La discusión sobre el financiamiento municipal no debería reducirse a cuánto recauda cada distrito. También debería preguntarse cuánto dinero genera cada comunidad, cuánto se va en impuestos hacia otros niveles del Estado y cuánto de esos recursos vuelve efectivamente al territorio. Una reforma tributaria que contemple esa realidad podría cambiar la capacidad de los municipios para resolver problemas que hoy parecen interminables.
Hay una discusión que durante demasiado tiempo quedó atrapada entre números, coparticipación, tasas y responsabilidades administrativas. Sin embargo, detrás de cada una de esas palabras hay algo mucho más concreto: la capacidad que tiene un municipio para resolver los problemas de su comunidad.
Y ahí aparece una pregunta incómoda: ¿qué se le puede exigir a un municipio cuando los recursos con los que cuenta no guardan relación con la riqueza que genera su propio territorio?
Porque el problema no es solamente cuánto recauda un municipio.
También hay que preguntarse cuánto dinero genera una comunidad, cuánto de ese dinero se va del distrito en impuestos y cuánto vuelve después en recursos para atender sus necesidades.
Ese debate existe y está latente. Y merece ser abordado sin prejuicios.
Hay municipios que producen, comercian, transportan, industrializan, consumen y generan actividad económica por miles de millones de pesos. Una parte significativa de esa riqueza se transforma en impuestos nacionales y provinciales. Sin embargo, el porcentaje que finalmente queda disponible para que el gobierno local atienda las necesidades de quienes viven allí puede ser muy inferior a lo que esa comunidad genera.
Entonces aparece una paradoja difícil de explicar al vecino.
La actividad económica se genera en el territorio. Los impuestos se pagan. Los recursos se recaudan. Pero cuando llega el momento de resolver una obra, mejorar una calle, ampliar un servicio, fortalecer la salud o desarrollar infraestructura, el municipio debe administrar recursos mucho más acotados y, muchas veces, salir a gestionar financiamiento extraordinario.
¿No debería existir una relación más razonable entre lo que una comunidad genera y lo que recibe para resolver sus propios problemas?
No se trata de plantear que todo lo recaudado deba quedarse en cada distrito. Un Estado moderno necesita mecanismos de redistribución. Hay regiones con mayores necesidades, comunidades que requieren asistencia y políticas que necesariamente deben ser financiadas de manera solidaria.
Pero solidaridad no debería ser sinónimo de desequilibrio permanente.
La discusión debería avanzar hacia una reforma tributaria y de distribución de recursos que contemple con mayor precisión el aporte real de cada territorio, sus características productivas, su población, sus necesidades y los costos que debe afrontar para sostener los servicios que presta.
Porque un municipio sin recursos no se vuelve solamente un municipio con dificultades financieras. Se convierte, con el tiempo, en un municipio con mayores problemas para resolver.
Cuando faltan recursos, las consecuencias no quedan encerradas en una oficina contable. Se trasladan a las calles que necesitan mantenimiento, a la obra pública que se demora, a los servicios que deben sostenerse con mayores esfuerzos, a los hospitales que demandan más presupuesto, a los salarios que hay que afrontar y a las necesidades sociales que aparecen todos los días.
Y existe otra cuestión todavía más profunda: mientras las responsabilidades se multiplican, muchas veces la discusión pública sigue mirando casi exclusivamente hacia el contribuyente municipal.
Es cierto que los municipios deben administrar dificultades. Deben revisar los gastos camino a resolverlas, corregir ineficiencias, mejorar la recaudación y garantizar que cada vecino pague lo que corresponde. Nadie debería discutir eso.
Pero administrar mejor no significa fabricar recursos donde no los hay. No puede hacerlo.
Tampoco parece razonable que cada nuevo problema termine convertido automáticamente en una nueva tasa, un aumento de una tasa existente o una mayor presión sobre el vecino. Especialmente cuando las familias ya llegan con dificultades a fin de mes y deben afrontar aumentos en alimentos, energía, combustibles, alquileres y servicios.
