
Un dato político relevante es que ningún bloque votó en contra: la UCR, el PRO, la Coalición Cívica y Unión y Libertad optaron por la abstención. Este último espacio, conducido por Martín Rozas, pidió incluir la creación de una bicameral de seguimiento del endeudamiento, iniciativa presentada la semana pasada por ese mismo sector.
Cambios para destrabar el consenso
El proyecto sufrió modificaciones en las últimas horas para acercar posiciones. El gobernador aceptó que la parte del financiamiento destinada a los municipios se calcule sobre el total del endeudamiento autorizado (US$ 3.685 millones) y no sobre los US$ 1.990 millones originalmente estipulados.
Además, Kicillof confirmó en una entrevista con Ecos Diarios de Necochea que al menos 120.000 millones de pesos del total estarán comprometidos para ser transferidos a los municipios durante 2026.
Expectativa por los votos opositores
El oficialismo espera que algunos de los bloques que se abstuvieron terminen acompañando o al menos facilitando la aprobación en el recinto, dado que la iniciativa requiere dos tercios de los votos en cada cámara.
Entre los potenciales apoyos se mencionan UCR y PRO, mientras que Unión Celeste y Blanco podría sumarse si se incorpora la mencionada bicameral.
El Senado ya convocó una sesión para las 19 del mismo día, aunque allí el camino es más complejo: como los proyectos no obtuvieron despacho en comisión, será necesario habilitar el tratamiento sobre tablas, lo que también demanda una mayoría de dos tercios.
Negociación integral y reparto de cargos
En la Legislatura bonaerense rige la lógica de negociación simultánea entre ambas cámaras: si se avanza en Diputados, es porque existe un acuerdo general que también alcanza al Senado.
Sin embargo, fuentes del oficialismo admiten que, pese al clima favorable, todavía no hay un consenso cerrado.
Uno de los puntos más sensibles de la negociación es el reparto de cargos en organismos y empresas públicas. El directorio del Banco Provincia aparece como eje central: circula la versión de que se ampliaría de 8 a 12 miembros, lo que requeriría modificar la carta orgánica de la entidad. Este cambio permitiría sumar representantes de distintos sectores políticos.
Por otro lado, Kicillof habría logrado que las conversaciones excluyan las cuatro vacantes que permanecen abiertas en la Suprema Corte bonaerense, un punto que el Ejecutivo no está dispuesto a negociar en esta instancia.


