La Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional respondió con dureza a las recientes declaraciones de Marcelo Campoy ante el Senado de la Nación y difundió un documento en el que cuestiona sus argumentos sobre la situación del organismo.
El gremio sostiene que las afirmaciones realizadas por Campoy forman parte de un diagnóstico que busca justificar el ajuste, la reducción de personal y la paralización de obras. Para respaldar su posición, presentó cifras que, según señala, surgen de registros oficiales de organismos nacionales.
El documento gremial concentra sus cuestionamientos en tres ejes: las acusaciones de corrupción contra Vialidad Nacional, la administración de los fondos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos y la evolución de las obras y de la deuda acumulada.
Corrupción: el gremio rechazó que Vialidad Nacional sea calificada como una institución corrupta
Uno de los puntos que generó mayor rechazo fue la afirmación atribuida a Campoy respecto de que la Dirección Nacional de Vialidad fue una institución “tan vapuleada y tan corrupta en épocas pasadas, totalmente corrupta”.
Desde la Asociación Gremial cuestionaron esa caracterización y remarcaron que las responsabilidades por eventuales delitos corresponden a personas concretas y no a la totalidad de una institución.
“Una institución no delinque”, sostiene el documento, al tiempo que señala que las irregularidades que pudieron haberse cometido en el pasado deben ser atribuidas a los funcionarios responsables.
El gremio puso además el foco sobre los más de 5.000 trabajadores que integran Vialidad Nacional, muchos de ellos con décadas de trayectoria dentro del organismo. También destacó que buena parte de los funcionarios de carrera continúa formando parte de la estructura actual.
En ese sentido, calificó las expresiones como una “difamación inaceptable” que afecta el prestigio institucional y la imagen de los trabajadores viales.
La Asociación Gremial recordó, además, que los propios mecanismos de control interno de Vialidad Nacional —entre ellos la Auditoría Interna y la SIGEN— participaron en la detección de irregularidades y en la producción de información que posteriormente fue utilizada en causas judiciales.
Por este motivo, reclamó una “rectificación pública inmediata” y afirmó que defenderá la honra de los trabajadores y de las familias vinculadas históricamente al organismo.
Fondos del Impuesto a los Combustibles: la discusión por los $830.000 millones
El segundo cuestionamiento está relacionado con los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos.
Según el gremio, Campoy sostuvo ante el Senado que los reclamos por la falta de inversión se basan en una cifra teórica de $1,5 billones y que a Vialidad Nacional solamente le corresponde el 14,29%.
La Asociación Gremial contrapuso a ese argumento cifras que atribuye a informes de ARCA y de la Secretaría de Hacienda.
De acuerdo con el cuadro difundido por la entidad, durante 2024, 2025 y hasta agosto de 2026 la recaudación acumulada del Impuesto a los Combustibles Líquidos habría alcanzado los $9,716 billones.
Los números presentados por el gremio
| Período | Recaudación ICL | Afectación SISVIAL para DNV (14,29%) | Transferido a DNV |
|---|---|---|---|
| 2024 | $1.942.365 millones | $277.564 millones | $111.582 millones |
| 2025 | $3.918.421 millones | $559.942 millones | $313.986 millones |
| 2026, hasta agosto | $3.856.145 millones | $551.043 millones | $126.287 millones |
| Total | $9.716.931 millones | $1.388.549 millones | $551.855 millones |
A partir de estas cifras, la Asociación Gremial sostiene que existiría una diferencia superior a los $830.000 millones entre los recursos que, según su interpretación de la normativa de afectación específica, deberían haber sido destinados al sistema vial y los fondos efectivamente transferidos a Vialidad Nacional.
El gremio acusa al Ministerio de Economía de haber retenido esos recursos y sostiene que fueron utilizados para operaciones financieras y como parte del manejo de liquidez del Tesoro.
La organización considera que esta situación resulta especialmente grave frente al deterioro de la red vial nacional y a la reducción de los recursos destinados a mantenimiento y obras.
La obra pública: menos obras y una deuda que creció
El tercer eje del documento gremial apunta directamente a la paralización de las obras y al crecimiento de la deuda.
Según la Asociación Gremial, Campoy afirmó que recibió una deuda heredada “inasumible” de aproximadamente $250.000 millones en 2023.
El sindicato cuestiona esa descripción y presenta otro escenario.
Sostiene que al cierre de 2023 la Dirección Nacional de Vialidad tenía 321 obras en marcha, mientras que el saldo pendiente era de $21.563 millones, equivalente —según los datos difundidos— al 7% de la inversión realizada durante ese ejercicio.
El contraste, afirma la entidad, aparece con claridad en los ejercicios posteriores.
| Ejercicio | Obras activas | Inversión realizada | Deuda acumulada | Deuda / inversión |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 321 | $310.449 millones | $21.563 millones | 7,0% |
| 2024 | 125 | $219.972 millones | $120.605 millones | 54,8% |
| 2025 | 79 | $394.765 millones | $187.082 millones | 47,4% |
| 2026, hasta julio | 48 | $191.923 millones | $296.401 millones | 154,4% |
Los números difundidos por el gremio muestran una caída de 321 a 48 obras activas, lo que representa una reducción cercana al 85%.
Al mismo tiempo, la deuda acumulada habría pasado de $21.563 millones en 2023 a $296.401 millones a julio de 2026.
Para la Asociación Gremial, el dato más significativo es la relación entre deuda e inversión: en 2026, según el cuadro presentado, la deuda acumulada representa el 154,4% de la inversión realizada.
“Paralizaron las rutas pero multiplicaron los pasivos”, resume el documento sindical.
El reclamo del gremio
Frente a este escenario, la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional sostiene que el discurso de austeridad y transparencia está siendo utilizado para justificar un proceso de desmantelamiento del organismo.
El comunicado cuestiona tanto la reducción de obras como las medidas sobre el personal y advierte sobre una eventual privatización de las rutas nacionales.
“Las pruebas presentadas demuestran que el discurso de la austeridad y la transparencia es utilizado como pantalla para desmantelar la Dirección Nacional de Vialidad y precarizar sus funciones”, sostiene la organización.
Finalmente, el gremio reclamó una rectificación pública de las declaraciones que considera ofensivas hacia la institución y sus trabajadores y pidió el cese de las medidas que, según su posición, están deteriorando la infraestructura vial del país.
La discusión vuelve así a colocar a Vialidad Nacional en el centro del debate político: mientras desde la conducción del organismo se plantea una fuerte crítica a su funcionamiento histórico y a la gestión de los recursos, los trabajadores sostienen que el problema actual no es la existencia de Vialidad sino la falta de financiamiento, la paralización de las obras y la retención de fondos específicos.
La controversia queda ahora planteada con números sobre la mesa y con un reclamo concreto del sector gremial: que las afirmaciones realizadas ante el Senado sean revisadas y que se explique públicamente qué ocurrió con los recursos destinados al sistema vial nacional.
Comunicado Mentiras de Campoy 2026
Agencia MTR