Cada 5 de octubre se conmemora en Argentina el Día del Camino, una fecha que invita a poner en perspectiva la importancia de la infraestructura vial para la integración territorial, la producción, el transporte y la seguridad de quienes diariamente utilizan las rutas del país.
En este contexto, Jorge Zatloukal, director ejecutivo del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), planteó una extensa crítica sobre la situación actual de la red vial argentina y reclamó una política integral de caminos que contemple mantenimiento, planificación, financiamiento, transparencia y defensa de los derechos de los usuarios.
El dirigente resumió su posición bajo una consigna: “Sin rutas libres no hay Nación”.
Una historia ligada a la integración nacional
El desarrollo de la infraestructura vial argentina tuvo un fuerte impulso durante las primeras décadas del siglo XX. Entre los antecedentes se encuentra la Ley Mitre de 1907 y, posteriormente, la Ley Nacional N.º 11.658, sancionada en 1932, que creó la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
La normativa estableció un sistema de financiamiento específico para la construcción y conservación de caminos, vinculado al impuesto a los combustibles.
Justiniano Allende Posse, primer presidente de la Dirección Nacional de Vialidad, tuvo un papel central durante los primeros años de desarrollo del organismo y de expansión de la red caminera nacional.
La fecha del 5 de octubre también recuerda el Primer Congreso Panamericano de Carreteras, realizado en Buenos Aires en 1925, acontecimiento que quedó asociado históricamente con la celebración del Día del Camino.
Para Zatloukal, aquellos años representan una etapa de fuerte expansión de la infraestructura vial y considera que el deterioro posterior de la red plantea actualmente un desafío de alcance nacional.
El estado de las rutas, en el centro de la preocupación
Desde el CONADUV sostienen que una parte significativa de la red vial presenta deficiencias de mantenimiento y conservación.
Según plantea Zatloukal, uno de los problemas centrales está relacionado con el destino de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles, que —a su entender— deberían aplicarse prioritariamente a la construcción, conservación y mantenimiento de caminos.
La problemática, sostiene, no se limita a las rutas nacionales. También alcanza a caminos provinciales y municipales y, particularmente, a los caminos rurales, cuya condición resulta determinante para la salida de la producción agropecuaria y la conexión entre pequeñas localidades.
El dirigente reclama, además, recuperar una planificación vial de largo plazo que permita definir prioridades y establecer una política sostenida más allá de los cambios de gobierno.
La falta de una planificación integral
Otro de los puntos señalados es la ausencia, durante las últimas décadas, de una planificación integral de la infraestructura vial argentina.
Zatloukal menciona como antecedente el Plan de Largo Alcance de 1962 y posteriormente el proyecto EDIVIAR, elaborado en el ámbito del Consejo Vial Federal durante la década de 1990.
También recuerda iniciativas privadas como el denominado Proyecto 10, impulsado por el abogado Guillermo Laura.
Desde su perspectiva, la falta de continuidad de este tipo de planes dificulta establecer una estrategia nacional que contemple las necesidades de las distintas regiones y el crecimiento de la actividad productiva.
Peajes y derecho al libre tránsito
Uno de los capítulos centrales del planteo del CONADUV está relacionado con el sistema de peajes.
La entidad cuestiona el cobro de tarifas en determinados corredores cuando, según sostiene, no existe una contraprestación vial equivalente, una vía alternativa adecuada o el marco legal que considere necesario para ese tipo de cobro.
El reclamo se extiende a rutas nacionales, provinciales y municipales.
En particular, Zatloukal cuestiona la decisión de establecer peajes en la Ruta Provincial N.º 6 bonaerense y menciona el caso de los vecinos de San Vicente que deben abonar para desplazarse hacia Domselaar.
Para el dirigente, el sistema termina funcionando en determinados casos como una barrera al desplazamiento cotidiano de los ciudadanos.
La transferencia de rutas y el financiamiento
Otro de los aspectos señalados es la transferencia de corredores de jurisdicción nacional hacia las provincias.
Desde el CONADUV advierten que esos procesos deberían estar acompañados por mecanismos legales y recursos suficientes para garantizar el mantenimiento de las rutas y evitar que determinadas regiones queden sin capacidad efectiva para sostener su conectividad.
La preocupación adquiere especial relevancia en zonas productivas alejadas de los principales centros urbanos y portuarios, donde el estado de los caminos incide directamente sobre los costos de transporte.
El impacto sobre la producción y el interior del país
La infraestructura vial no constituye solamente una cuestión vinculada al tránsito.
