El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto denominado Inocencia Fiscal II, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que busca ampliar el universo de contribuyentes que pueden acceder al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias y favorecer el ingreso al sistema financiero formal de los denominados “dólares del colchón”.
La propuesta fue aprobada por 44 votos a favor, 23 en contra y ninguna abstención, luego de que el oficialismo y sus bloques aliados alcanzaran los consensos necesarios para sancionar la nueva versión del proyecto.
Entre quienes acompañaron la iniciativa se encontraron el bloque que encabeza la senadora Patricia Bullrich, el PRO, la UCR, Convicción Federal, Despierta Chubut, Frente Cívico por Santiago, Independencia, La Neuquinidad, Movimiento por Misiones, Primero los Salteños y Provincias Unidas.
Sin límites de ingresos ni patrimonio
Uno de los principales cambios introducidos por la nueva ley es la ampliación del régimen simplificado. A partir de la modificación, todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país podrán optar por esta modalidad, sin límites vinculados con sus ingresos anuales o su patrimonio.
Hasta ahora, el régimen alcanzaba a contribuyentes con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones.
La modificación elimina esos topes y, de esta manera, amplía considerablemente el universo de personas que podrán optar por el esquema simplificado.
Además, la norma extiende hasta el 31 de diciembre de 2027 el plazo para acceder a los beneficios previstos por el régimen.
El objetivo de incorporar dólares al sistema financiero
Uno de los objetivos centrales de la iniciativa es incentivar que fondos que permanecen fuera del circuito formal puedan incorporarse al sistema financiero y ser utilizados mediante mecanismos registrados.
Para los contribuyentes que adhieran al régimen simplificado, la ley establece que las operaciones deberán realizarse a través del sistema financiero formal, utilizando los medios de pago autorizados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) o la Comisión Nacional de Valores (CNV).
De esta manera, el Gobierno busca generar condiciones para que los contribuyentes puedan utilizar recursos que actualmente se encuentran fuera del circuito bancario sin que ello implique, por sí solo, una presunción automática de irregularidad fiscal.
ARCA mantiene sus facultades de fiscalización
La nueva normativa no elimina las facultades de fiscalización de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
En particular, se mantienen las atribuciones del organismo para intervenir sobre contribuyentes considerados de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria.
Uno de los puntos centrales de la modificación es la redefinición del concepto de “discrepancia significativa”, utilizado como criterio para que ARCA pueda impugnar una declaración jurada presentada bajo el régimen simplificado y avanzar sobre las declaraciones correspondientes al Impuesto a las Ganancias.
La nueva definición establece que existirá una discrepancia significativa cuando la impugnación realizada por el organismo genere un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos igual o superior al 15% respecto de lo declarado originalmente por el contribuyente.
Reducción de multas para las PyMEs
Durante el tratamiento parlamentario también se incorporaron modificaciones al régimen sancionatorio.
Entre los últimos cambios acordados en el dictamen se encuentra una reducción del 25% en las multas por infracciones formales para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).
El objetivo de esta modificación es diferenciar el tratamiento de las empresas de menor escala dentro del esquema de sanciones previsto por la normativa.
Una nueva etapa para el régimen simplificado
Con la sanción definitiva en el Senado, el Gobierno cuenta ahora con una herramienta que amplía el régimen simplificado de Ganancias, elimina los límites de ingresos y patrimonio para acceder y establece un horizonte de vigencia de los beneficios hasta fines de 2027.
La iniciativa forma parte de la estrategia oficial para promover una mayor utilización del sistema financiero formal y facilitar la exteriorización y utilización de fondos que permanecen fuera del circuito económico registrado, al tiempo que conserva facultades de control para ARCA en los casos que determine la normativa.
Agencia MTR