La problemática de la caza furtiva en establecimientos agropecuarios vuelve a instalarse en la agenda legislativa bonaerense. En ese marco, se busca avanzar con una modificación del Código Rural provincial que permita fortalecer las sanciones contra quienes ingresan sin autorización a campos privados para perseguir, capturar o acorralar animales silvestres.
La iniciativa cuenta con el impulso de CARBAP, entidad que viene planteando la necesidad de contar con mayores herramientas para prevenir y combatir este tipo de situaciones en el ámbito rural. La preocupación está vinculada al accionar de grupos organizados de cazadores que ingresan a los establecimientos con perros, armas de fuego y vehículos, generando riesgos para los productores, trabajadores y familias que viven en el campo.
El tema fue analizado en la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, donde se resolvió postergar el tratamiento de un proyecto presentado por la Coalición Cívica. La decisión apunta a incorporar sus principales disposiciones a una reforma del Código Rural bonaerense, en lugar de avanzar con una legislación independiente.
La propuesta original fue impulsada por el diputado Luciano Bugallo y acompañada por el presidente del bloque, Andrés De Leo, mediante el expediente D-2534/26-27. El objetivo es establecer una prohibición expresa de la caza no autorizada en predios privados y fijar un régimen de sanciones específico para las distintas modalidades de esta actividad.
Multas, decomisos e inhabilitaciones
Entre los puntos centrales del proyecto se establece un esquema de multas que va de las 1.000 a las 20.000 unidades fijas para contravenciones graves contra la seguridad rural. En tanto, para quienes ingresen sin autorización a establecimientos rurales privados con fines de caza, las sanciones económicas podrían alcanzar entre 5.000 y 30.000 unidades fijas.
El texto también contempla agravantes del 50% cuando las infracciones sean cometidas por tres o más personas, se utilicen vehículos, la actividad se desarrolle durante la noche, existan antecedentes o se afecten áreas protegidas.
A las sanciones económicas se suman inhabilitaciones para obtener permisos de caza por períodos de hasta diez años y una inhabilitación especial de hasta quince años para quienes ingresen ilegalmente a campos privados con ese propósito.
Otro aspecto relevante es la posibilidad de decomisar perros, armas de fuego, cuchillos, herramientas y animales capturados, además de disponer el secuestro preventivo de los vehículos utilizados para cometer las infracciones.
La iniciativa también propone crear un Registro Provincial de Infractores por Caza Furtiva Organizada, que funcionaría bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.
En relación con los animales decomisados, se prevé que los perros sean sometidos a controles veterinarios y posteriormente puestos a disposición de refugios y asociaciones protectoras, con la posibilidad de incorporarlos a programas de adopción responsable.
Un problema que ya contempla el Código Rural
Uno de los fundamentos de la propuesta es que la provincia ya cuenta con disposiciones para restringir determinadas modalidades de caza, aunque sus impulsores consideran que las herramientas actuales resultan insuficientes frente a las nuevas formas de organización de estas incursiones.
En particular, el artículo 273 del Código Rural bonaerense, establecido por el Decreto-Ley 10.081/83, prohíbe la formación de cuadrillas de caza, la caza nocturna y otras prácticas consideradas especialmente perjudiciales.
Sin embargo, según los fundamentos del proyecto, continúan registrándose ingresos de grupos de cazadores a establecimientos agropecuarios sin autorización, en muchos casos acompañados por perros galgos, armas y vehículos.
La preocupación también fue expresada por el Foro de Seguridad Rural Argentino (FOSERA), que advirtió sobre los episodios registrados en distintos puntos de la provincia y los riesgos que representan para quienes desarrollan sus actividades cotidianas en el ámbito rural.
La reforma del Código Rural, el camino legislativo
Con la postergación del proyecto de la Coalición Cívica, la discusión legislativa se encamina ahora hacia una modificación del Código Rural bonaerense que permita incorporar un régimen específico para combatir la caza furtiva organizada.
La intención es reunir en una misma normativa herramientas de prevención, control y sanción, con mayores facultades para actuar frente al ingreso no autorizado a establecimientos privados.
Mientras se aguarda la continuidad del debate en la Legislatura, el reclamo del sector agropecuario apunta a reforzar la seguridad rural y garantizar que los productores puedan desarrollar sus actividades sin la presencia de grupos de cazadores que ingresen a sus propiedades al margen de la ley.
La reforma buscará, de esta manera, actualizar el marco normativo provincial frente a una problemática que preocupa a las entidades rurales y que requiere respuestas concretas en materia de seguridad y protección de la propiedad privada.
Agencia MTR