El problema, entonces, es anterior.
Antes de discutir cuánto más puede pagar el vecino, habría que discutir cómo se distribuye lo que ya paga.
Y allí la reforma tributaria debería dejar de ser una expresión reservada a especialistas para convertirse en una discusión política concreta.
Porque si una parte importante de los recursos que genera una comunidad pudiera permanecer en mayor proporción dentro de esa misma comunidad, la discusión sobre muchas necesidades cotidianas podría ser diferente.
Quizás una obra que hoy necesita meses o años de gestión pudiera resolverse con mayor rapidez.
Quizás una calle que espera mantenimiento podría repararse sin depender de una partida extraordinaria.
Quizás un centro de salud podría incorporar equipamiento sin esperar una transferencia.
Quizás un municipio podría planificar obras con recursos propios en lugar de pasar buena parte del año buscando financiamiento.
No se trata de imaginar un Estado municipal rico por el solo hecho de recaudar más. Se trata de reconocer que cada peso que permanece en el territorio puede transformarse en una herramienta concreta para resolver problemas del territorio.
Los ciudadanos no viven separados en compartimentos administrativos. Cuando necesitan atención, buscan respuestas. No analizan si una determinada responsabilidad corresponde a Nación, Provincia o Municipio. Buscan al Estado más cercano.
Y ese Estado, muchas veces, es el municipio.
Ahí aparece una contradicción que merece ser discutida seriamente: se espera que los gobiernos locales estén cada vez más presentes, pero no siempre se acompaña esa demanda con los recursos necesarios para sostenerla.
El resultado es conocido. Los municipios terminan haciendo malabares presupuestarios para mantener servicios básicos y atender demandas que no dejan de crecer.
Y cuando esos malabares dejan de alcanzar, el problema deja de ser presupuestario y empieza a ser social.
Una calle que no se arregla no es solamente una partida que no pudo ejecutarse. Es una dificultad para circular.
Una obra sanitaria que se posterga no es solamente una demora administrativa. Puede significar una respuesta que llega tarde.
Un servicio que pierde calidad no es solamente una cifra en un presupuesto. Es una prestación que afecta directamente a los vecinos.
Por eso, discutir los recursos municipales no es defender a los intendentes. Es discutir la capacidad del Estado para dar respuestas.
Y la discusión debería ser todavía más amplia: no sólo cuánto recibe un municipio, sino qué porcentaje de la riqueza que genera su comunidad vuelve efectivamente a esa comunidad.
El debate hacia 2027 ofrece una oportunidad para discutir esto antes de que las candidaturas vuelvan a ocupar todo el espacio. No se trata solamente de quién gobernará. Se trata de qué podrá hacer quien gobierne.
Podemos discutir nombres, alianzas, internas y elecciones. Pero hay una pregunta que debería aparecer antes: ¿con qué recursos se van a sostener los hospitales, los servicios, las calles, los salarios, la infraestructura y las obras que cada comunidad necesita?
Y hay otra todavía más importante: ¿cuánto de lo que cada comunidad genera debería quedarse en ella para que pueda resolver sus propios problemas?
Porque cuando un municipio no tiene recursos suficientes, no desaparecen los problemas.
Se acumulan.
Y cuando los problemas se acumulan, tarde o temprano, terminan siendo mucho más caros de resolver.
Por eso la discusión sobre el financiamiento municipal no debería ser una pelea entre gobiernos ni una disputa de corto plazo. Debería ser una discusión sobre el federalismo real, sobre la distribución territorial de los recursos y sobre la necesidad de construir un sistema tributario que reconozca no sólo dónde se recauda, sino también dónde se genera la riqueza y dónde están las necesidades que esa riqueza debería ayudar a resolver.
Porque quizás buena parte de los problemas cotidianos que hoy parecen imposibles de solucionar no necesiten siempre más impuestos.
Quizás necesiten, antes que nada, que una parte más justa de los recursos generados dentro de cada comunidad pueda quedarse en casa.
Agencia MTR