La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este martes la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como Vialidad. Con este fallo, la ex presidenta y actual vicepresidenta del Senado deberá cumplir una pena firme de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
El fallo fue firmado por los jueces del máximo tribunal, y con ello la sentencia se torna firme y ejecutable, sin posibilidad de recurso ordinario o extraordinario dentro del país. Tampoco existen vías viables de apelación ante tribunales internacionales, dado que el Derecho Internacional reconoce la autonomía y la soberanía de los sistemas judiciales nacionales cuando estos cumplen con las garantías del debido proceso, como ha sido el caso según los estándares establecidos por organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La sentencia había sido originalmente dictada por el Tribunal Oral Federal N.º 2 en diciembre de 2022 y confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal en 2023. Ahora, con la validación de la Corte, se activa la ejecución de la pena.
Aunque la exmandataria tiene 72 años y podría recibir el beneficio de la prisión domiciliaria, aún no se ha determinado dónde cumpliría la pena. Entre las opciones se mencionan su departamento en Constitución, el de Recoleta o su casa en El Calafate, Santa Cruz.
¿Qué sigue ahora?
La decisión sobre cómo se ejecutará la condena —prisión efectiva o domiciliaria— queda en manos del Tribunal Oral Federal que dictó originalmente la sentencia. Deberá evaluar la edad de la condenada, su estado de salud y otras condiciones personales.
Este fallo marca un punto de inflexión en la historia judicial argentina, al ser la primera vez que una expresidenta recibe una condena penal firme por delitos contra la administración pública. También cierra cualquier especulación sobre eventuales recursos ante organismos internacionales, ya que el fallo fue emitido por un tribunal supremo independiente, respetando las garantías constitucionales del proceso.
Agencia MTR