La falta de designación del Defensor del Pueblo de la Nación volvió a quedar en el centro del debate a partir de una presentación impulsada por abogados y docentes universitarios que cuestionan la ausencia de un titular al frente del organismo desde 2009.
José Matilla, uno de los profesionales que lleva adelante el reclamo, habló en Despertate, por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, y explicó los fundamentos de la presentación contra legisladores por lo que consideran un incumplimiento de las obligaciones institucionales vinculadas con la designación del funcionario.
Según explicó Matilla, el planteo surgió a partir de la preocupación por el funcionamiento de las instituciones y por la falta de un organismo constitucional que pueda canalizar reclamos ciudadanos frente a acciones u omisiones de la administración pública.
“Somos tres amigos que damos clase en la facultad, enseñamos Derecho Constitucional, Sociedad y Estado, y además somos abogados. Hemos vivido la democracia y estudiado la Constitución. Entonces nos preguntamos cómo puede ser que no se cumplan los derechos”, señaló durante la entrevista.
El abogado sostuvo que la problemática de las rutas nacionales fue uno de los hechos que impulsó la iniciativa. En particular, mencionó las dificultades que atraviesan los usuarios de la Ruta Nacional 5 y otros corredores viales del país.
Para Matilla, la cuestión no se limita al estado de las rutas, sino que expone una situación institucional más amplia: la ausencia de un Defensor del Pueblo nacional que pueda intervenir frente a reclamos vinculados con derechos individuales, colectivos y difusos.
Una vacancia que se extiende desde 2009
Durante la entrevista, Matilla recordó que la Defensoría del Pueblo de la Nación permanece vacante desde la renuncia de Eduardo Mondino, producida el 6 de abril de 2009.
La figura del Defensor del Pueblo fue incorporada a la Constitución Nacional mediante la reforma de 1994. El organismo ya había sido creado previamente por la Ley 24.284 y posteriormente adquirió jerarquía constitucional.
“El Defensor del Pueblo no es un cargo administrativo más. Es quien representa al ciudadano frente a los reclamos y protege derechos humanos, individuales, colectivos y difusos frente a hechos y omisiones de la administración pública”, sostuvo.
En ese sentido, consideró que la ausencia del funcionario constituye una situación institucional que se mantiene desde hace años y que excede a una administración determinada.
Matilla remarcó que el reclamo no apunta exclusivamente al actual Gobierno, sino que cuestiona una situación que, según indicó, se mantiene desde 2009 y atravesó distintas gestiones nacionales.
El reclamo y el papel del Congreso
La designación del Defensor del Pueblo corresponde al Congreso de la Nación. Para Matilla, la falta de acuerdo entre los bloques legislativos no puede convertirse en una justificación permanente para mantener vacante una institución prevista expresamente por la Constitución.
“Se reúnen en la comisión bicameral y no nombran a nadie. Cada uno quiere poner a alguno de los suyos”, afirmó, al cuestionar la incidencia de las disputas políticas en el proceso de designación.
El profesional sostuvo que la selección debería estar vinculada con los antecedentes y la idoneidad de los postulantes y no con criterios partidarios.
“La Constitución incorporó una figura que tiene que defender al ciudadano. No estamos pidiendo nada ilegal, sino solamente la aplicación de la norma”, expresó.
Rutas, PAMI y otros reclamos ciudadanos
Durante la conversación, Matilla vinculó la ausencia del Defensor del Pueblo con diferentes problemáticas que afectan cotidianamente a los ciudadanos.
Mencionó, entre otros temas, el estado de las rutas nacionales, el acceso a prestaciones de PAMI, la situación de personas que viven en condiciones de vulnerabilidad, la falta de infraestructura y cuestiones relacionadas con la educación.
En referencia a su propia experiencia, señaló que proviene de Laguna Chica, en el partido de Adolfo Alsina, y relató las dificultades que, según afirmó, existen en distintas zonas del interior bonaerense.
También recordó que ha presentado acciones judiciales vinculadas con el estado de las rutas y sostuvo que un reclamo llevado adelante por un Defensor del Pueblo podría adquirir carácter colectivo.
En ese sentido, explicó que la intervención de los defensores del pueblo provinciales tiene límites cuando se trata de cuestiones de competencia federal.
“Si yo presento una demanda contra un peaje, pero cito al Defensor del Pueblo, el reclamo se hace colectivo y puede abarcar a todas las rutas nacionales”, ejemplificó.
Una institución prevista por la Constitución
Uno de los ejes centrales planteados por Matilla fue la diferencia entre la existencia formal de derechos e instituciones y su funcionamiento efectivo.
El abogado consideró que Argentina cuenta con una Constitución que incorporó herramientas de protección ciudadana, ambientales y de defensa del consumidor, pero cuestionó que algunas de esas instituciones no funcionen plenamente.
“La reforma constitucional de 1994 es muy avanzada. El problema es que no está a la altura de la política que tenemos”, manifestó.
En esa línea, sostuvo que la falta de un Defensor del Pueblo representa una contradicción entre las previsiones constitucionales y la realidad institucional.
Durante la entrevista también citó trabajos académicos que describen las dificultades existentes en distintos países para transformar las estructuras formales del Estado en mecanismos que funcionen efectivamente para los ciudadanos.
Reclamos desde la sociedad civil
Matilla explicó que el planteo forma parte de una serie de acciones que impulsan junto a otros profesionales y organizaciones.
Señaló que el reclamo tiene relación con el trabajo desarrollado desde el ámbito universitario y gremial y mencionó al CONADU como uno de los espacios desde los cuales se han promovido presentaciones sobre diferentes cuestiones.
También destacó la participación de referentes vinculados con los usuarios viales, entre ellos el ingeniero Ricardo Lasca, con quien, según explicó, han analizado la problemática de las rutas y las herramientas legales disponibles.
“Vamos paso a paso, a medida que llegan los reclamos”, explicó.
El objetivo, según sostuvo, es recurrir a las herramientas legales existentes para exigir el cumplimiento de las normas.
“No tenemos dónde reclamar”
Para Matilla, la ausencia del Defensor del Pueblo genera una situación de indefensión institucional para determinados reclamos colectivos.
“El Defensor del Pueblo no depende de nadie. Solamente depende del Congreso para que lo elija”, explicó, al destacar la autonomía que caracteriza a la institución.
También recordó que el mandato del Defensor del Pueblo es de cinco años y que la Constitución establece las condiciones para su designación.
“Es muy importante la figura del Defensor del Pueblo, que se incorporó a la Constitución en 1994 y que desde 2009 no se está cumpliendo”, sostuvo.
El abogado insistió en que la discusión debería superar las diferencias partidarias y concentrarse en la necesidad de que una institución constitucional vuelva a funcionar.
La entrevista concluyó con un reconocimiento al trabajo realizado en el pasado por la Defensoría y a la atención brindada a los ciudadanos desde ese organismo.
Desde Despertate, por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, el reclamo quedó planteado como una discusión que excede la coyuntura política: la necesidad de que una institución prevista por la Constitución Nacional vuelva a tener un titular y pueda cumplir con la función de representar y proteger los derechos de los ciudadanos frente a la administración pública.
Agencia MTR