La decisión del Gobierno argentino de colocar nuevamente la cuestión Malvinas en el centro de la política exterior no debería ser interpretada como un gesto retórico ni como una apelación circunstancial al sentimiento nacional. Si se pretende que tenga verdadero alcance histórico, debe ser entendida como una política de Estado vinculada directamente con la soberanía, la seguridad nacional y la posición estratégica de la Argentina en el Atlántico Sur, y de los intereses de USA en las tres Américas. Además, no hay que desoir la intencionalidad política interna del Gobierno.
La cuestión Malvinas no es únicamente territorial. Es también una cuestión de poder.
La Argentina sostiene constitucionalmente que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes forman parte de su territorio nacional. Al mismo tiempo, las Naciones Unidas reconocen la existencia de una disputa de soberanía y han llamado reiteradamente a la Argentina y al Reino Unido a resolverla mediante negociaciones. La propia Cancillería argentina recuerda que la Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU reconoció esa disputa y promovió las negociaciones bilaterales.
Por eso, una política argentina firme no necesita abandonar la vía diplomática. Por el contrario: necesita dotarla de mayor poder político, económico, diplomático y estratégico.
La cuestión ya no puede quedar reducida a una discusión histórica
Durante décadas, la discusión sobre Malvinas fue tratada muchas veces como una cuestión exclusivamente diplomática, separada de la estrategia nacional. Ese enfoque resulta insuficiente.
Las islas se encuentran en una zona de enorme importancia para las comunicaciones marítimas, los recursos naturales, la pesca, los hidrocarburos, la proyección hacia la Antártida y el control estratégico del Atlántico Sur.
Desde esa perspectiva, la presencia británica no constituye para la Argentina solamente una controversia histórica: representa también la existencia de una potencia extrarregional con capacidad militar y política instalada en el Atlántico Sur.
La recuperación de la soberanía, por lo tanto, debe formar parte de una concepción moderna de seguridad nacional argentina.
Seguridad nacional no significa necesariamente guerra. Significa capacidad para defender los intereses vitales de la Nación: territorio, recursos, comunicaciones, infraestructura estratégica, espacio marítimo, soberanía y proyección antártica.
La Argentina necesita recuperar precisamente esa mirada estratégica.
América para los americanos
Existe, además, una dimensión continental que no debería ser ignorada.
La vieja doctrina de “América para los americanos” nació en Estados Unidos como principio de oposición a nuevas intervenciones coloniales europeas en el continente. Su contenido histórico fue cambiando con el tiempo y su aplicación estuvo siempre atravesada por los propios intereses de Washington.
Pero existe una cuestión geopolítica que permanece: las Malvinas están ubicadas en el continente americano y la disputa enfrenta a un Estado americano con una potencia europea que mantiene el control efectivo del archipiélago.
En ese sentido, la cuestión Malvinas puede ser incorporada a una concepción más amplia del continentalismo americano: un continente que aspire a tener mayor autonomía estratégica no puede desentenderse de la presencia de una potencia extracontinental en uno de sus espacios marítimos estratégicos.
Esto no significa que la Argentina deba aceptar pasivamente una tutela estadounidense. Todo lo contrario. Una política exterior inteligente debe aprovechar las coincidencias cuando existan, pero conservar plena autonomía para defender los intereses nacionales.
Y aquí aparece una oportunidad.
En los últimos días, Donald Trump ha puesto en duda la continuidad del respaldo tradicional de Estados Unidos al Reino Unido en la cuestión Malvinas. No constituye todavía un reconocimiento de la soberanía argentina, pero sí representa una señal diplomática de enorme importancia porque abre una discusión que durante décadas parecía cerrada.
La Argentina debería leer esa señal con inteligencia y no con triunfalismo.
Los habitantes de las islas y la cuestión de la soberanía
Existe otro punto que debe ser planteado con claridad.
Para la Argentina, la existencia de una población británica en las islas no convierte automáticamente a esa población en sujeto soberano de la disputa territorial. La posición argentina y la interpretación que ha sostenido ante Naciones Unidas distinguen entre los intereses de los habitantes y la determinación de la soberanía.
La Resolución 2065 llamó a tener en cuenta los intereses de los habitantes de las islas, pero encuadró la solución en negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido.
