En el marco de una estrategia oficial orientada a captar los llamados “dólares del colchón” y reincorporarlos al circuito formal, el Gobierno nacional anunció una serie de medidas que flexibilizan los controles fiscales. Sin embargo, desde el ámbito tributario y empresario advierte la Federación de Entidades de Combustibles que la implementación aún carece de un respaldo normativo sólido, lo que genera incertidumbre sobre sus alcances y aplicaciones reales.
El equipo económico liderado por el ministro Luis Caputo busca atraer una porción de los más de 260 mil millones de dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema. Para ello, anunció la derogación de ciertas obligaciones informativas ante la AFIP, el incremento en los montos que deben ser informados por los bancos en operaciones en moneda extranjera y la creación de un nuevo régimen de “liquidación simplificada de ganancias”, que permitiría utilizar fondos no declarados para adquirir bienes registrables.
No obstante, el escenario aún se presenta como incierto para los actores económicos, en especial para las Estaciones de Servicio, quienes podrían verse tentados a incorporar estos cambios a sus estructuras financieras. El abogado tributarista Diego Fraga fue enfático en su advertencia: “No considero conveniente tomar decisiones apresuradas. Muchas de las disposiciones comunicadas aún no han sido plasmadas formalmente en una norma legal que otorgue seguridad jurídica”.
Según Fraga, las modificaciones anunciadas representan una “flexibilización parcial” de los controles fiscales, especialmente los que ejerce la Región Federal de Información de la ARCA. Si bien algunas resoluciones generales han sido efectivamente derogadas y se elevaron ciertos umbrales de reporte, el especialista remarcó que aún no se ha aprobado una ley que consolide el nuevo esquema. “Por ahora, el escenario sigue siendo difuso”, advirtió.
Uno de los puntos que más interés genera en el sector expendedor es la posibilidad de canalizar fondos no declarados hacia la compra de bienes registrables, como estaciones o instalaciones. Sin embargo, para hacerlo, se debería ingresar formalmente al nuevo régimen simplificado de ganancias, cuyas condiciones aún no están totalmente definidas.
Por ello, Fraga recomendó a los empresarios del rubro actuar con máxima cautela. “Antes de modificar sus estructuras fiscales o realizar movimientos significativos de capital, es indispensable que consulten con asesores especializados. Las decisiones deben estar fundamentadas en un análisis técnico serio y ajustadas al marco normativo vigente”, concluyó.
Así, mientras el Gobierno avanza con su plan de blanqueo y simplificación, desde el sector estacionero se impone una lógica de prudencia: evitar movimientos en falso en un contexto donde aún no están dadas todas las garantías legales.