En una nueva pulseada entre el Congreso y el Gobierno, la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría un proyecto que prevé un aumento del 7,2% en las jubilaciones, además de la suba del bono extraordinario a $110.000 y la restitución de la moratoria previsional. La iniciativa fue impulsada por bloques opositores y recibió 142 votos afirmativos, 67 negativos y 19 abstenciones, en una sesión que duró más de siete horas.
La media sanción fue posible gracias al apoyo de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda. El debate estuvo acompañado por una multitudinaria movilización en las afueras del Congreso, donde se congregaron jubilados, médicos del Hospital Garrahan, personas con discapacidad y organizaciones sociales como Ni Una Menos.
El proyecto no solo contempla el incremento de los haberes jubilatorios y el bono, sino también la transferencia de fondos de ANSES a las provincias con cajas previsionales no transferidas. Para financiar las medidas, se prevé la eliminación de exenciones impositivas a directores de empresas y sociedades de garantía recíproca, el ahorro en sobrecargos del FMI y la reasignación de partidas presupuestarias, entre ellas las de la ex SIDE.
Sin embargo, el Gobierno nacional ya adelantó que vetará la ley si el Senado la convierte en definitiva. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue contundente: “Vetaremos cualquier ley que rompa el equilibrio fiscal”. En línea con esta postura, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, advirtió que entre esta ley y la de emergencia en discapacidad se estima un costo fiscal de 12 mil millones de dólares, el equivalente al 1,8% del PBI.
Con la tensión en aumento, ahora será el Senado el que deberá definir el futuro de una ley que podría traer alivio a millones de jubilados, pero que el oficialismo considera inviable para las cuentas públicas.