El fallo judicial contra la ex presidenta se inscribe en una secuencia histórica de persecución política al peronismo, señaló el gobernador Axel Kicillof, denunciando lawfare, estigmatización del campo popular y un proceso judicial viciado de parcialidad.
En un hecho que muchos ya consideraban un desenlace anunciado, la Justicia confirmó la condena contra la ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner. La decisión, lejos de cerrar un capítulo, abre interrogantes profundos sobre el estado de derecho en Argentina y la integridad del sistema judicial, añadió el mandatario de la provincia de Buenos Aires.
Desde diversos sectores políticos y sociales se sostiene que el fallo forma parte de una maniobra sistemática de persecución política, judicial y mediática que tuvo uno de sus momentos más oscuros durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando se montó una red de espionaje ilegal y se armaron causas judiciales dirigidas a neutralizar a referentes del campo popular.
El fenómeno del lawfare, según denuncian organismos de derechos humanos y referentes opositores, fue convertido en política de Estado. En ese contexto, Cristina Fernández fue objeto de un proceso judicial cuestionado desde sus inicios, al que se acusa de haber estado guiado por un espíritu revanchista antes que por la búsqueda de verdad y justicia. “No investigaron hechos, ejecutaron un plan”, señaló Kicillof, en alusión a lo que describen como una vendetta impulsada por sectores mafiosos del poder judicial y económico.
Con la llegada de Javier Milei a la presidencia, y en un clima marcado por el endurecimiento del discurso oficialista contra las banderas históricas del peronismo —como la justicia social—, se advierte una radicalización del discurso de odio y un avance autoritario que, según dirigentes del peronismo, amenaza los pilares democráticos del país. “Tanto Macri como Milei desprecian la democracia con la misma intensidad con la que desprecian la dignidad del pueblo. Y por eso hoy celebran”, fue una de las frases resonantes de la reaccion política al fallo de Kicillof.
La condena no sólo tiene implicancias jurídicas, sino también profundas consecuencias políticas: representa un intento de disciplinamiento para con la dirigencia que busca enfrentar a los sectores concentrados del poder económico, aseguran voces del kirchnerismo. Para muchos, la decisión judicial “consagra una infamia” y se inscribe en una larga historia de ataques al peronismo y a quienes, como Cristina, “se atrevieron a transformar la Argentina en favor de las mayorías”.
Desde diversos espacios se han llamado a manifestaciones en defensa de la democracia, entendiendo que “nuestra responsabilidad histórica es defenderla” frente a lo que consideran una ofensiva de las élites contra la voluntad popular expresada en las urnas durante años.
El fallo, en definitiva, deja abierta una discusión de fondo: ¿puede haber democracia plena si el aparato judicial responde a intereses ajenos a la soberanía popular?, concluye el gobernador bonaerense.
Agencia MTR