El estado de las rutas tiene impacto directo sobre el transporte de cargas, el precio de los productos, la competitividad de las economías regionales y la posibilidad de mantener conectadas a pequeñas localidades.
Zatloukal sostiene que los costos logísticos derivados de los peajes y del deterioro de las rutas pueden afectar especialmente a las provincias alejadas de los principales puertos y centros de distribución.
Desde una mirada geopolítica, advierte además que el aislamiento de determinadas regiones puede favorecer el despoblamiento y generar dificultades para garantizar una adecuada integración territorial.
Cuestionamientos a los organismos y empresas viales
En su análisis, el director ejecutivo del CONADUV también cuestiona distintos cambios institucionales producidos durante las últimas décadas en materia de administración y control vial.
Entre ellos menciona la disolución del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) y la creación de Corredores Viales S.A., sobre cuyo funcionamiento y administración plantea interrogantes.
También cuestiona el esquema de concesiones de corredores viales y reclama mayores niveles de transparencia y control sobre los recursos públicos destinados a infraestructura.
En la provincia de Buenos Aires, el planteo alcanza a Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), mientras que en Córdoba menciona el sistema administrado por Camino de las Sierras S.A. y, en la Ciudad de Buenos Aires, el funcionamiento de Autopistas Urbanas S.A. (AUSA).
En todos los casos, el dirigente reclama que los usuarios puedan conocer con claridad el destino de los fondos recaudados y la relación entre las tarifas abonadas y las obras efectivamente realizadas.
Transparencia y control de los fondos
Otro de los reclamos apunta al control de los recursos destinados a la infraestructura vial.
Zatloukal sostiene que el Congreso Nacional debería avanzar en mecanismos específicos de seguimiento sobre la aplicación de los fondos provenientes del impuesto a los combustibles y de los recursos obtenidos mediante financiamiento internacional.
El objetivo, según plantea, sería garantizar que esos fondos sean efectivamente utilizados para los fines vinculados con la infraestructura vial y evitar desvíos hacia objetivos ajenos a la conservación y expansión de la red.
Seguridad vial: rutas deterioradas y mayor riesgo
El deterioro de las rutas también tiene una dimensión vinculada directamente con la seguridad vial.
Desde el CONADUV se sostiene que existe una relación entre el estado de la infraestructura, la falta de mantenimiento y la siniestralidad vial.
La situación afecta particularmente a quienes recorren largas distancias, como camioneros, trabajadores del transporte de pasajeros y conductores particulares.
Pozos, deformaciones de calzada, banquinas deterioradas, falta de señalización y ausencia de mantenimiento adecuado pueden incrementar los riesgos para quienes utilizan diariamente la red.
En ese sentido, el reclamo apunta a recuperar una política sostenida de inversión en infraestructura y seguridad vial.
Una carga tributaria que, según el CONADUV, se multiplica
Zatloukal también cuestiona la estructura de financiamiento que recae sobre los usuarios de las rutas.
Define la situación como una “cuatriple imposición tributaria vial”, al considerar conjuntamente los impuestos sobre los combustibles, tributos provinciales, tasas municipales y peajes.
Según su planteo, la existencia simultánea de estos mecanismos genera una carga económica significativa sobre ciudadanos y transportistas, sin que necesariamente exista una correspondencia entre lo abonado y el nivel de mantenimiento de los caminos.
Una discusión que continúa en la Justicia
Entre los temas pendientes, el dirigente coloca además la discusión judicial sobre el derecho de los usuarios a contar con caminos alternativos frente al cobro de peajes.
El planteo apunta a garantizar el libre tránsito y evitar que los sistemas de cobro se conviertan, en la práctica, en obstáculos para el desplazamiento dentro del territorio nacional.
La cuestión se encuentra vinculada con la interpretación constitucional del derecho al libre tránsito y con los límites que deben observar los sistemas de financiamiento mediante peajes.
Un debate que excede a las rutas
El Día del Camino encuentra así a la Argentina frente a una discusión que va mucho más allá del estado de una determinada ruta.
La infraestructura vial representa una herramienta de integración territorial, desarrollo productivo y conexión entre comunidades. También constituye un componente fundamental para la seguridad de millones de personas que utilizan diariamente rutas nacionales, provinciales y caminos rurales.
Para el CONADUV, recuperar una red vial eficiente requiere planificación de largo plazo, transparencia en el manejo de los recursos, controles efectivos, mantenimiento permanente y una revisión de los sistemas de peajes.
La fecha del 5 de octubre vuelve a colocar esa discusión sobre la mesa.
Porque, como sintetiza Zatloukal, “sin rutas libres no hay libertad”.
Agencia MTR