El endeudamiento familiar y el crecimiento de las operaciones de compra de carteras de créditos en mora constituyen el eje de una serie de presentaciones que Ignacio Zavaleta llevará ante distintos organismos nacionales, con el objetivo de que se investiguen las condiciones en las que se transfieren esas deudas y los mecanismos utilizados posteriormente para intentar recuperar los importes reclamados.
La iniciativa está dirigida a la Cámara de Diputados de la Nación, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), la autoridad nacional de Defensa del Consumidor, el Centro de Estudios para la Ciudad (CEC) y el Instituto Argentina Grande (IAG).
El planteo pone el foco en una situación que atraviesan numerosas familias: obligaciones financieras que, ante la imposibilidad de pago, pasan a manos de empresas, fondos o adquirentes de carteras de créditos en mora, que procuran recuperar esos importes mediante distintas modalidades de cobranza.
Zavaleta considera que el problema no debe analizarse exclusivamente desde el punto de vista comercial o financiero. Detrás de cada deuda hay personas, trabajadores, comerciantes y familias que pueden haber recurrido al crédito para cubrir necesidades esenciales, afrontar atrasos o cancelar otras obligaciones, y que posteriormente quedaron atrapadas en una situación económica cada vez más difícil.
Quién reclama la deuda y cómo se compone el importe
Uno de los principales reclamos es que se identifique claramente quién es el acreedor y cuál es el respaldo documental de la obligación exigida.
La preocupación apunta a que las personas puedan conocer con precisión quién adquirió su deuda, cuál es el origen del crédito, qué documentación acredita la transferencia y cómo se determina el importe que se pretende cobrar.
También reclama que se detalle la composición de los montos exigidos, discriminando capital, intereses, intereses punitorios, capitalizaciones, gastos y otros cargos que pudieran incorporarse.
El objetivo es evitar que una familia se encuentre frente a un reclamo cuyo origen, titularidad o cálculo no pueda verificar adecuadamente.
La presentación también solicita investigar las condiciones de las refinanciaciones, especialmente cuando una cuota inicialmente accesible termina convirtiéndose en una obligación prolongada que supera la capacidad económica del deudor.
Cobranza, hostigamiento y protección de los datos personales
Otro de los aspectos centrales está relacionado con las prácticas utilizadas por las empresas de cobranza.
Zavaleta reclama controles para prevenir situaciones de hostigamiento, intimidación, comunicaciones engañosas o exposición de la intimidad familiar.
En ese sentido, considera indispensable determinar qué información personal se transfiere junto con las carteras de créditos, quiénes pueden utilizarla y bajo qué condiciones.
También solicita examinar las comunicaciones dirigidas a familiares o empleadores, así como los mecanismos disponibles para que las personas puedan acceder a sus datos, solicitar su actualización y rectificar información incorrecta.
El planteo sostiene que la existencia de una deuda no habilita prácticas que vulneren la dignidad, la privacidad o los derechos de quienes atraviesan dificultades económicas.
La preocupación no supone atribuir conductas abusivas a todas las empresas que adquieren carteras de créditos. El reclamo apunta a identificar, investigar y controlar a quienes eventualmente incurran en esas prácticas.
Un universo cercano a 900.000 personas
Entre los antecedentes periodísticos y documentales reunidos en el trabajo se mencionan publicaciones que describen un universo cercano a las 900.000 personas con deudas transferidas a adquirentes de carteras.
Sin embargo, el informe advierte que existen diferencias entre las cifras y los períodos considerados, por lo que solicita conocer las fuentes originales, las metodologías de cálculo y los criterios utilizados para contabilizar a las personas alcanzadas.
También aclara que ese universo no representa la totalidad de las personas en situación de mora del país y que no corresponde atribuir una misma motivación a todos los deudores.
Por ese motivo, se solicita al Centro de Estudios para la Ciudad (CEC) y al Instituto Argentina Grande (IAG) que aporten los informes originales, sus fuentes, procedimientos de cálculo y aclaraciones sobre la cobertura de las cifras difundidas.
