Cada 28 de septiembre se celebra el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, una fecha que busca recordar la importancia de que las personas puedan acceder a información confiable, especialmente aquella vinculada con las decisiones y acciones de los organismos públicos.
La jornada fue proclamada por la UNESCO en 2015 y posteriormente reconocida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2019. Desde entonces, la fecha se convirtió en una oportunidad para debatir sobre transparencia, libertad de expresión, participación ciudadana y acceso al conocimiento.
El acceso a la información frente a un nuevo desafío
Para 2026, el eje internacional está puesto en “Mantener la integridad de la información en la era digital: el papel del acceso a la información para abordar el desorden informativo”.
El planteo parte de una realidad cotidiana: tener acceso a grandes cantidades de información no necesariamente significa estar correctamente informado. La circulación de contenidos falsos, engañosos o fuera de contexto plantea nuevos desafíos para ciudadanos, medios de comunicación, instituciones públicas y plataformas digitales.
Por eso, desde Naciones Unidas se destaca que el acceso debe estar acompañado por información oportuna, confiable y verificable, además de herramientas que permitan a las personas evaluar críticamente los contenidos que reciben.
La UNESCO también vincula este derecho con la alfabetización mediática e informacional, la diversidad de los medios y el fortalecimiento de sociedades digitales abiertas e inclusivas. (UNESCO)
Argentina y el derecho a saber
En Argentina, el acceso a la información pública está reconocido por la Ley 27.275, sancionada en 2016. La normativa establece que toda persona, física o jurídica, puede solicitar y recibir información pública sin necesidad de explicar el motivo de su pedido ni demostrar un interés legítimo.
La legislación contempla la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir información que se encuentre bajo custodia de los sujetos obligados, con las excepciones previstas por la propia norma.
Además, la ley establece mecanismos de transparencia activa: los organismos alcanzados deben facilitar la búsqueda y el acceso a la información a través de sus sitios oficiales y procurar que los datos puedan ser reutilizados.
En términos concretos, esto permite que cualquier ciudadano pueda requerir información relacionada con programas públicos, decisiones administrativas, utilización de recursos y otros documentos generados o conservados por organismos estatales.
Una herramienta para la participación ciudadana
El acceso a la información pública no se limita a conocer documentos oficiales. También constituye una herramienta para comprender cómo funcionan las instituciones y participar de manera informada en los asuntos públicos.
La información presupuestaria, los datos sobre políticas públicas, los actos administrativos y los documentos oficiales pueden ser utilizados por ciudadanos, periodistas, organizaciones sociales, investigadores y otros actores para analizar la gestión estatal.
En Argentina, el Estado señala que las solicitudes de información pública son gratuitas —salvo los costos de reproducción cuando correspondan— y que no es necesario justificar el pedido.
Información pública y privacidad
El derecho de acceso, sin embargo, no significa que absolutamente todos los datos que se encuentran en poder del Estado deban difundirse sin límites.
La legislación establece determinadas excepciones, entre ellas aquellas relacionadas con la protección de la intimidad y otros datos especialmente protegidos. El objetivo es encontrar un equilibrio entre transparencia y protección de derechos.
En 2024, el Decreto 780 reglamentó y modificó aspectos de la normativa existente sobre acceso a la información pública, incorporando precisiones sobre conceptos y procedimientos vinculados con la Ley 27.275.
Un debate que también alcanza a los medios
En la era de las redes sociales, buscadores y sistemas de inteligencia artificial, el acceso a información confiable adquiere una dimensión todavía mayor.
La velocidad con la que circulan los contenidos hace que una información falsa pueda alcanzar a miles de personas antes de que exista una instancia de verificación. Frente a ese escenario, la transparencia de las fuentes oficiales y la posibilidad de consultar documentos originales adquieren un papel central.
La UNESCO plantea justamente que el acceso a información pública confiable, la divulgación proactiva, la alfabetización mediática y el desarrollo de herramientas digitales pueden contribuir a construir un entorno informativo más saludable.
Una fecha para recordar un derecho
El Día Internacional del Acceso Universal a la Información propone, en definitiva, una reflexión que excede a gobiernos y periodistas: el derecho a saber también es una herramienta para ejercer otros derechos.
En 2026, la conmemoración adquiere un significado particular. En un escenario donde nunca antes hubo tantas posibilidades de acceder a contenidos, el desafío ya no pasa solamente por abrir las puertas de la información, sino también por garantizar que aquello que llega a la ciudadanía pueda ser consultado, comprendido, contrastado y utilizado de manera responsable.
La ONU sostiene que una ciudadanía informada puede participar de manera significativa en la sociedad y exigir rendición de cuentas a sus instituciones. La fecha del 28 de septiembre vuelve a poner ese principio en primer plano.
El acceso a la información, entonces, no es solamente la posibilidad de encontrar un dato: es también la posibilidad de conocer, comprender y participar.
Agencia MTR