En medio del proceso de concurso preventivo iniciado a fines de febrero de 2025, Los Grobo Agropecuaria realizó una transferencia de 16 millones de pesos a Ampatel S.A., una empresa vinculada directamente a la familia Grobocopatel, fundadora del grupo. La operación fue registrada en el último informe presentado por los síndicos del concurso y generó fuertes cuestionamientos por parte de otros acreedores.
El dato llama la atención no solo por el contexto financiero crítico en el que se encuentra la compañía, sino también porque muchos otros proveedores y acreedores han sido excluidos de los beneficios que implica la continuidad de contratos bajo el artículo 20 de la Ley de Concursos y Quiebras (Ley 24.522).
Según se desprende del expediente, el juez Diego Hugo Papa, a cargo del Juzgado en lo Comercial N° 12, autorizó la continuidad de 120 contratos activos, considerados esenciales para el funcionamiento de la firma. Esta medida permite que Los Grobo siga recibiendo granos y mantenga su operatoria comercial, a pesar del proceso judicial en curso.
Entre las firmas beneficiadas con millonarias transferencias en marzo pasado figuran grandes exportadoras y productores: Amaggi Argentina ($897 millones), Aumaq Agro ($240 millones), Luis Alberto Naiva ($233 millones), y Agropecuaria La Pampasita ($232 millones), entre otros. A este listado se suma Ampatel S.A., que recibió $16 millones, pese a su vínculo directo con la familia fundadora.
La situación generó malestar entre productores que, al tomar conocimiento de los pagos, solicitaron ser incluidos en el régimen especial, pero sus pedidos fueron rechazados por la empresa. Uno de los reclamos más destacados fue el de Atanor, compañía productora de fitosanitarios, que posee un crédito concursal de 14,7 millones de dólares.
“Atanor se encuentra interesado y solicita ser incluido en la nómina de contratos del art. 20 de la LCQ cuya continuación se ha solicitado”, expresó su representante legal en un escrito. El pedido fue rechazado por Los Grobo, alegando que la elección de los contratos continuados “es una facultad exclusiva del concursado”.
La firma sostuvo que no estima “posible ni conveniente” la inclusión de nuevos contratos en los términos planteados. La respuesta profundizó las sospechas de discrecionalidad y posible favoritismo hacia empresas vinculadas a los Grobocopatel, en detrimento de otros acreedores en igualdad o peor situación financiera.
El caso promete seguir generando controversia, no sólo en el ámbito judicial, sino también dentro del sector agroindustrial, donde la transparencia en los procesos concursales es un reclamo constante frente a un contexto de creciente tensión económica.
Agencia MTR