Un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierte sobre el fuerte deterioro del poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones desde la asunción del gobierno de Javier Milei. La política previsional, caracterizada por medidas de corte regresivo, afectó de manera directa a los ingresos de millones de jubilados, mientras que el Ejecutivo nacional logró sostener el superávit fiscal recortando el gasto en seguridad social.
El documento señala que en lo que va de 2024, el 19,2% del ajuste del gasto público provino exclusivamente de la pérdida de poder adquisitivo de los haberes jubilatorios. A esto se suma la modificación de la fórmula previsional mediante el DNU 274/2024, que ató los aumentos a la inflación (IPC), derogando la fórmula de movilidad sancionada en 2021 (Ley 27.609). Aunque esta nueva fórmula permitió una recuperación parcial de los haberes en el primer trimestre del año, el CEPA sostiene que de haberse mantenido la anterior, los aumentos en septiembre y diciembre de 2024, marzo y junio de 2025 hubieran sido superiores.
En ese sentido, el informe proyecta que en junio de 2025, la jubilación mínima sin bono será de $304.726 con la fórmula actual, mientras que con la fórmula previa sería de $403.302, una diferencia del 32,3%. Además, el bono compensatorio de $70.000 que percibe el 70% de los jubilados permanece congelado desde marzo de 2024. Mientras los haberes aumentaron un 127% en ese período, la jubilación mínima con bono incluido sólo se incrementó un 83%. Si el bono se hubiera actualizado al mismo ritmo, debería ser de $158.658, más del doble del valor actual.
El informe también anticipa que el congelamiento del bono implicará, hacia diciembre de 2025, una pérdida adicional de $107.417 mensuales para los beneficiarios. Como resultado, los jubilados no lograron ganarle a la inflación: en el segundo trimestre de 2025, quienes no perciben bono tienen un poder de compra 3,1% menor que en el último trimestre de 2023, mientras que quienes sí lo perciben están un 15,7% por debajo.
El CEPA destaca además que la fórmula vigente, al estar atada a la inflación, impide una verdadera recuperación del poder adquisitivo. Contrariamente, la Ley 27.756 —sancionada por el Congreso pero vetada por el Poder Ejecutivo— contemplaba una recomposición del 7,2% para todos los haberes, un haber mínimo equivalente al 109% de la Canasta Básica Total (CBT) de un adulto, y una cláusula gatillo anual por recuperación de salarios.
La situación se ve agravada por cambios en la política de medicamentos del PAMI, que implicaron la reducción de la cobertura al 100% y nuevos criterios de acceso que excluyen a más jubilados. Además, la canasta PAMI de medicamentos subió 394,2% desde diciembre de 2023 hasta abril de 2025, es decir, 185,9 puntos porcentuales por encima de la jubilación mínima con bono y 150,3 por encima de la inflación acumulada en ese período.
Finalmente, el informe alerta sobre el fin de la moratoria previsional en marzo de 2025, lo que obliga a la mayoría de las personas en edad de jubilarse sin los años de aportes requeridos a conformarse con una Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% de la jubilación mínima y sin derecho a pensión. Esta medida afecta especialmente a las mujeres, de las cuales 9 de cada 10 no podrán acceder a una jubilación completa bajo las nuevas condiciones.
An_aacute_lisis_sobre_movilidad_jubilatoria_Mayo_de_2025_CEPA
Agencia MTR