Refinanciaciones: tasas, intereses y capacidad de pago
El trabajo también incorpora antecedentes sobre los costos financieros de las refinanciaciones.
Entre ellos, menciona condiciones publicadas por el Banco Provincia para mayo de 2026, con una tasa nominal anual del 83,33 % y un costo financiero total efectivo anual del 123,81 %, con un plazo máximo de 72 meses.
Asimismo, recoge información del Banco Nación, consultada el 4 de noviembre de 2026, sobre una refinanciación de tarjetas con tasa nominal anual fija del 29 % y costo financiero total efectivo anual del 41,32 %, destinada a clientes con atrasos de entre 60 y 85 días.
El informe aclara que se trata de productos con distintas fechas, características y requisitos, por lo que no corresponde compararlos como si fueran equivalentes.
A partir de estos antecedentes, reclama que se investiguen las tasas, los intereses punitorios, las capitalizaciones y los cargos aplicados, y que se determinen los casos en los que pudieran existir condiciones abusivas o eventualmente usurarias.
También sostiene que una tasa elevada no acredita automáticamente la existencia de usura, sino que cada operación debe analizarse conforme a sus condiciones y las normas aplicables.
El reclamo también llega al Congreso
La presentación ante la Cámara de Diputados busca que el planteo sea incorporado a los antecedentes parlamentarios vinculados con el endeudamiento familiar y la regulación del crédito y las cobranzas.
El informe recuerda que el 29 de septiembre de 2026 las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor emitieron un dictamen de mayoría y dos de minoría sobre la problemática.
También señala que el Boletín de Asuntos Tratados correspondiente a la sesión finalizada el 22 de octubre registra que la propuesta sobre Endeudamiento Familiar, Orden del Día 433, volvió a comisión.
Entre los antecedentes legislativos menciona los expedientes 4605-D-2026, referido al crédito no bancario, la cesión de carteras y las cobranzas, y 4619-D-2026, relacionado con las agencias de cobranza extrajudicial.
Zavaleta solicita que sus aportes sean considerados dentro de ese marco y que se informe el estado del tratamiento parlamentario.
Una mirada social sobre la crisis de las familias
El planteo parte de una preocupación que excede los números: la situación de quienes pierden su empleo, ven deteriorarse sus ingresos o deben cerrar sus pequeños comercios y emprendimientos.
En esos casos, la voluntad de cumplir con las obligaciones puede existir, pero la capacidad material de hacerlo desaparece.
Por eso, Zavaleta también cuestiona las condiciones económicas que dejan a trabajadores, comerciantes y titulares de pequeñas y medianas empresas sin recursos suficientes para sostener sus compromisos.
Su reclamo apunta a que el endeudamiento familiar sea analizado en relación con los ingresos, la pérdida de empleo, el cierre de establecimientos y las dificultades para cubrir necesidades básicas.
Además, solicita transparencia sobre los beneficios e incentivos que el Estado concede a grandes grupos económicos y actores financieros, con información sobre sus destinatarios, costos públicos y resultados.
Transparencia, controles y responsabilidad pública
La iniciativa plantea que los acreedores tienen derechos y que las obligaciones asumidas deben cumplirse, pero sostiene que esos derechos deben ejercerse dentro de un marco de legalidad y respeto por la dignidad de las personas.
El objetivo de las presentaciones es obtener información verificable, promover controles efectivos y prevenir que una dificultad económica termine convirtiéndose en una situación de persecución cotidiana para una familia.
La preocupación central queda resumida en un reclamo: que cada persona pueda saber quién le está cobrando, por qué importe, con qué documentación y bajo qué condiciones se utilizan sus datos personales.
Porque detrás de cada expediente de deuda hay una persona, una familia y una historia que no pueden reducirse simplemente a un saldo pendiente.
Agencia MTR