La eliminación del beneficio del Régimen de Zona Fría para numerosos municipios bonaerenses abrió un nuevo capítulo de reclamos institucionales en el interior provincial. Desde el Partido de Guaminí, Ignacio Alberto Zavaleta presentó una solicitud formal ante el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, para que el organismo intervenga frente al impacto que, según sostiene, tendrá la reforma sobre los usuarios residenciales, comercios, instituciones y sectores productivos del Sudoeste Bonaerense.
La iniciativa no se limita al reclamo ante la Defensoría. Zavaleta remitió además una convocatoria a los 22 Honorables Concejos Deliberantes de la Sexta Sección Electoral, con el objetivo de que los cuerpos legislativos municipales analicen la situación y consideren una adhesión institucional a las acciones destinadas a defender la continuidad del régimen diferencial.
En la presentación se solicita, asimismo, que los legisladores provinciales y nacionales que representan a la Sexta Sección intervengan en defensa de un esquema tarifario que contemple las condiciones climáticas y socioeconómicas del interior bonaerense.
Reclamo ante la Defensoría del Pueblo
La presentación dirigida a Lorenzino lleva como referencia el pedido de intervención urgente y de impulso de acciones judiciales colectivas ante la supresión del Régimen de Zona Fría.
Zavaleta plantea que la reforma nacional modifica sustancialmente el universo territorial alcanzado por el beneficio y sostiene que la medida afecta especialmente a localidades del Sudoeste Bonaerense, donde los períodos de bajas temperaturas generan una demanda energética estacional elevada.
El escrito solicita que la Defensoría evalúe la promoción o adhesión a amparos colectivos y otras acciones judiciales que pudieran corresponder, invocando, entre otros argumentos, los principios de progresividad y no regresividad vinculados con derechos sociales y servicios públicos esenciales.
También se propone que las actuaciones sean remitidas a los Concejos Deliberantes de la región para que puedan expedirse institucionalmente.
Una convocatoria a toda la Sexta Sección
En paralelo, la iniciativa ciudadana fue puesta a consideración de los cuerpos deliberativos de los 22 municipios de la Sexta Sección Electoral.
La propuesta apunta a generar un debate regional sobre el impacto de la reforma y a reunir pronunciamientos institucionales de los municipios que podrían verse afectados por la modificación del régimen.
La convocatoria sostiene que el problema excede la situación particular de un distrito y requiere, por sus características, una respuesta coordinada entre municipios, legisladores, organismos de defensa de los usuarios e instituciones de la región.
El planteo también pone el foco en los sectores más sensibles frente a una eventual modificación de las facturas de gas: jubilados, trabajadores, familias de ingresos medios, comercios, pequeñas empresas e instituciones que desarrollan sus actividades en localidades sometidas a inviernos rigurosos.
El interrogante sobre los recursos que continúan recaudándose
Uno de los aspectos centrales de la presentación es el análisis financiero incorporado como anexo técnico-institucional.
El documento advierte que la reducción del universo de beneficiarios no implica necesariamente la desaparición del mecanismo de financiamiento del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.
Según el análisis presentado, el artículo 75 de la Ley 25.565 establece un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), aplicado a los metros cúbicos consumidos o comercializados por redes o ductos en todo el territorio nacional. El anexo destaca que existe, de esta manera, una fuente de financiamiento de alcance nacional mientras que el beneficio tiene un alcance territorial determinado.
A partir de allí, la iniciativa plantea una serie de preguntas sobre la administración de esos recursos.
Entre ellas:
- cuánto recauda actualmente el Fondo;
- cuál es la alícuota efectivamente aplicada;
- cuánto se proyecta recaudar después de la reforma;
- cuánto se destinará al régimen reformado;
- qué obligaciones continúan vigentes;
- cuál será el saldo del Fondo; y
- qué destino tendrán los recursos que eventualmente dejen de ser necesarios por la reducción de beneficiarios.
El documento remarca que no afirma la existencia de un uso irregular de esos fondos, sino que reclama que la información sea puesta a disposición pública para permitir su verificación.
Una hipótesis que se pide investigar, no dar por probada
El anexo también incorpora un capítulo referido al sistema eléctrico mayorista y a la participación de CAMMESA, Edenor y Edesur.
En ese punto, la presentación establece expresamente una diferencia entre una hipótesis de investigación y una afirmación de hecho.
