Por 16 años, vecinos encabezados por el médico Juan Gabriel Kersich, Julia Crespo y otros integrantes de la comunidad sostuvieron un reclamo que empezó como una preocupación sanitaria y terminó transformándose en una obra concreta donde la Justicia acaba de reconocer ese camino y dar por cumplida la obligación; y ahora el desafío es que toda la ciudad tenga acceso a esa calidad de agua.
Hay historias que no se escriben de un día para otro.
Se construyen con tiempo, con insistencia y, sobre todo, con convicciones.
La del agua en Nueve de Julio es una de ellas.
Durante 16 años, vecinos de la ciudad sostuvieron un reclamo que tuvo como eje una cuestión tan sencilla como trascendente: el agua que sale de la canilla debe poder consumirse.
Entre quienes asumieron ese compromiso estuvo Julia Crespo, una vecina comprometida con la calidad del agua, y el médico Juan Gabriel Kersich, hoy fallecido, junto a otros vecinos que entendieron que no alcanzaba con expresar una preocupación: había que convertirla en un reclamo sostenido.
Y lo hicieron.
No fue una protesta aislada.
No fue una movilización circunstancial.
Fue una acción constante, inteligente y, fundamentalmente, planteada desde un lugar que terminó siendo decisivo: la salud.
Una pelea que tuvo un objetivo claro
Aquellos vecinos no reclamaban una cuestión menor.
Pedían algo básico.
Que el agua de red cumpliera con las condiciones necesarias para el consumo humano.
El expediente judicial recoge análisis, controles y presentaciones que pusieron bajo discusión la presencia de arsénico, nitratos, flúor y otros componentes. La normativa terminó fijando como referencia un máximo de 0,01 mg/l de arsénico para el agua potable.
El reclamo fue creciendo.
Hubo reuniones, presentaciones, pedidos de información, movilizaciones y una organización vecinal que logró mantener el tema en la agenda pública.
Y hubo algo todavía más importante: no se perdió el objetivo.
La meta era que Nueve de Julio tuviera agua potable.
Juan Gabriel Kersich y el sentido de una lucha
En esa historia, el médico Juan Gabriel Kersich ocupa un lugar especial.
Su mirada desde la salud ayudó a poner en palabras una preocupación que para muchos podía parecer técnica o lejana.
El arsénico no era simplemente una cifra en un análisis.
Era una cuestión sanitaria.
Era pensar qué se consume durante años.
Era preguntarse qué responsabilidad tienen quienes producen, controlan y distribuyen el agua.
Kersich ya no está para ver este cierre judicial.
Pero el resultado de aquella lucha sí está.
Está en la planta construida para remover arsénico.
Está en las obras realizadas.
Está en los controles.
Y está, ahora, en una sentencia que establece que el agua de red debe cumplir con los parámetros de potabilidad y que el arsénico no puede superar los 0,01 mg/l.
La obra es también una respuesta
La sentencia tiene un dato que no debe pasar inadvertido.
El juez condena a ABSA y a la Provincia de Buenos Aires a realizar las obras necesarias para garantizar la calidad y potabilidad del agua.
Pero, a la vez, da por cumplida esa obligación, en función de las obras y acciones desarrolladas durante estos años.
Es decir: aquella demanda que parecía interminable tuvo una respuesta concreta.
La obra está.
Y ese resultado no puede separarse de quienes durante años reclamaron para que se hiciera.
La sentencia, de alguna manera, pone en palabras jurídicas lo que la realidad terminó mostrando: el reclamo tuvo un objetivo y ese objetivo se alcanzó.
No hubo que gritar más fuerte, sino sostener mejor
Hay algo para rescatar de esta historia en tiempos donde muchas veces se confunde participación ciudadana con una protesta ruidosa.
Los vecinos de Nueve de Julio reclamaron.
Sí.
Se movilizaron.
Sí.
Pero también estudiaron, buscaron información, recurrieron a especialistas, acudieron a organismos públicos y sostuvieron el reclamo en el tiempo.
El propio fallo destaca el papel de la organización “9 de Julio Todos por el Agua” y la participación de la comunidad para instalar el problema en la agenda de los poderes públicos.
Eso también es hacer ciudadanía.
Y de ello, aunque se incomode, por citarla, Julia Crespo era la cabeza visible. No la única, claro, pero sí una de las voces que más insistió para que el reclamo no perdiera fuerza ni sentido.
Y quizás allí esté una de las principales enseñanzas de esta historia: cuando una sociedad identifica un problema, lo transforma en una causa y sostiene esa causa con argumentos, puede conseguir que las cosas cambien.
Ahora empieza otra etapa
Pero sería un error pensar que la historia terminó.
La sentencia cierra un expediente.
No cierra la necesidad de seguir trabajando.
Porque ahora aparece el desafío de ampliar la red y lograr que esa calidad de agua llegue a todos los sectores de la ciudad.
