La controversia en torno al radar de la empresa LeoLabs instalado en Tolhuin vuelve a sumar un capítulo institucional. Ignacio Zavaleta, vecino bonaerense comprometido con el cumplimiento de la ley y vinculado a la Unión de Usuarios Viales, presentó ante la Comisión Especial Investigadora de la Legislatura de Tierra del Fuego los antecedentes de las actuaciones que había iniciado ante el Honorable Senado de la Nación.
El escrito fue dirigido al presidente de la Comisión Especial Investigadora, legislador Pablo Villegas, en el marco de la Resolución de Cámara Nº 131/26.
Zavaleta solicitó que la documentación sea puesta formalmente en conocimiento de los integrantes de la comisión y considerada como antecedente documental dentro de la investigación que se desarrolla sobre las autorizaciones otorgadas a LeoLabs Inc. y LeoLabs Argentina SRL para la instalación del radar y una estación terrena en Tolhuin.
El planteo vuelve a colocar en el centro de la discusión la situación de una infraestructura cuya instalación generó cuestionamientos vinculados con la soberanía, la defensa nacional, la seguridad estratégica y el control sobre instalaciones tecnológicas ubicadas en territorio argentino.
El reclamo que llegó al Senado
Uno de los principales antecedentes aportados por Zavaleta corresponde a la presentación que realizó ante la Presidencia del Senado de la Nación el 21 de julio de 2026.
A las 10:23 de ese día remitió una presentación titulada “Presentación formal – Reclamo por la seguridad nacional y exigencia de desmantelamiento del radar de LeoLabs en Tolhuin (Tierra del Fuego)”.
De acuerdo con la documentación que ahora puso a disposición de la Legislatura fueguina, la Presidencia del Senado confirmó ese mismo día, a las 11:46, la correcta recepción de la presentación y comunicó que, de ser necesario, se establecería contacto posteriormente.
Ese antecedente constituye para Zavaleta un elemento institucional relevante: el reclamo ciudadano fue efectivamente recibido por el Senado de la Nación y quedó planteada formalmente una cuestión que, posteriormente, también comenzó a ser objeto de análisis específico en Tierra del Fuego.
Pedido de seguimiento y respuestas
Ante la falta de una comunicación posterior, Zavaleta realizó una segunda presentación ante el Senado para solicitar información sobre el tratamiento otorgado a su reclamo.
En ese escrito pidió conocer si la presentación del 21 de julio fue incorporada a algún registro, expediente o actuación parlamentaria; si fue remitida a una comisión, secretaría o dependencia; si se solicitó intervención o información al Ministerio de Defensa, la Cancillería, ENACOM, CONAE u otros organismos nacionales; y si el planteo generó algún proyecto de declaración, resolución, pedido de informes u otra actuación.
También solicitó conocer cuál es actualmente el estado del trámite y, en caso de no haber recibido tratamiento, si debía realizar alguna presentación adicional para posibilitar su incorporación institucional.
El objetivo, aclaró, no es imponer al Senado una determinada decisión política, sino conocer qué recorrido tuvo una presentación ciudadana que fue formalmente recibida por la Presidencia del cuerpo.
Para el vecino bonaerense, conocer el destino de una presentación de estas características forma parte de las obligaciones de transparencia institucional y del vínculo entre los poderes del Estado y la ciudadanía.
Ahora la documentación llega a la Legislatura fueguina
La nueva presentación ante la Comisión Especial Investigadora busca vincular aquellos antecedentes nacionales con la investigación que actualmente se lleva adelante en Tierra del Fuego.
Zavaleta considera que existe una coincidencia sustancial entre los interrogantes que planteó ante el Senado y los aspectos que son objeto de análisis por parte de los legisladores fueguinos.
Entre ellos aparecen la situación jurídica y administrativa del emplazamiento, el estado actual de la infraestructura, su eventual funcionamiento, las características y finalidad de la tecnología instalada, su posible utilización dual —civil y militar— y las responsabilidades de los organismos nacionales y provinciales que participaron en el proceso de autorización.
