Mediante la Resolución 1115/2026, el Ministerio de Salud de la Nación aprobó la creación del Plan Nacional del Trastorno del Espectro Autista (TEA). La iniciativa busca establecer criterios comunes para la detección temprana, el diagnóstico, la derivación, el tratamiento y el acompañamiento de las personas con autismo.
El programa contempla seis ejes: promoción y prevención; capacitación de los equipos de salud; apoyo a las personas con TEA y sus familias; investigación e información; coordinación entre sectores; y diagnóstico epidemiológico. También prevé la elaboración de guías y herramientas para mejorar la detección temprana.
Sin embargo, uno de los principales cuestionamientos apunta al financiamiento. La resolución establece que la implementación no implicará una partida presupuestaria adicional para el Ministerio de Salud. Además, las jurisdicciones deberán afrontar el costo de la capacitación de sus equipos, en un contexto de recortes y dificultades presupuestarias.
El psicólogo Alberto Trímboli, fundador de la Asociación Argentina de Salud Mental, consideró que la iniciativa tiene más características de un anuncio que de una política pública concreta. Señaló que no fija metas, recursos por provincia ni plazos precisos y cuestionó que se pretenda garantizar tratamientos y acompañamiento sin una asignación específica de fondos.
Otro eje de la controversia es el diagnóstico. La psicopedagoga Gabriela Dueñas planteó interrogantes sobre el crecimiento de los diagnósticos de TEA y sostuvo que determinadas problemáticas infantiles pueden quedar agrupadas bajo una misma categoría sin considerar suficientemente factores ambientales, familiares, escolares y culturales.
El debate también alcanza a la Ley Nacional de Salud Mental, que establece dispositivos comunitarios, abordajes interdisciplinarios, continuidad de cuidados e inclusión social. Según los especialistas citados, el nuevo plan debería contemplar esas herramientas y garantizar efectivamente los derechos de las personas con discapacidad y sus familias.
Así, la creación del Plan Nacional de Autismo abre una discusión que va más allá del diagnóstico: cómo garantizar atención y derechos, con qué recursos se implementará la política y cómo evitar que una etiqueta clínica se convierta en la única vía de acceso a prestaciones que el Estado debe garantizar.
Agencia MTR