La situación de un centro de rehabilitación de adicciones que funcionaba sin la habilitación correspondiente en Nueve de Julio volvió a ocupar un lugar central en el Concejo Deliberante, luego de un pedido de informes vinculado con la intervención municipal y las condiciones en las que se encontraban las personas alojadas.
En diálogo con Cadena Nueve, el presidente del bloque PRO, César García, explicó que el Municipio tomó intervención meses atrás y sostuvo que no puede afirmarse que la administración local haya permitido el funcionamiento del establecimiento.
Según relató García, la Municipalidad comenzó a trabajar sobre el caso a partir de un pedido de colaboración realizado por la Asesoría de Incapaces, que había tomado conocimiento de que se estaba instalando en la ciudad un centro de rehabilitación de adicciones que no contaría con las habilitaciones correspondientes.
A partir de esa solicitud, personal municipal, con auxilio de la fuerza pública, realizó una inspección para constatar las condiciones del lugar y la situación de las personas que permanecían allí.
De acuerdo con lo informado por el concejal, en una primera constatación se encontraron aproximadamente 35 personas, muchas de ellas sin documentación y sin los controles correspondientes. También se habría verificado la ausencia de historias clínicas y de profesionales idóneos a cargo de los tratamientos.
García remarcó que uno de los puntos centrales del caso está relacionado con las competencias de cada jurisdicción. En ese sentido, explicó que el Municipio puede intervenir sobre determinados aspectos comerciales y de actividades económicas, pero la habilitación sanitaria de un establecimiento de estas características corresponde al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
“El Municipio puede habilitar las cuestiones comerciales, pero este tipo de establecimiento, desde el área de salud, lo tiene que habilitar el Ministerio de Salud”, explicó el presidente del bloque PRO.
Por ese motivo, según señaló, tanto la Asesoría como el Municipio pusieron la situación en conocimiento de las autoridades provinciales para que intervinieran en aquello que excedía las facultades municipales.
Inspecciones y seguimiento
García indicó que, además de la primera intervención, el Municipio continuó realizando actuaciones a través del área de Actividades Económicas y mantuvo comunicación con los responsables del lugar para analizar la posibilidad de adecuar el funcionamiento a las exigencias correspondientes.
El concejal sostuvo que la situación no se inició con el pedido de informes presentado recientemente en el Concejo Deliberante, sino que las actuaciones municipales se remontan varios meses atrás.
Según explicó, también existía una denuncia con pedido de clausura y se avanzaba hacia una eventual intervención que podía derivar en el cierre del establecimiento y el traslado de las personas alojadas.
Finalmente, antes de llegar a una instancia de clausura compulsiva, quienes estaban a cargo del lugar habrían decidido retirarse voluntariamente y dejar de funcionar.
Un centro que había llegado desde Junín
Durante la entrevista, García explicó además que el establecimiento se habría instalado en Nueve de Julio luego de atravesar previamente una situación similar en la ciudad de Junín.
De acuerdo con su relato, desde la Asesoría de Incapaces de aquella localidad se habría advertido que el centro se trasladaba hacia Nueve de Julio, por lo que se dio aviso a las autoridades locales ante la posibilidad de que continuara funcionando sin reunir las condiciones requeridas.
La situación volvió a tomar notoriedad en los últimos días a partir de un hecho delictivo que generó preocupación entre vecinos de la zona. García aclaró que, según la información disponible, ese episodio no necesariamente estaría relacionado con la organización del centro y que se habría tratado de un hecho protagonizado presuntamente por uno de los internos.
En ese contexto, el concejal pidió especial cuidado a la hora de abordar públicamente la situación, teniendo en cuenta que se trataba de personas atravesadas por problemáticas de consumo y que se encontraban realizando un proceso de recuperación.
“Hay que tener mucho cuidado con lo que se hace y con lo que se dice”, sostuvo García, al remarcar que la recuperación de personas con problemas de adicciones es una actividad que requiere profesionales y condiciones adecuadas.
¿Qué pasó con las personas alojadas?
Uno de los interrogantes que permanece abierto es el destino de las aproximadamente 40 personas que se encontraban en el establecimiento al momento de su cierre.
García señaló que no contaba con información oficial sobre el destino final de todas ellas. Explicó que el cierre no se produjo a partir de un desalojo ejecutado por la fuerza pública, sino que los responsables del lugar decidieron retirarse voluntariamente.
También indicó que las personas alojadas eran mayores de edad y que, durante las primeras actuaciones, se había realizado un relevamiento para conocer su situación.
De esta manera, el caso expone una cuestión que excede la discusión estrictamente municipal: mientras el Municipio posee facultades sobre determinados aspectos de habilitación y funcionamiento comercial, la regulación y habilitación sanitaria de los establecimientos destinados al tratamiento de adicciones se encuentra bajo la órbita provincial.
La explicación de García buscó, precisamente, poner en contexto el alcance de la intervención municipal y las actuaciones realizadas desde que las autoridades locales tomaron conocimiento de la existencia del establecimiento.
Mientras tanto, resta conocer cuál será el destino definitivo de las personas que permanecían allí y qué intervención tendrán los organismos provinciales competentes frente a este tipo de situaciones.
Agencia MTR