El planteo pregunta si pudiera existir alguna vinculación financiera, presupuestaria, regulatoria o patrimonial entre los recursos que eventualmente se liberen por la modificación de Zona Fría y la resolución de obligaciones pendientes del sistema eléctrico.
El documento aclara que los elementos mencionados no permiten afirmar por sí solos que la reducción de Zona Fría haya sido diseñada para resolver una deuda determinada de Edenor o Edesur. Por eso reclama que cualquier eventual conexión sea esclarecida y documentada oficialmente.
La discusión sobre la proporcionalidad del cargo
Otro de los ejes del planteo es la relación entre la recaudación y las necesidades que justifican el mantenimiento del cargo.
La propuesta no sostiene que el recargo deba desaparecer automáticamente, sino que plantea que su permanencia debe guardar una correspondencia demostrable con las obligaciones que continúa financiando.
La pregunta que atraviesa el documento es concreta: cuánto se recauda, cuánto se necesita, cuánto se utiliza y qué ocurre con un eventual excedente.
El anexo considera que la reducción del universo de beneficiarios obliga a revisar esa relación y reclama información pública que permita conocer la evolución de la recaudación, los gastos y los recursos disponibles.
Una propuesta de seis meses de protección y seis de evaluación
Como alternativa, el documento incorpora una propuesta que denomina “6 meses de protección + 6 meses de evaluación y adecuación”.
El esquema plantea concentrar la protección durante el período anual de mayor necesidad térmica, determinado mediante parámetros climáticos objetivos.
Durante los seis meses restantes se propone evaluar variables como temperaturas, intensidad de las heladas, consumo residencial, situación socioeconómica de los beneficiarios, recursos efectivamente recaudados, costo real del régimen, cantidad de usuarios alcanzados y proyección presupuestaria.
El objetivo sería establecer un mecanismo periódico de revisión basado en información objetiva, sin eliminar la protección durante los meses en los que las condiciones climáticas justificarían una mayor asistencia.
Seis preguntas para el Estado
La iniciativa sintetiza el reclamo de transparencia en seis interrogantes dirigidos a las autoridades competentes.
La presentación pide conocer cuánto dinero recauda actualmente el mecanismo de financiamiento del Fondo, cuál es la alícuota efectiva frente al máximo legal, cuánto se destinará al régimen reformado y qué ocurrirá con los recursos que ya no resulten necesarios.
También solicita establecer cuál será la relación entre el ahorro fiscal anunciado y la recaudación que continúe generándose y determinar, mediante documentación oficial, si existe alguna vinculación entre los recursos liberados y obligaciones financieras pendientes del sistema energético.
El propio documento aclara que estas preguntas no constituyen una acusación, sino un pedido de transparencia y trazabilidad sobre recursos que alcanzan a los usuarios del sistema.
Un reclamo que busca una respuesta regional
Con la presentación ante la Defensoría del Pueblo y la convocatoria a los Concejos Deliberantes, la iniciativa busca trasladar la discusión desde el reclamo individual hacia un debate institucional de alcance regional.
El planteo sostiene que la discusión sobre Zona Fría no debería limitarse exclusivamente a determinar quién conserva o pierde un descuento tarifario, sino incorporar también el análisis de los recursos que continúan recaudándose, su administración, las obligaciones que financian y su destino final.
Desde Guaminí se propone así que los municipios de la Sexta Sección analicen la situación con información verificable y adopten, en caso de considerarlo pertinente, posiciones institucionales comunes.
La iniciativa queda ahora a consideración de la Defensoría del Pueblo bonaerense y de los distintos Concejos Deliberantes convocados, mientras el reclamo incorpora una agenda que combina tarifas, condiciones climáticas, financiamiento, transparencia y defensa de los usuarios del interior provincial.
El documento concluye con una premisa: frente a un cargo específico que alcanza a los usuarios, debe poder conocerse cuánto se recauda, para qué se cobra, cuánto se utiliza, a quién beneficia y qué sucede con los recursos que dejan de ser necesarios. La respuesta, sostiene, debe encontrarse en los documentos, las cuentas y los datos públicos.
ZONA FRIA solicitud ADHESION Honorables Concejos Deliberantes SEPTIEMBRE 2026ZONA FRIA Defensor amparo septiembre 2026ZONA FRIA Anexo Ampliatorio y Documento de Análisis Financiero e Institucional septiembre 2026
Agencia MTR