Desde esta perspectiva, los isleños no pueden ser utilizados como argumento para transformar una disputa de soberanía entre Estados en una cuestión de autodeterminación que ignore la controversia territorial existente.
La Argentina debe sostener esta posición con firmeza, pero también con una diplomacia inteligente: defender los derechos argentinos no requiere convertir a la población civil de las islas en el enemigo.
El adversario de la reivindicación argentina es la pretensión británica de soberanía, no la población civil.
Contra las decisiones unilaterales
Aquí debe aparecer una nueva línea roja de la política exterior argentina.
El Reino Unido no debería poder avanzar unilateralmente en la explotación de recursos naturales, actividades económicas o decisiones estratégicas vinculadas con un territorio cuya soberanía se encuentra internacionalmente disputada sin que la Argentina responda política, diplomática y jurídicamente.
Las Naciones Unidas han reclamado reiteradamente que las partes se abstengan de adoptar decisiones unilaterales mientras se encuentra pendiente la solución de la controversia. La Resolución 31/49, por ejemplo, exhortó a no introducir modificaciones unilaterales en la situación de las islas mientras continúa el proceso recomendado por la Asamblea General.
Por eso, la Argentina debería construir un régimen de respuesta frente a quienes colaboren con actividades que el Estado argentino considere ilegítimas, utilizando instrumentos legales, económicos y diplomáticos.
No se trata de una política de persecución indiscriminada. Se trata de establecer consecuencias concretas para empresas y actores que participen deliberadamente de actividades vinculadas con la explotación de recursos en áreas cuya soberanía reclama la Argentina.
La protesta diplomática sin consecuencias puede convertirse en una rutina.
Una política de Estado debe tener instrumentos.
Malvinas como política de seguridad nacional
El paso decisivo sería incorporar definitivamente la cuestión Malvinas a una estrategia nacional de largo plazo.
Eso significa fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur; desarrollar capacidades navales y aéreas; proteger los recursos marítimos; profundizar la cooperación con los países sudamericanos; reforzar Ushuaia como plataforma estratégica; desarrollar infraestructura; aumentar la investigación científica; consolidar la presencia argentina en la Antártida y construir alianzas internacionales alrededor de la cuestión.
La soberanía no se recupera solamente con discursos.
Se construye con población, infraestructura, economía, diplomacia, defensa, ciencia y presencia efectiva.
En este punto, la Argentina debe abandonar la falsa alternativa entre diplomacia y seguridad. Necesita ambas.
Diplomacia para negociar.
Defensa para disuadir.
Economía para sostener una política independiente.
Y estrategia para pensar el país durante las próximas décadas.
Una oportunidad que exige inteligencia
El nuevo escenario internacional puede ofrecer una oportunidad extraordinaria. La eventual revisión de la posición estadounidense sobre Malvinas, sumada a la creciente importancia estratégica del Atlántico Sur y a la competencia global por recursos y rutas marítimas, coloca nuevamente al archipiélago en el tablero de la geopolítica mundial.
Pero una oportunidad no es todavía una victoria.
La Argentina debe evitar el error de confundir una coincidencia coyuntural con una alianza permanente. Estados Unidos actuará de acuerdo con sus propios intereses estratégicos y el Reino Unido defenderá los suyos. La tarea de la Argentina consiste en hacer coincidir, cuando sea posible, sus intereses con los de otros actores sin renunciar a su autonomía.
Ese es el verdadero sentido de una política exterior basada en la seguridad nacional.
Malvinas debe dejar de ser solamente una causa emocional para convertirse definitivamente en una cuestión estratégica de Estado.
Porque no se trata únicamente de recordar que las islas son argentinas.
Se trata de construir las condiciones políticas, diplomáticas, económicas y estratégicas para que esa reivindicación tenga cada día mayor peso en el sistema internacional.
Las Malvinas son parte de la identidad argentina, pero también forman parte del problema estratégico del Atlántico Sur y, por su ubicación, de la arquitectura geopolítica del continente americano.
La Argentina tiene el derecho de reclamar.
Tiene la obligación de hacerlo pacíficamente.
Y tiene, sobre todo, la responsabilidad de hacerlo con una estrategia nacional capaz de sostener esa reivindicación durante generaciones.
Pero cuidado, no caer en el interés de USA en el territorio sobre pretexto ‘América para los Americanos’. Tampoco en Milei de mirar las elecciones 2027.
Agencia MTR