni reclusión perpetua

Uno de los puntos centrales de la reforma es el límite establecido para las penas privativas de la libertad.

La normativa prohíbe la prisión y la reclusión perpetua para adolescentes y fija en 15 años el máximo de las penas de privación de la libertad.

Además, se contempla la posibilidad de acceder a la libertad condicional, siempre que se hayan cumplido los dos tercios de la condena y se verifiquen los requisitos establecidos para obtener ese beneficio.

De esta manera, el nuevo régimen busca diferenciar claramente la respuesta penal destinada a adolescentes de la que corresponde a las personas adultas.

No todo delito implica encierro

La entrada en vigencia del nuevo régimen no significa que todos los adolescentes que sean imputados por un delito terminen privados de su libertad.

La ley incorpora medidas alternativas al encierro, especialmente para determinados casos en los que las penas previstas se encuentran entre los tres y los diez años.

Entre las herramientas previstas aparecen:

• Restricciones de acercamiento.
• Reparación del daño provocado a la víctima.
• Reglas de conducta.
• Participación obligatoria en actividades educativas.
• Actividades comunitarias.
• Amonestaciones formales.
• Medidas de seguimiento y supervisión.
• Monitoreo electrónico en determinados casos.

El criterio apunta a que la respuesta frente al delito también contribuya a modificar conductas y favorecer la integración social del adolescente.

Monitoreo electrónico y seguimiento

Otra de las novedades es la incorporación del monitoreo electrónico para adolescentes.

El sistema podrá utilizarse para controlar el cumplimiento de determinadas medidas y restricciones impuestas por la Justicia, como una alternativa o complemento a la privación de la libertad.

La aplicación efectiva de esta herramienta dependerá, entre otros factores, de la disponibilidad de dispositivos, personal especializado y mecanismos de control suficientes para garantizar su funcionamiento.

Dónde serán alojados los adolescentes privados de libertad

Cuando la Justicia determine que corresponde la privación de la libertad, los adolescentes deberán ser alojados en instituciones especialmente acondicionadas y con personal especializado.

La normativa establece además que los menores no podrán compartir espacios de encierro con personas mayores de edad.

El régimen contempla distintas modalidades de alojamiento, entre ellas institutos abiertos, establecimientos especializados de detención y, en determinadas circunstancias, el arresto domiciliario.

A su vez, se mantiene la protección de la identidad de los adolescentes involucrados en causas penales. No podrán difundirse datos, imágenes, nombres, apodos, filiación, parentesco o domicilios que permitan identificarlos.

Mayor participación de las víctimas

La reforma también incorpora cambios respecto del lugar de las víctimas dentro del proceso.

Quienes hayan sufrido un delito podrán participar del trámite judicial y recibir información sobre el avance de la causa, fortaleciendo su intervención durante el proceso.

Además, la nueva normativa establece la responsabilidad civil de los padres de los niños, niñas y adolescentes sometidos a un proceso penal por los daños que puedan derivarse de los hechos ilícitos atribuidos a sus hijos.

El desafío de poner en funcionamiento el nuevo sistema

Uno de los principales interrogantes que plantea la implementación del Régimen Penal Juvenil está relacionado con la capacidad del sistema judicial y de las instituciones para absorber la mayor cantidad de causas que podría generar la reducción de la edad de imputabilidad.

La aplicación efectiva de la reforma requerirá recursos humanos, infraestructura, establecimientos especializados, dispositivos de monitoreo y profesionales capacitados para trabajar con adolescentes.

También será necesaria la coordinación entre la Justicia nacional y los distintos sistemas judiciales provinciales, debido a las diferencias existentes en los procedimientos y estructuras de cada jurisdicción.

Para acompañar la puesta en marcha del nuevo régimen, el Congreso estableció una partida de $23.739.155.303,08 destinada a su implementación.

Una nueva etapa para la Justicia Juvenil

Con la entrada en vigencia de la reforma, la Argentina inicia una nueva etapa en materia de responsabilidad penal adolescente.

El cambio más visible es la posibilidad de imputar a partir de los 14 años, pero el nuevo régimen también modifica las herramientas disponibles para jueces y fiscales, establece límites a las penas de prisión y amplía las medidas alternativas al encierro.

El desafío estará ahora en lograr que la nueva normativa pueda aplicarse de manera efectiva en todo el país, con instituciones adecuadas y personal especializado, sin perder de vista los dos objetivos que atraviesan el sistema: responsabilizar al adolescente por el delito cometido y favorecer su educación, resocialización e integración social.