La Suprema Corte de la provincia suspendió la Ley de Scioli que limita las excarcelaciones

La Suprema Corte de Justicia  bonaerense frenó la aplicación de un ley impulsada por el gobernador  Daniel Scioli que limitaba las excarcelaciones en casos de  portación ilegítima de armas de fuego.
Así lo dispuso en una acordada el máximo tribunal de Justicia  bonaerense, en el marco de una demanda de inconstitucionalidad   que presentaron diversos organismos, entre ellos  la Comisión por la Memoria y el Centro de Estudios Legales y  Sociales (CELS), luego de que el Ejecutivo la promulgara a principio  de mes.
Como medida cautelar, la Corte bonaerense resolvió suspender  los efectos de la ley 14.434 -modificatoria del artículo 171 del  Código Procesal Penal- hasta que se dicte una sentencia definitiva.
La Corte bonaerense hizo lugar al freno de la ley porque su  aplicación podría resultar “contrarias a derechos y garantías  reconocidos por las constituciones de la Nación y la Provincia y  diversos tratados internacionales de rango constitucional”, según fuentes  del ámbito judicial.
La decisión, aprobada por todos los magistrados -con excepción  de Daniel Soria, que se encuentra de licencia-, se basa en el  fallo del caso Verbitsky y en la Constitución provincial, que en su  artículo 21 consagra como regla esencial que “podrá ser excarcelada o  eximida de prisión la persona que diere caución o fianza  suficiente”.
La ley había sido sancionada el 13 de diciembre por la  Legislatura bonaerense y promulgada luego por el Gobierno de Scioli.
Junto a su ministro de Seguridad Ricardo Casal, Scioli había  reclamado públicamente la sanción de este proyecto en la  Legislatura.
“Las entraderas se tienen que revertir, los que tienen que  entrar a las cárceles son los delincuentes -dijo en su momento-. Sé  que a veces algunos cuestionan iniciativas en este sentido, pero  acá no podemos quedar bien con todos, tenemos que elegir todos los  días y elegimos estar del lado de las familias y de aquellos  ciudadanos que quieren vivir en paz sin violencia”.
“El que tiene un arma así la tiene para delinquir, por eso  quiero dar un paso más adelante y que aquellos que sean sorprendidos  con estas armas vayan presos”, había planteado el mandatario en septiembre  pasado, cuando pidió un rápido tramite al proyecto.
Esa ley, que reforma el artículo 171 del Código Procesal Penal  de la Provincia de Buenos Aires, sostiene que “en ningún caso se  concederá la excarcelación cuando hubiere indicios vehementes de  que el imputado tratará de eludir la acción de la justicia o  entorpecer la investigación”.
Tampoco se concederá este beneficio “en los supuestos de  tenencia o portación ilegítima de arma de fuego de cualquier calibre,  el imputado hubiera intentado eludir el accionar policial, evadir  un operativo público de control o, de cualquier otro modo,  desobedecer, resistirse o impedir el procedimiento”.
La ley establecía que las disposiciones iban a regir “en forma  inmediata” y se aplicarían “aún respecto de los procesos,  incidentes y recursos en trámite, sin afectar derechos adquiridos ni la  validez de los actos cumplidos”.
Ahora, con la decisión de la Suprema Corte, la ley quedará  suspendida hasta que se dicte sentencia definitiva sobre el planteo  de inconstitucionalidad interpuesto por los organismos de derechos  humanos.
Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, advirtió hoy que la Ley de Excarcelaciones, suspendida por la Suprema Corte de Justicia tras la presentación de una medida cautelar, “fue votada por la Legislatura” provincial.
Casal indicó que se van a notificar “rápidamente de la demanda para que la Corte se pronuncie como sentencia final” sobre esta disposición contra la norma que limita las excarcelaciones por tenencia de armas.

“Respetando la independencia de los poderes y la potestad que tiene la Suprema Corte, vamos a notificarnos rápidamente de la demanda para que la Corte se pronuncie como sentencia final. Esta es una medida cautelar que suspende la aplicación de una ley que ha sido votada por la Legislatura”, señaló el ministro en declaraciones formuladas al portal BA noticias.
Casal remarcó que la ley “no ha podido entrar en funcionamiento” y que “responde sin dudas al enorme reclamo social de poder desarmar a los delincuentes” porque -sostuvo- “la propia Corte lo ha informado en sus estadísticas: en la Provincia creció el delito de robo con armas un 21 por ciento”.
En ese sentido, el funcionario bonaerense argumentó que la normativa “era una herramienta legal para resolver esto”.
La Ley de Excarcelaciones apunta a limitar las de aquellos aprehendidos con armas de fuego no declaradas, ilegales o de guerra, ya que este tipo de delitos en ciertas circunstancias son excarcelables y, en caso de condena, se pueden saldar con penas en suspenso o suspensiones de juicio a prueba.