Los docentes universitarios de todo el país iniciaron este miércoles un nuevo paro de actividades por 72 horas, que se extenderá hasta el viernes 2 de octubre, en reclamo de una recomposición salarial y de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida fue impulsada por distintas organizaciones gremiales, entre ellas la CONADU y la CONADU Histórica, en el marco del conflicto que mantienen con el Gobierno nacional.
La huelga representa una continuidad de las medidas de fuerza realizadas durante las últimas semanas, luego de que las negociaciones salariales entre los sindicatos y el Ejecutivo no alcanzaran un acuerdo. El reclamo central está vinculado con la actualización de los salarios que, según las organizaciones docentes, debe contemplar una recomposición del 33,4% prevista en la normativa vigente.
El reclamo salarial y la intervención de la Justicia
El conflicto también tiene un capítulo judicial. El juez federal Martín Cormick intimó al Gobierno nacional a cumplir, en un plazo de cinco días, con la medida cautelar vinculada a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El plazo venció este miércoles 30 de septiembre.
Según la información difundida por organizaciones universitarias, la medida cautelar contempla una actualización salarial del 33,4% sobre los últimos haberes percibidos, además de la actualización correspondiente al índice de precios al consumidor de los meses posteriores.
El Poder Ejecutivo, por su parte, apeló la resolución judicial, por lo que el conflicto continúa abierto tanto en el ámbito de la Justicia como en la negociación salarial.
La falta de acuerdo llevó a los gremios a profundizar el plan de lucha. El paro de esta semana había sido anunciado inicialmente por CONADU como una medida de entre 48 y 72 horas y finalmente se confirmó por tres jornadas consecutivas.
Impacto en las clases
La medida afecta el dictado de clases en las universidades nacionales y también alcanza a instituciones educativas dependientes de algunas casas de altos estudios.
Los gremios sostienen que el conflicto salarial y presupuestario se encuentra directamente relacionado con las condiciones de funcionamiento del sistema universitario público. A la vez, la continuidad de las medidas de fuerza genera interrupciones en el calendario académico y obliga a las instituciones a reorganizar actividades y contenidos.
El paro de esta semana se desarrolla, además, en la previa de una nueva movilización nacional. El sector universitario prepara la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre, con participación de organizaciones gremiales, estudiantiles y representantes del sistema universitario.
La disputa por el Presupuesto 2027
Al conflicto salarial se suma la discusión por los recursos destinados a las universidades públicas en el proyecto de Presupuesto 2027.
El Gobierno nacional contempla aproximadamente $7,3 billones para las universidades nacionales durante el próximo ejercicio. En contraposición, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los rectores reclaman alrededor de $11 billones para atender las necesidades del sistema universitario.
Desde las universidades señalaron que la diferencia entre ambos montos representa una brecha significativa para afrontar salarios, gastos de funcionamiento, infraestructura, investigación, becas y hospitales universitarios.
El presidente del CIN, Franco Bartolacci, explicó que las universidades habían elaborado su estimación presupuestaria tomando como referencia las obligaciones establecidas por la legislación vigente y las necesidades de las distintas áreas del sistema. El Ejecutivo, en tanto, sostiene que el proyecto contempla recursos vinculados con la actualización prevista y otros componentes presupuestarios.
Un conflicto que continúa
De esta manera, el reclamo universitario mantiene abiertos tres frentes: la discusión salarial, el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y el debate por el Presupuesto 2027.
Mientras los gremios reclaman la aplicación de la recomposición salarial y el cumplimiento de la medida cautelar, el Gobierno nacional mantiene su posición y apeló la resolución judicial.
En ese escenario, el paro de 72 horas constituye una nueva instancia dentro de un conflicto que podría continuar durante octubre. Las organizaciones universitarias ya anticiparon actividades de visibilización y preparan la movilización del 15 de octubre, que volverá a llevar el reclamo por salarios y financiamiento universitario a las calles.
Agencia MTR