El Consejo Directivo del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires presentó un proyecto para crear un Régimen de Alquiler Social bonaerense, destinado a aliviar los gastos iniciales que afrontan determinados inquilinos al momento de ingresar a una vivienda.
La propuesta fue presentada durante una reunión del Consejo Directivo de Martilleros BA con el diputado provincial Héctor Rubén Eslaiman, integrante del bloque Fuerza Patria, a quien se le entregó la iniciativa para su análisis y eventual tratamiento en el ámbito legislativo bonaerense.
Según explicaron desde la entidad, el proyecto apunta a establecer un esquema de asistencia focalizada para los alquileres destinados a sectores de menores ingresos, tomando como referencia el valor mensual inicial del contrato.
¿Quiénes quedarían alcanzados?
De acuerdo con la iniciativa, el régimen alcanzaría a aquellos contratos cuyo monto locativo mensual inicial no supere el equivalente al sueldo básico correspondiente a la Categoría 20 por 48 horas de trabajo de un empleado de la Administración Pública Provincial, contemplada en la Ley 10.430.
El presidente de Martilleros BA, Luis Colao, explicó que el objetivo es reducir las erogaciones que debe realizar el inquilino al momento de acceder a la vivienda.
“El proyecto de Régimen de Alquiler Social tiene por finalidad aliviar, a un segmento determinado, las erogaciones que debe afrontar un inquilino al ingresar a un inmueble cuyo monto locativo mensual inicial no supere el sueldo básico de la Categoría 20 por 48 horas de trabajo del empleado de la Administración Pública Provincial”, señaló.
La propuesta contempla una serie de beneficios y exenciones para los contratos que queden incluidos dentro del régimen.
Honorarios, informes y certificaciones sin costo para el inquilino
Uno de los puntos centrales establece que los honorarios de martilleros y corredores públicos por la intermediación no estarán a cargo del inquilino alcanzado por el régimen. Lo mismo se aplicaría a los honorarios de otros profesionales que intervengan en la confección de los contratos.
Esos costos serían afrontados por los propietarios, de acuerdo con las escalas arancelarias correspondientes a cada profesión.
Además, los informes que deban tramitarse ante el Registro de la Propiedad Inmueble serían gratuitos para el locatario.
El proyecto también plantea revisar el tope de la valuación fiscal utilizado para determinar la exención del pago del Impuesto de Sellos, con el objetivo de adecuarlo a las características de este tipo de alquileres.
Facilidades para acceder a los servicios
La iniciativa también contempla modificaciones en los requisitos para que los inquilinos puedan acceder a los servicios vinculados al inmueble.
Según el proyecto, para realizar trámites ante las empresas prestadoras de servicios sería suficiente presentar el contrato de alquiler correspondiente, con las firmas certificadas por los Juzgados de Paz.
En aquellos casos en los que el contrato se realice con la intervención de un profesional, se prevé la presentación del documento con la firma y sello del matriculado, junto con las firmas de las partes y la certificación del Colegio Profesional.
En ambos casos, las certificaciones serían gratuitas para los locatarios alcanzados por el régimen.
A su vez, las empresas prestadoras de servicios no cobrarían cargos por conexión, reconexión, depósito, cambio de titularidad u otros conceptos asociados a los alquileres incluidos en el Régimen de Alquiler Social.
Beneficios fiscales para propietarios
La propuesta no se limita a reducir los costos de los inquilinos. También contempla incentivos destinados a los propietarios para promover que más viviendas sean incorporadas al mercado locativo bajo estas condiciones.
En ese sentido, se plantea la creación de un régimen especial de incentivo y simplificación fiscal, que incluiría la eximición del pago de determinados impuestos para los propietarios de viviendas que reúnan las condiciones establecidas y sean destinadas a alquiler.
Además, el proyecto contempla invitar a los municipios bonaerenses a adherir a la iniciativa mediante la implementación de exenciones de tasas y derechos municipales.
La segmentación como eje de la propuesta
Desde Martilleros BA remarcaron que uno de los conceptos centrales de la iniciativa es la segmentación, entendida como una herramienta para dirigir las políticas de asistencia hacia sectores determinados de la población.
“Hay un concepto que se debe incorporar, como es la segmentación, entendiendo que esta estrategia de dividir en grupos, subgrupos o regiones para asistirlos en forma selectiva implica poner una mirada mucho más justa, sobre todo en una sociedad y una provincia tan vasta y compleja socialmente como la nuestra”, sostuvo Colao.
El planteo busca diferenciar las necesidades de los distintos sectores del mercado inmobiliario y establecer herramientas específicas para quienes enfrentan mayores dificultades para afrontar los costos iniciales de un alquiler.
El rol del Estado y el acceso a la vivienda
El presidente del Colegio de Martilleros bonaerense también remarcó que la propuesta no pretende trasladar al sector privado la responsabilidad por las dificultades habitacionales.
“Obviamente, no son los locadores ni los profesionales quienes deben suplir los déficits en materia habitacional, ya que ese es un rol indelegable del Estado”, afirmó Colao.
En ese marco, consideró que el trabajo conjunto entre el Estado, los propietarios y los profesionales puede contribuir a facilitar el acceso al mercado de alquiler para sectores de menores ingresos.
“El esfuerzo conjunto del Estado, los propietarios y los profesionales podrá facilitar el ingreso al mercado locativo de los sectores sociales de menores ingresos”, agregó.
El proyecto fue acercado al ámbito legislativo provincial para su estudio y tratamiento, por lo que ahora deberá continuar su recorrido parlamentario para determinar su eventual discusión en la Legislatura bonaerense.
Agencia MTR