viernes, diciembre 3, 2021

Vanesa Zuccari solicitó que se brinden las prestaciones necesarias a los Talleres Protegidos

contiEs para que con cuidados y recaudos en sanidad continúen sus actividadesnúen sus actividades

La diputada provincial, oriunda de Carlos Salas, de la UCR en Juntos por el Cambio, Vanesa Zuccari, presentó un proyecto para requerir que el Poder Ejecutivo intermedie con urgencia ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y la Agencia Nacional de Discapacidad a los efectos de que brinden las prestaciones necesarias para aquellos Talleres Protegidos de Producción que desarrollan sus actividades en la provincia de Buenos Aires.

“La situación de pandemia por COVID-19 que atraviesa el mundo y en particular, la Argentina y la provincia de Buenos Aires, con la excepcionalidad del aislamiento social obligatorio, exige que se tomen medidas para proteger a los sectores del trabajo que desarrollan sus actividades durante este periodo”, remarca la iniciativa impulsada por Zuccari.

En ese marco, la legisladora de la Cuarta Sección consideró “fundamental brindar las prestaciones necesarias para los Talleres Protegidos de Producción, debido a que la situación económica que atraviesan como institución laboral, social y comunitaria al servicio de personas con discapacidad en cada comunidad de nuestra provincia es profundamente crítica y exige ser atendida”.

La propuesta de Zuccari busca que los Talleres Protegidos de Producción dispongan de medios y recursos para continuar con el cumplimiento de sus actividades, además de incrementar el monto que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social aporta en concepto de “peculio”, cumpliendo con el 40 % del salario mínimo vital y móvil, en cumplimiento de la Ley N 26.816; y que los operarios puedan recibir el Ingreso Familiar de Emergencia de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El proyecto describe entre sus fundamentos que a raíz de la situación de aislamiento y la parálisis económica, los Talleres Protegidos han disminuido notoriamente su actividad productiva, lo que les quita la posibilidad de generar los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones salariales, fiscales, operativas, además del pago de proveedores y servicios: “Las entidades a las que hacemos referencia no se encuentran enmarcadas en ningún tipo de ayuda gubernamental, solamente en nuestra provincia perciben una beca mensual de $ 1.520 por operario con discapacidad, y debido a sus características no son considerados por los bancos para créditos de corto, mediano y largo plazo”.

“De continuar esta situación, a la brevedad las instituciones se encontrarán en riesgo de cierre, ocasionando pérdidas de puestos laborales y espacios de apoyo para personas con y sin discapacidad. Para que estas instituciones sigan cumpliendo con su misión social en cada comunidad, se requiere urgentemente la presencia del Estado”, subraya la iniciativa.

La acción fue trasladada al ámbito de los legisladores nacionales. En ese sentido, la diputada nacional de la UCR, Claudia Najul, también tomó intervención en el tema.

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