A pedido de las querellas, el juez federal Ariel Lijo recordó las obligaciones que tiene el Estado argentino frente al ex centro clandestino. También encomendó realizar tareas de mantenimiento en la isla El Silencio, que funcionó como anexo del campo de concentración en 1979. Si no lo hace, le advirtió a Alberto Baños, estaría violando la ley.
El juez federal Ariel Lijo le dijo al Gobierno que debe conservar y no alterar el museo que funciona en lo que fue el núcleo del campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), por donde pasaron 5000 detenidos-desaparecidos durante los años del terrorismo de Estado. La administración libertaria ya desregularizó el lugar y despidió a quien era su directora ejecutiva
El museo pasará a ser una unidad organizativa del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH).
Agencia MTR