Guanajuato, Estado de México, se convirtió en el segundo estado del país, después de Nuevo León, en reformar su legislación para establecer una excepción a los requisitos tradicionales de la legítima defensa.
A partir de ahora, quienes enfrenten un robo a casa habitación podrán repeler la agresión “de cualquier manera, bajo cualquier circunstancia y utilizando los mecanismos o elementos que tengan a la mano”, sin necesidad de demostrar la inminencia del ataque ni la racionalidad del medio empleado.
La reforma, aprobada por el Congreso local, busca evitar que quienes defienden su hogar o sus bienes enfrenten responsabilidad penal, incluso si durante el hecho resultara muerto el agresor.
La justificación de los legisladores es clara: se presume que los requisitos de la legítima defensa están presentes por el simple hecho de que alguien haya ingresado por la fuerza a una propiedad con fines delictivos.
“La persona que se encuentre dentro podrá repeler esa agresión, de cualquier manera bajo cualquier circunstancia”, establece el nuevo texto legal. La intención es proteger jurídicamente a las personas agredidas en su domicilio y evitar que sean sujetas a procesos judiciales largos o injustos por defenderse.
Sin embargo, esta reforma no elimina por completo la intervención del Ministerio Público ni del Poder Judicial. A pesar de la presunción de legítima defensa, las autoridades deberán analizar si el caso se enmarca en las excepciones que la misma ley contempla. Según los tribunales, especialmente en Guanajuato, la presunción no excluye el análisis de la legitimidad de la defensa.
Las condiciones que invalidarían la legítima defensa son las siguientes:
Que el agredido haya provocado la agresión.
Que haya previsto la agresión y pudo evitarla por medios legales.
Que no haya habido necesidad racional del medio empleado en la defensa.
Que el daño que iba a causar el agresor fuera menor o reparable por vías legales.
En otras palabras, si se comprueba que alguna de estas cuatro causas está presente en el caso, la defensa podría considerarse ilegítima, y la persona que se defendió podría enfrentar cargos.
Aunque la intención es proteger a los ciudadanos que actúan en defensa propia, expertos advierten que la reforma podría generar confusiones o interpretaciones erróneas. Existe el riesgo de que se abuse de esta figura o que se utilice para justificar actos de violencia desproporcionada.
En la práctica, el verdadero impacto de esta reforma dependerá del criterio de jueces y fiscales, así como del modo en que se apliquen estas nuevas reglas. Por ahora, Guanajuato se suma a la tendencia de endurecer el marco legal contra los delitos patrimoniales, priorizando la protección del hogar y sus ocupantes.
Agencia MTR