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Bonaerense propone crear un fondo provincial específico para financiar viviendas sociales

El integrante de Unión Usuarios Viales, Ignacio Alberto Zavaleta, presentó un anteproyecto de ley ante la Cámara de Diputados bonaerense, donde la propuesta desarrolla un esquema de financiamiento permanente, con recursos provenientes de impuestos existentes, administración mediante un fideicomiso público y mecanismos de control, recupero y reinversión, al tiempo que el plan contempla distintas herramientas para garantizar la continuidad de las obras y facilitar el acceso de las familias a la vivienda propia

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Un proyecto para generar una fuente estable de financiamiento destinada a la construcción de viviendas familiares fue presentado ante la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires por Ignacio Alberto Zavaleta, vecino de Laguna Alsina, partido de Guaminí, e integrante de Unión de Usuarios Viales.

La propuesta contempla la creación del Régimen Provincial de Promoción de la Vivienda Propia y del Fondo Provincial para la Vivienda Propia, mediante un fideicomiso público que permita reunir, administrar y distribuir recursos destinados exclusivamente a soluciones habitacionales.

Zavaleta formalizó la iniciativa a través de una presentación dirigida al presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara, a quien solicitó que se registre el anteproyecto y se disponga su tratamiento en las comisiones de Asuntos Cooperativos y Vivienda, Presupuesto e Impuestos y Obras Públicas.

Tres impuestos como fuente de financiamiento

Uno de los ejes centrales del proyecto es establecer una afectación específica de una parte de los recursos provinciales provenientes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural y el Impuesto a los Automotores.

El mecanismo propone que los fondos se separen y acrediten automáticamente en una cuenta fiduciaria, sin pasar previamente por cuentas de libre disponibilidad del Tesoro provincial.

El autor de la iniciativa plantea que se utilicen impuestos que ya existen y que pagan los contribuyentes, sin crear nuevos tributos, adicionales, recargos ni aumentar las alícuotas.

Los porcentajes de afectación de cada impuesto todavía deben definirse antes de una eventual presentación legislativa definitiva. También deberá determinarse el impacto fiscal de la medida y su viabilidad financiera.

Otro aspecto contemplado es preservar las participaciones municipales establecidas por la legislación vigente, evitando que el nuevo sistema reduzca los recursos que corresponden a los municipios.

Los recursos quedarían en un fondo con destino exclusivo

El anteproyecto establece que el dinero recaudado tendrá como destino exclusivo la construcción de viviendas familiares únicas y de ocupación permanente, además de la adquisición y urbanización de terrenos y la ejecución de infraestructura indispensable.

La propuesta contempla la creación de subcuentas contables por municipio y por proyecto, de manera que pueda identificarse el origen de los recursos y garantizar que los fondos atribuidos a cada distrito se utilicen dentro de su jurisdicción.

La administración estaría a cargo de un fideicomiso público, con una cuenta específica en el Banco de la Provincia de Buenos Aires y mecanismos de control, conciliación y publicación de movimientos.

El esquema también prevé que las cuotas que reintegren las familias adjudicatarias vuelvan directamente al fondo, permitiendo financiar nuevas soluciones habitacionales y sostener un circuito de recuperación y reinversión.

Prioridad para las familias que necesitan una vivienda

En materia de adjudicación, el proyecto establece criterios públicos y verificables. Entre los requisitos se contempla no contar con otra vivienda propia, acreditar residencia efectiva en el municipio y demostrar ingresos compatibles con los parámetros sociales del programa.

La selección deberá realizarse mediante un sistema de puntajes previamente establecido, con publicación de resultados, posibilidad de observaciones y mecanismos de revisión.

Además, incorpora herramientas de protección para las familias adjudicatarias, como cuotas accesibles, límites a la relación entre cuota e ingreso familiar y alternativas de reprogramación ante situaciones de desempleo, enfermedad, discapacidad o dificultades económicas sobrevinientes.

La iniciativa también contempla que las viviendas cuenten con servicios esenciales, condiciones de habitabilidad, accesibilidad y aptitud del suelo antes de avanzar con las obras.

Participación municipal y trabajo local

Otro de los puntos incluidos es la intervención de los municipios en la presentación y ejecución de los proyectos habitacionales.

Cada emprendimiento deberá contar con convenios que establezcan responsabilidades, disponibilidad de terrenos, aportes, inspecciones, desembolsos y rendiciones.

El texto propone, además, que al menos el 80% de la mano de obra empleada en las obras sea residente del municipio donde se desarrolle el proyecto, con excepciones debidamente justificadas cuando no se disponga de determinadas especialidades.

También se plantea priorizar la participación de proveedores locales, respetando los procedimientos de contratación pública, la transparencia y la comparación de precios y calidad.

Control de los fondos y continuidad de las obras

El anteproyecto incorpora mecanismos de transparencia para que la ciudadanía y los organismos de control puedan conocer los ingresos, las acreditaciones, los saldos, los gastos administrativos, los desembolsos y los avances físicos de cada emprendimiento.

Asimismo, establece que antes de contratar una obra o una etapa de construcción deberá existir una disponibilidad mínima del 50% de su presupuesto y compromisos documentados que permitan completar una etapa autónoma, habitable y con servicios.

La intención es evitar que se inicien construcciones sin respaldo financiero suficiente y que las familias queden a la espera de obras inconclusas.

El pedido ahora es que llegue a las comisiones

En la nota presentada ante Alejandro Dichiara, Zavaleta solicitó que se evalúe la viabilidad de la propuesta y que se analicen los porcentajes de afectación de cada tributo.

También pidió que se le informe el número de expediente o actuación administrativa y el giro que se disponga dentro de la Cámara.

La iniciativa surge de una preocupación vinculada con la necesidad de sostener políticas habitacionales a largo plazo, especialmente para aquellas familias que esperan acceder a una vivienda propia y que muchas veces dependen de programas sujetos a disponibilidades presupuestarias anuales.

Por el momento, se trata de un anteproyecto impulsado por un vecino de Laguna Alsina y no de una ley aprobada ni de un programa habitacional en funcionamiento. Su eventual implementación dependerá del análisis técnico, fiscal y legislativo, así como de la definición de los porcentajes y otros parámetros que todavía permanecen pendientes.

La propuesta pone sobre la mesa una discusión de alcance provincial: cómo generar un fondo permanente, con recursos identificables y controles públicos, que permita construir viviendas, terminar obras y reinvertir los recuperos para que nuevas familias bonaerenses puedan acceder a su casa propia.

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