El Senado de la provincia de Buenos Aires avanzará este jueves con el tratamiento del proyecto de ley que propone crear el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, una empresa pública destinada a investigar, desarrollar, producir y distribuir medicamentos e insumos sanitarios. La iniciativa obtendría media sanción y representaría un avance legislativo para la gestión del gobernador Axel Kicillof.
La propuesta contempla la constitución de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. El Gobierno provincial tendrá el 99% del capital social, mientras que el 1% restante podrá quedar en manos de actores públicos o privados.
El objetivo central es que la Provincia cuente con una herramienta propia para intervenir en la producción y comercialización de medicamentos, vacunas, productos médicos, equipamiento, ingredientes farmacéuticos activos e insumos odontológicos, entre otros elementos necesarios para el sistema sanitario.
Desde el Ejecutivo sostienen que la iniciativa permitirá priorizar el abastecimiento de hospitales provinciales y municipales, reducir la dependencia de los laboratorios privados, evitar sobreprecios y disminuir los costos del sistema público de salud.
Sin embargo, el proyecto llegará al recinto con el rechazo anticipado de distintos bloques opositores. Unión y Libertad, el PRO, La Libertad Avanza y Hechos – UCR Identidad adelantaron su oposición, con cuestionamientos vinculados a la ampliación de la estructura estatal, el gasto fiscal y la falta de fundamentos suficientes para justificar la creación de una nueva empresa pública.
El SIPBA quedó en espera por diferencias con los intendentes
Mientras el proyecto de la empresa farmacéutica avanzará en el Senado, la iniciativa para integrar el sistema de salud bonaerense (SIPBA) deberá esperar. El texto será girado a la Comisión de Presupuesto para recibir aportes y analizar modificaciones antes de volver a ser tratado.
La postergación no respondió principalmente a los cuestionamientos de la oposición, sino a diferencias dentro del propio oficialismo. El Frente Renovador y el kirchnerismo hicieron llegar los reclamos de los intendentes, que expresaron reparos sobre las obligaciones económicas y administrativas que el proyecto establece para los municipios.
Uno de los principales puntos de conflicto está en el artículo 43, que obliga a las comunas a armonizar los salarios de sus médicos municipales con las paritarias provinciales. Los jefes comunales advierten que la normativa establece una obligación de equiparación salarial, pero no determina de qué manera se financiará el incremento del gasto que esto podría representar para las administraciones locales.
Además, el proyecto dispone que los intendentes deberán informar al Consejo Regional de Salud (Coresa) y al Congreso Provincial de Salud (Cosapro) cada vez que decidan utilizar otras modalidades de contratación de personal o reconocer remuneraciones superiores a las establecidas por la normativa.
El reparto de los fondos, otro punto de discusión
Las diferencias también alcanzan al mecanismo previsto para distribuir los recursos destinados a la atención sanitaria.
El proyecto otorga prioridad a los municipios que integren la Red Bonaerense de Atención y Cuidados en Salud para acceder a fondos de programas sanitarios provinciales y nacionales.
Frente a ese esquema, los intendentes reclaman que se incorpore expresamente el Coeficiente Único de Distribución (CUD) como criterio para el reparto de los recursos. Consideran que la iniciativa debe establecer reglas más claras y equitativas para determinar qué partidas recibirá cada distrito.
De esta manera, el oficialismo buscará avanzar este jueves con la creación de la empresa pública de medicamentos, mientras que el proyecto de integración sanitaria continuará en comisión.
El escenario refleja las dificultades del gobierno de Kicillof para conseguir consensos dentro de su propio espacio político cuando las iniciativas provinciales involucran obligaciones presupuestarias y responsabilidades directas para los municipios.
Agencia MTR