En ese sentido, el escrito destaca que la propia Comisión Especial Investigadora continúa reuniendo documentación y testimonios y que todavía resulta necesario profundizar la determinación de la situación técnica y operativa del radar.
Por ese motivo, Zavaleta puso a disposición de los legisladores toda la documentación que considera vinculada con su reclamo.
Qué documentación ofreció
La presentación ante la Legislatura incluye como antecedentes:
- La presentación formal realizada ante el Senado de la Nación el 21 de julio de 2026.
- La constancia de recepción emitida por la Presidencia del Senado ese mismo día.
- Los antecedentes y documentación que acompañaron el reclamo original.
- La posterior presentación de seguimiento solicitando información sobre el trámite otorgado.
- Cualquier otro elemento documental que la Comisión Especial Investigadora considere útil para completar su trabajo.
Zavaleta aclaró expresamente que su intención no es superponer su actuación con la investigación parlamentaria provincial, sino contribuir con documentación y favorecer la articulación institucional entre el ámbito legislativo nacional y el provincial.
El radar y la cuestión de la soberanía
El caso LeoLabs se convirtió en una discusión que excede el funcionamiento de una instalación tecnológica.
El punto de debate incluye las condiciones bajo las cuales fue autorizada la instalación, la tecnología empleada, sus posibles usos, el estado actual de la infraestructura y las decisiones adoptadas por los distintos organismos públicos que intervinieron.
En los documentos presentados por Zavaleta aparece reiteradamente la preocupación por la posibilidad de que una tecnología concebida para seguimiento espacial tenga características de uso dual.
El vecino bonaerense sostiene que esta cuestión debe ser analizada desde la perspectiva de la seguridad nacional y la soberanía argentina, particularmente por tratarse de una infraestructura instalada en Tierra del Fuego, un territorio de importancia estratégica y directamente relacionado con la cuestión Malvinas.
En uno de los documentos que acompaña sus presentaciones, Zavaleta plantea además un fuerte cuestionamiento político a la permanencia de la estructura y reclama que el análisis estatal no quede limitado a determinar si el radar se encuentra conectado o desconectado.
Su posición es que la eventual desactivación eléctrica no resuelve por sí sola la discusión sobre la permanencia física de la infraestructura.
“Cronología de una traición a la Patria”
Entre los antecedentes aportados también se encuentra un documento titulado “Un grito de dignidad ante la tibieza, la complicidad y el entreguismo de la clase política”, en el que Zavaleta desarrolla una interpretación política del proceso.
Allí construye una cronología que ubica en noviembre de 2022 la autorización para la instalación del radar en la Estancia El Relincho; señala que durante 2023 se produjeron cuestionamientos vinculados con la seguridad nacional y que posteriormente se canceló la autorización, aunque la estructura permaneció instalada; y cuestiona que en 2026 la respuesta oficial se concentre en señalar que el radar está “desconectado”.
Ese documento utiliza expresiones de fuerte contenido político y califica la situación como una cuestión de soberanía nacional.
También cuestiona lo que considera una demora burocrática y reclama una decisión definitiva respecto de la infraestructura.
Estas afirmaciones forman parte de la posición y del reclamo de Zavaleta y no constituyen, por sí mismas, conclusiones de la Comisión Especial Investigadora.
El reclamo de desmantelamiento
En su declaración de rechazo, Zavaleta reclama el desmantelamiento físico de la estructura instalada en Tolhuin.
Plantea que no sería suficiente con la desactivación eléctrica del sistema y solicita que la infraestructura sea retirada o quede bajo control del Estado Nacional, conforme a las decisiones que correspondan.
También reclama que se revisen las condiciones de participación de empresas vinculadas con capitales extranjeros en zonas consideradas estratégicas y exige que las autoridades nacionales y provinciales adopten definiciones concretas.
