Una fuerte controversia se desató el pasado miércoles 1 de abril en el ámbito del Concejo Deliberante de Nueve de Julio, durante el tratamiento de un pedido de informes vinculado al litigio que la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno (CEyS) mantiene contra CAMMESA.
El conflicto tuvo lugar en el marco de una convocatoria de la Comisión de Legislación y Reglamentos, que citó a consejeros de la CEyS para brindar explicaciones sobre el estado del proceso judicial. La iniciativa había sido impulsada por un bloque de La Libertad Avanza (LLA), con el objetivo de esclarecer distintos aspectos de la causa.
Sin embargo, la reunión derivó en un fuerte cruce político e institucional a partir de una serie de decisiones que generaron sorpresa y malestar. Por un lado, no se permitió el ingreso de los abogados que asesoran a la cooperativa, quienes habían acompañado a los consejeros con el objetivo de aportar precisión técnica en un tema de alta complejidad jurídica. Según se explicó, los letrados no habían sido formalmente citados, aunque los consejeros habían solicitado su participación al considerar que no contaban con los conocimientos necesarios para responder en profundidad sobre cuestiones judiciales.
Cabe señalar que de los tres consejeros convocados, solo uno había participado en su momento del proceso de votación en la Cooperativa – que fue por unanimidad y entre los votantes estaba Héctor carta como visipresidente de entonces del Consejo de Administración de CEyS – que dio origen al litigio, iniciado en noviembre de 2023.
Ante esta situación, los propios consejeros habían recurrido previamente al asesoramiento de un estudio jurídico —integrado por profesionales provenientes de Mar del Plata— que incluso brindó una charla informativa el día anterior, a la que fueron invitados concejales de distintos bloques para evacuar dudas sobre la causa.
Pese a ello, al momento de la reunión formal, los abogados permanecieron fuera del recinto. La situación generó un fuerte debate: mientras algunos concejales plantearon que era lógico permitir su ingreso para obtener información de primera mano, otros sostuvieron que el eje del pedido de informes debía centrarse exclusivamente en la actuación y el sentido del voto de los consejeros.
La tensión escaló aún más cuando tampoco se permitió el ingreso de documentación central en el responde al pedido de informes. Según trascendió, los representantes de la cooperativa habían llevado en soporte papel las sentencias judiciales y sus fundamentos —incluyendo fallos favorables en primera y segunda instancia—, pero se les negó la posibilidad de incorporarlas a la reunión. Este punto fue especialmente cuestionado, ya que se trataba de material objetivo que podría haber contribuido a clarificar el estado del litigio.
En ese contexto, varios participantes calificaron la situación como “absurda” y señalaron que, si el objetivo era acceder a información precisa, resultaba contradictorio impedir tanto la exposición de los asesores legales como el acceso a la documentación respaldatoria.
Otro aspecto que llamó la atención fue el posicionamiento de un concejal del bloque solicitante del pedido de informes, dado que la demanda judicial había sido oportunamente avalada por el entonces vicepresidente de la CEyS, Héctor Carta, hoy integrante de La Libertad Avanza. En su momento, la decisión de avanzar con el litigio había sido aprobada por unanimidad, lo que también fue puesto sobre la mesa durante el debate.
Las comisiones del Concejo Deliberante, integradas por representantes de distintos bloques, son consideradas el ámbito central para el análisis técnico y político de los temas antes de su tratamiento en sesión. Por ello, desde distintos sectores se remarcó que este tipo de instancias deberían garantizar condiciones que permitan un abordaje profundo, con acceso a asesoramiento especializado y documentación relevante.
El episodio reaviva el debate sobre los límites y alcances de los pedidos de informes, así como sobre la necesidad de fortalecer prácticas institucionales que aseguren transparencia, acceso a la información y rigurosidad técnica en el tratamiento de temas de interés público.
Agencia MTR