La Defensoría del Pueblo de la Nación recomendó reforzar los controles sobre las aplicaciones de agroquímicos realizadas en las cercanías de establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires, luego de una investigación de oficio iniciada a partir de distintos episodios denunciados en Marcos Paz y Carlos Keen, partido de Luján.
El organismo puso el foco especialmente en la exposición de niños, niñas y adolescentes, además de docentes, trabajadores y vecinos que desarrollan sus actividades en zonas próximas a áreas productivas.
Un episodio durante el horario escolar
Uno de los casos analizados ocurrió en abril de 2023, en el barrio Santa Rosa de Marcos Paz. Allí se registró una fumigación en un predio lindero a una escuela primaria y un jardín de infantes mientras se desarrollaban actividades escolares.
De acuerdo con la información incorporada a la investigación, el episodio provocó olores intensos y preocupación entre docentes y estudiantes.
A partir de las actuaciones realizadas, el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires confirmó que la aplicación se había efectuado dentro del perímetro de exclusión establecido para este tipo de prácticas.
Además, se determinó que la fumigación se había realizado sin la correspondiente receta agronómica ni la habilitación requerida. Por ese motivo, la empresa responsable fue sancionada por la autoridad provincial.
Denuncias reiteradas en Carlos Keen
La investigación también alcanzó a la localidad de Carlos Keen, en el partido de Luján.
Durante 2024, vecinos, organizaciones sociales e instituciones educativas denunciaron episodios de fumigaciones cercanas que, según sus presentaciones, afectaron el normal funcionamiento de establecimientos de la zona.
Entre las instituciones mencionadas se encontraban un jardín de infantes, una escuela primaria, una escuela secundaria y una biblioteca popular.
Según las denuncias incorporadas al expediente, en determinadas oportunidades debieron suspenderse actividades ante la presencia de fumigaciones en las inmediaciones.
La situación llevó a la Defensoría a requerir información a diferentes organismos provinciales y municipales para conocer los controles existentes, las distancias de aplicación, los mecanismos de prevención y las respuestas desplegadas frente a este tipo de situaciones.
Una exposición potencial que alcanza a zonas urbanas
Uno de los elementos considerados por la Defensoría fue un estudio aportado por la Universidad Nacional de Luján.
El trabajo señaló que la totalidad de las zonas urbanas del partido de Luján se encuentra a menos de 3.000 metros de cultivos susceptibles de recibir aplicaciones de agroquímicos.
Dentro de ese análisis, Carlos Keen aparece entre las localidades con mayor exposición potencial.
El dato fue incorporado por el organismo como un elemento para considerar la necesidad de fortalecer los mecanismos de monitoreo y prevención, particularmente en aquellos lugares donde establecimientos educativos se encuentran próximos a áreas productivas.
Falta de respuestas de organismos
Durante el desarrollo de la investigación también se registraron dificultades en la articulación entre organismos públicos.
La Defensoría informó que no obtuvo respuestas de los ministerios de Ambiente y de Salud de la provincia de Buenos Aires ni de la Municipalidad de Luján ante los requerimientos formulados.
Para el organismo, esta situación puso de manifiesto la necesidad de mejorar la coordinación entre las distintas jurisdicciones y áreas estatales que intervienen en cuestiones ambientales, productivas y sanitarias.
La problemática de las fumigaciones en cercanías de escuelas requiere, según surge de las recomendaciones, una intervención que no se limite únicamente al control de las aplicaciones, sino que contemple también el monitoreo ambiental y sanitario.
Las recomendaciones de la Defensoría
A partir de los resultados obtenidos, la Defensoría del Pueblo de la Nación exhortó a distintos organismos a implementar medidas concretas.
Entre las recomendaciones se encuentran:
- Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires: implementar programas de monitoreo de agroquímicos en agua, suelo y aire en las zonas próximas a establecimientos educativos y garantizar el acceso público a los resultados.
- Ministerio de Salud bonaerense: realizar estudios epidemiológicos sobre las poblaciones potencialmente expuestas, con especial atención en niños, niñas, adolescentes y trabajadores rurales, además de avanzar en registros de intoxicaciones vinculadas con agroquímicos.
- Ministerio de Desarrollo Agrario: fortalecer la fiscalización de las aplicaciones, revisar las distancias mínimas de resguardo a partir de criterios científicos actualizados y promover sistemas de producción agroecológica.
- Municipalidad de Luján: reforzar los controles locales sobre las fumigaciones y establecer protocolos para actuar de manera inmediata frente a episodios de deriva próximos a establecimientos educativos.
- ACUMAR: incorporar determinaciones específicas de agroquímicos en sus programas de monitoreo de agua y sedimentos.
La protección de las comunidades educativas
La Defensoría remarcó que los niños, niñas y las comunidades educativas constituyen grupos especialmente vulnerables frente a una eventual exposición a agroquímicos.
En ese sentido, planteó la necesidad de fortalecer las políticas públicas destinadas a prevenir episodios de exposición, mejorar los controles y contar con información ambiental y sanitaria que permita evaluar los riesgos.
La investigación, que tomó como punto de partida situaciones concretas ocurridas en Marcos Paz y Carlos Keen, puso así nuevamente en agenda la convivencia entre las actividades productivas y los establecimientos educativos ubicados en zonas periurbanas y rurales.
Desde el organismo nacional se insistió en la importancia de que las autoridades provinciales y municipales cuenten con mecanismos coordinados de fiscalización, protocolos de respuesta y sistemas de monitoreo que permitan proteger a las comunidades ante eventuales aplicaciones de agroquímicos en las proximidades de escuelas.
La recomendación apunta, en definitiva, a fortalecer las herramientas de prevención, control ambiental y protección sanitaria frente a una problemática que alcanza a distintas localidades bonaerenses y que adquiere particular relevancia cuando las aplicaciones se producen cerca de espacios destinados a la educación y permanencia de niños y adolescentes.
Agencia MTR