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Discapacidad: el Senado aprobó por unanimidad un régimen permanente que garantiza la continuidad de las prestaciones

Con el voto afirmativo de los 71 legisladores presentes, la Cámara alta convirtió en ley el proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad. La nueva normativa mantiene los principales beneficios de la legislación de emergencia, establece mecanismos de financiamiento y controles, y busca dar previsibilidad a las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores

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El Senado de la Nación convirtió en ley, por unanimidad, el proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad, que establece un régimen permanente y mantiene prácticamente la totalidad de los beneficios contemplados en la legislación de emergencia, cuya vigencia finaliza en diciembre.

La iniciativa recibió el respaldo de los 71 senadores presentes y alcanzó un amplio consenso político, luego de más de un año de reclamos de organizaciones, familias y prestadores que advirtieron sobre las dificultades que atravesaba el sistema de atención a las personas con discapacidad.

La sanción representa un cambio en el marco normativo, ya que transforma en permanentes distintas disposiciones que hasta ahora tenían carácter transitorio. El objetivo es garantizar la continuidad de las prestaciones, las pensiones no contributivas, las coberturas médicas y los recursos destinados al sector.

Una respuesta a más de un año de reclamos

La aprobación llegó un año después de que el oficialismo rechazara la ley de emergencia en discapacidad y luego de numerosas movilizaciones protagonizadas por organizaciones y familiares en distintos puntos del país.

En ese contexto, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, destacó el consenso alcanzado y definió la iniciativa como “un acuerdo social y un acuerdo político”.

La senadora sostuvo que la nueva legislación permitirá dejar atrás un esquema de emergencia y avanzar hacia reglas estables, con mayor transparencia y previsibilidad en la administración de los recursos.

“Estamos saliendo de una emergencia y estamos planteando certeza para generar transparencia y previsibilidad. Estamos votando una ley que dice claro de dónde sale cada peso que se va a gastar”, afirmó.

Bullrich también reconoció las dificultades que atravesaron las familias, los problemas vinculados con las auditorías y la incertidumbre generada por las sucesivas prórrogas. No obstante, defendió el nuevo esquema y señaló que busca compatibilizar las prestaciones con el equilibrio fiscal impulsado por el Gobierno nacional.

En la misma línea, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde, consideró que la salida de la emergencia requiere reglas estables que permitan sostener los beneficios.

Los cuestionamientos de la oposición

Desde el peronismo, la senadora Alicia Kirchner consideró que la aprobación representa un avance, aunque advirtió que la sanción legislativa no alcanza por sí sola para reparar las consecuencias de las políticas aplicadas anteriormente.

“Ninguna sanción reconstruye los derechos que fueron vulnerados; en tal caso, es un punto de partida”, expresó. Además, sostuvo que el Congreso estaba dando “una respuesta muy importante, pero no definitiva”.

Por su parte, la senadora catamarqueña Lucía Corpacci cuestionó al presidente Javier Milei y atribuyó la aprobación de la normativa a la movilización de las organizaciones y de la sociedad.

“Esta ley existe porque la ciudadanía en su conjunto, encabezada por el colectivo de discapacidad, salió a la calle”, manifestó.

También advirtió que el reconocimiento de derechos deberá estar acompañado por las partidas presupuestarias necesarias para garantizar su cumplimiento efectivo.

En tanto, Alejandra Vigo, representante de Provincias Unidas, planteó la necesidad de optimizar los recursos y acompañar a las provincias para asegurar la prestación de los servicios. Desde el PRO, Martín Goerling Lara señaló que la tranquilidad de las familias no puede depender de una emergencia que debe renovarse periódicamente.

Qué establece la nueva ley de discapacidad

La normativa, denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, retoma gran parte de los beneficios establecidos en la Ley 27.793 y los incorpora a un régimen permanente y de orden público.

Entre sus principales disposiciones se encuentran:

  • Pensiones no contributivas: mantiene el beneficio equivalente al 70% de la jubilación mínima y su compatibilidad con el empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
  • Prestaciones: conserva el nomenclador único y establece la actualización automática y periódica de los aranceles, de acuerdo con el índice de movilidad jubilatoria, vinculado a la inflación.
  • Cobertura médica: garantiza la cobertura básica mediante el programa federal Incluir Salud.
  • Financiamiento: dispone que el presupuesto del Ministerio de Salud destinado al sector no podrá ser inferior, en términos reales, al correspondiente al ejercicio anterior.
  • Auditorías y controles: establece mecanismos de fiscalización periódica mediante el intercambio de información entre ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER, con garantías de debido proceso para las personas alcanzadas.
  • Deudas con prestadores: incorpora un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas a quienes brindan servicios de atención y asistencia.
  • Reglamentación: fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la legislación.

El desafío de garantizar su cumplimiento

Con la aprobación del Senado, el sistema de discapacidad cuenta con un nuevo marco legal que busca dejar atrás la incertidumbre de las prórrogas y establecer condiciones permanentes para las prestaciones.

Sin embargo, durante el debate varios legisladores remarcaron que la sanción deberá traducirse en recursos concretos, pagos en tiempo y forma y continuidad de los servicios en todo el país.

Para las personas con discapacidad y sus familias, el desafío estará ahora en que los derechos reconocidos por la ley tengan una aplicación efectiva y que las prestaciones médicas, terapéuticas, educativas y de acompañamiento puedan sostenerse sin interrupciones.

La votación unánime de los 71 senadores presentes marcó el cierre de una extensa discusión parlamentaria, pero también abrió una nueva etapa: la de garantizar que el régimen permanente se cumpla en todo el territorio nacional.

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