Y en ese punto aparece otro actor que merece ser mencionado.
La intendenta María José Gentile viene trabajando, de manera silenciosa y sin convertir cada conversación en un anuncio, con las autoridades de ABSA para que la calidad del agua pueda llegar a todas las familias de Nueve de Julio.
Ese trabajo está encaminado y todo indica que la ampliación del servicio está a punto de concretarse, dando continuidad al mismo objetivo que impulsó aquel reclamo iniciado hace 16 años: que el agua apta para el consumo humano no sea para unos pocos sectores, sino para toda la comunidad.
Hay gestiones que se hacen con ruido y otras que se hacen en silencio.
Esta, por lo que se conoce, pertenece a las segundas.
Y quizás sea bueno que así sea: primero trabajar, después anunciar.
La intendenta Gentile, junto a las autoridades de ABSA, tiene ahora por delante la posibilidad de completar una parte fundamental de esta historia: que la calidad alcanzada llegue efectivamente a todas las familias de la ciudad.
Porque el derecho al agua potable no puede depender de dónde vive cada vecino.
El desafío es que nadie quede afuera
La planta de tratamiento fue una respuesta concreta al problema del arsénico.
Pero una planta no alcanza por sí sola.
El verdadero objetivo es que el agua con la calidad requerida pueda llegar por la red a todos los hogares.
Por eso, la ampliación que se viene trabajando es mucho más que una obra de infraestructura.
Es la continuidad lógica de aquel reclamo.
Primero fue demostrar que había un problema.
Después, conseguir que se reconociera.
Luego, lograr las obras.
Ahora, hacer que el resultado alcance a todos.
Y en ese camino la articulación entre el Municipio y ABSA será determinante.
Y hay otro dato que obliga a mirar más lejos
Hay una particularidad que vuelve todavía más relevante esta historia.
El agua que se produce en Nueve de Julio no solamente tiene como destino a sus propios vecinos.
La ciudad también aporta agua a Carlos Casares y Pehuajó.
Eso coloca a Nueve de Julio en una situación singular.
Lo que se hizo aquí no tiene solamente una consecuencia local.
La calidad del agua que se produce en Nueve de Julio trasciende los límites del distrito.
Por eso, la discusión sobre infraestructura, tratamiento, controles y ampliación de la red no debería mirarse solamente como una cuestión municipal.
Es una cuestión regional.
Y, por qué no, una muestra de la responsabilidad que tiene Nueve de Julio dentro de un sistema de abastecimiento que alcanza a otras comunidades.
Dieciséis años para llegar hasta acá
Hay otra reflexión inevitable.
Fueron 16 años de reclamos.
Dieciséis años desde aquel momento en que algunos vecinos decidieron que la calidad del agua no podía quedar reducida a una duda doméstica.
Dieciséis años de expedientes, recursos y decisiones judiciales.
La causa llegó incluso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que intervino en 2014 y mantuvo la protección cautelar vinculada con el acceso al agua potable.
Hoy, la Justicia establece que ABSA y la Provincia deben garantizar agua potable bajo los parámetros vigentes y considera cumplidas las obras que dieron respuesta al objeto principal del reclamo.
Pero el tiempo transcurrido también deja una pregunta incómoda:
¿Cuánto tiempo debería necesitar una comunidad para que un derecho tan elemental sea plenamente garantizado?
El verdadero legado
Quizás el mayor valor de esta sentencia no esté solamente en el cierre de una causa.
Está en lo que deja.
Deja una obra.
Deja un estándar de calidad.
Deja un antecedente judicial.
Deja una comunidad que aprendió que reclamar también puede ser una forma de construir.
Y deja, sobre todo, una idea que debería quedar definitivamente instalada:
El agua potable no es un privilegio. Es un derecho.
Julia Crespo, Juan Gabriel Kersich y tantos vecinos que acompañaron aquella pelea hicieron visible una cuestión que durante años parecía demasiado técnica para formar parte de la conversación cotidiana.
La transformaron en una causa.
La llevaron a la Justicia.
La sostuvieron.
Y finalmente llegó la obra.
Ahora corresponde mirar hacia adelante.
La tarea es ampliar la red, sumar a los sectores que todavía no tienen acceso a esa calidad y garantizar que el agua potable no sea una realidad parcial, sino una condición de toda la ciudad.
Y allí, el trabajo que viene realizando María José Gentile con ABSA puede ser la pieza que complete el camino iniciado hace 16 años.
No para apropiarse de una lucha que nació en los vecinos, sino para darle continuidad institucional y hacer que el resultado llegue a todos.
Porque una lucha de 16 años no merece terminar solamente con un expediente cerrado.
Merece terminar con cada vecino de Nueve de Julio pudiendo abrir la canilla y tener la certeza de que el agua que recibe es apta para consumir, como ya lo tiene gran parte de la ciudad.
Ese debería ser, definitivamente, el verdadero punto final.
Agencia MTR