Su planteo se resume en una consigna vinculada directamente con la cuestión territorial: “El suelo fueguino es argentino y las Malvinas también”.
La Comisión viajará a Buenos Aires
La incorporación de estos antecedentes se produce cuando la Comisión Especial Investigadora continúa con su tarea de recopilación de información y testimonios.
Según consta en la presentación de Zavaleta, los integrantes de la comisión tienen previsto trasladarse a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 18 y el 22 de septiembre.
Durante esa instancia mantendrán, entre otras actividades, entrevistas con el exministro de Defensa Jorge Taiana y con el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniente general Juan Martín Paleo.
Esos testimonios forman parte de la búsqueda de elementos que permitan reconstruir el proceso administrativo, político y técnico relacionado con el radar.
La documentación aportada ahora desde la provincia de Buenos Aires se incorpora así a una investigación que procura determinar responsabilidades y establecer con precisión cuál es la situación actual de la instalación.
Una cuestión que atraviesa a Nación y Provincia
El recorrido del reclamo muestra cómo una presentación originada en un ciudadano del interior bonaerense terminó vinculándose con una investigación legislativa provincial y con un pedido de seguimiento ante el Senado de la Nación.
La cuestión, además, involucra a diferentes organismos públicos y plantea interrogantes que requieren respuestas documentales.
Qué autorizaciones fueron otorgadas. Qué controles se realizaron. Qué organismos participaron. Qué ocurrió luego de las decisiones administrativas posteriores. Cuál es el estado actual de la infraestructura. Qué capacidad tecnológica posee. Y qué corresponde hacer con una instalación cuya presencia generó cuestionamientos desde distintos sectores.
Son algunos de los interrogantes que permanecen abiertos.
Transparencia como eje del reclamo
Zavaleta también destacó la decisión de la Legislatura fueguina de mantener un espacio de publicidad y documentación de las actuaciones de la Comisión Especial Investigadora.
Para el vecino de Guaminí, esa herramienta constituye una vía fundamental para garantizar el acceso ciudadano a la información pública y permitir que la sociedad conozca el recorrido de una investigación que involucra cuestiones sensibles.
En esa línea, pidió que sus antecedentes sean incorporados y valorados junto con el resto de la documentación que reúne la comisión.
Su planteo no busca reemplazar la tarea de los legisladores ni anticipar las conclusiones de la investigación. Busca que quede asentado que, antes de la actual etapa investigativa provincial, la cuestión ya había sido formalmente puesta en conocimiento del Senado de la Nación.
Un reclamo que vuelve a poner el tema sobre la mesa
El radar de LeoLabs continúa siendo, de esta manera, un punto de discusión sobre el que confluyen ciudadanía, organismos técnicos, autoridades provinciales, funcionarios nacionales y legisladores.
Mientras la Comisión Especial Investigadora avanza con documentos y testimonios, Ignacio Zavaleta insiste en que el Estado debe brindar respuestas claras sobre el presente y el futuro de la instalación.
Desde Guaminí, y en su carácter de vecino bonaerense y referente de la Unión de Usuarios Viales, decidió llevar el reclamo por fuera de las fronteras provinciales y ponerlo nuevamente a consideración de las instituciones nacionales y fueguinas.
Ahora será la Comisión Especial Investigadora de Tierra del Fuego la que deberá determinar qué valor tienen esos antecedentes dentro del conjunto probatorio que está reuniendo.
El debate ya no se limita a la existencia de un radar en Tolhuin. También pone sobre la mesa una discusión más amplia sobre soberanía, seguridad estratégica, controles estatales, transparencia y responsabilidad institucional.
Y en ese escenario, la documentación aportada por Zavaleta suma una nueva pieza a una investigación que todavía tiene preguntas abiertas y que tendrá, durante los próximos días, una nueva instancia de testimonios y búsqueda de respuestas en Buenos Aires.
Agencia MTR