La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social resolvió que deberá recalcularse el haber jubilatorio de Carmen Galletta, luego de considerar que el mecanismo de movilidad aplicado entre enero de 2021 y junio de 2024 produjo un deterioro significativo de sus ingresos frente a la evolución de los precios.
La decisión fue adoptada en el marco de una demanda contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Los jueces Juan Alberto Fantini y Nora Carmen Dorado revocaron una sentencia de primera instancia que había rechazado el planteo y ordenaron reconstruir los haberes de la demandante utilizando la fórmula prevista por la ley 27.426.
El pronunciamiento analiza el funcionamiento del sistema de movilidad establecido por la ley 27.609, vigente desde marzo de 2021, y sus consecuencias sobre el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales.
La diferencia entre los aumentos y la inflación
Uno de los elementos centrales considerados por los magistrados fue la brecha entre los incrementos otorgados a través de la fórmula de movilidad y el aumento general de los precios.
De acuerdo con los datos incorporados al análisis judicial, entre marzo de 2021 y marzo de 2024 los aumentos acumulados por movilidad alcanzaron el 553,55%, mientras que la inflación del mismo período llegó al 1.129,07%.
Esa diferencia representó una pérdida estimada del 46,83% en términos reales, según los cálculos citados en la sentencia.
Para la Cámara, el mecanismo de actualización basado en la evolución de los salarios y de la recaudación tributaria no ofrecía una protección suficiente frente a períodos de aceleración inflacionaria.
El cuestionamiento se concentró en la falta de mecanismos que permitieran evitar que los haberes quedaran significativamente rezagados respecto de la evolución del costo de vida.
Qué fórmula deberá utilizarse
Para resolver el reclamo, los camaristas dispusieron aplicar la fórmula prevista por la ley 27.426, que establecía actualizaciones trimestrales de acuerdo con una combinación de indicadores.
Ese sistema contemplaba un 70% de participación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y un 30% de la variación salarial medida a través del RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables).
La Cámara consideró que utilizar un mecanismo aprobado por el Congreso permitía reconstruir el período cuestionado con parámetros normativos previamente establecidos.
La recomposición abarcará el período comprendido entre enero de 2021 y junio de 2024. Desde julio de ese año, el cálculo deberá continuar con el esquema de actualización mensual por inflación establecido mediante el Decreto 274/2024.
Cómo se calcularán las diferencias
La resolución también establece que, al realizar la nueva liquidación, deberán contemplarse todos los importes que la jubilada ya percibió.
Esto significa que se descontarán los aumentos por movilidad, adelantos, recomposiciones y bonos extraordinarios que correspondan, con el objetivo de evitar que se computen dos veces los mismos conceptos.
Por lo tanto, el reconocimiento de una diferencia no supone que la totalidad de los aumentos anteriores deban abonarse nuevamente, sino que será necesario comparar lo que efectivamente cobró la demandante con lo que le habría correspondido según el mecanismo ordenado por la Justicia.
En cuanto a los retroactivos, los jueces admitieron la excepción de prescripción planteada por ANSES. Para los intereses sobre las sumas que eventualmente resulten adeudadas, dispusieron utilizar la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central.
El límite del 15% y los topes previsionales
Otro aspecto relevante del pronunciamiento está relacionado con el artículo 9 de la ley 24.463, que establece determinados límites sobre los haberes previsionales.
La Cámara declaró inconstitucional la aplicación de ese tope en el caso analizado si, al momento de practicar la liquidación, genera una reducción igual o superior al 15%.
Este criterio deberá evaluarse sobre el resultado concreto del cálculo y no implica la eliminación general de los topes jubilatorios.
Un antecedente para otros reclamos, pero sin alcance general
El expediente presenta un antecedente particular: la demandante ya había obtenido una sentencia favorable por reajuste jubilatorio en 2014, cuya liquidación fue aprobada en 2019.
Sin embargo, los magistrados entendieron que aquella resolución no impedía analizar el deterioro posterior de sus ingresos, producido durante el período de aplicación de la fórmula de movilidad cuestionada.
Desde el punto de vista jurídico, el fallo constituye un antecedente de interés para otros reclamos previsionales en los que se discuta el impacto de la movilidad jubilatoria entre 2021 y 2024.
No obstante, es importante precisar que la sentencia resuelve una controversia individual. No establece un aumento automático para todos los jubilados ni modifica por sí sola el sistema general de movilidad.
Quienes consideren que sus haberes fueron afectados deberán analizar su situación particular y, en caso de corresponder, recurrir a las vías administrativas o judiciales disponibles.
La resolución vuelve a poner en discusión un aspecto central del sistema previsional: la necesidad de que los mecanismos de actualización permitan preservar el valor real de las jubilaciones frente a períodos de inflación elevada.
Agencia MTR