En medio de la polémica por los recientes anuncios del Gobierno nacional sobre el denominado “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros”, el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, manifestó su preocupación por la falta de precisión normativa y ratificó que el organismo continuará aplicando sin cambios sus herramientas de fiscalización tributaria.
Girard apuntó especialmente a la falta de claridad jurídica y a la incertidumbre que generan las medidas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei. “Las medidas difundidas hasta el momento carecen de seguridad jurídica y parecen más una promesa electoral que una política tributaria efectiva. Es un manotazo de ahogado porque no logran acumular reservas en el marco de la liquidación de la cosecha gruesa”, señaló.
El funcionario remarcó que, hasta ahora, lo único implementado fue la derogación o modificación de ciertos regímenes de información y la creación de un régimen simplificado del impuesto a las Ganancias. Este nuevo esquema, indicó, exime a las personas alcanzadas de declarar variaciones patrimoniales, permitiendo únicamente la declaración de ingresos y gastos deducibles.
Girard fue tajante al advertir que el supuesto beneficio para ahorristas “en realidad es un mecanismo de blanqueo encubierto que habilita la legalización de flujos de fondos no declarados”. Y agregó: “No apunta a los ahorros acumulados, sino a evitar que se acumulen fondos no declarados esperando un nuevo blanqueo. Pero la normativa penal tributaria y de prevención del lavado de dinero sigue vigente. Eso deja a los contribuyentes en un limbo legal”.
El anuncio oficial fue ampliado días atrás por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien precisó que las personas físicas podrán movilizar hasta 50 millones de pesos mensuales sin que se genere un reporte ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP). Caputo insistió en que el dinero de la corrupción seguirá bajo la lupa de la Unidad de Información Financiera (UIF), en respuesta a las críticas que señalaban que esta flexibilización favorece la regularización de fondos ilícitos.
Desde la perspectiva de la provincia de Buenos Aires, Girard fue enfático: “ARBA sigue trabajando con normalidad, aplicando los mismos criterios de control. Los impuestos provinciales, como Ingresos Brutos o el Inmobiliario, no se ven afectados por estos anuncios. La fiscalización sigue firme, porque la obligación de tributar según la capacidad contributiva no cambió”.
Asimismo, advirtió sobre los riesgos de interpretar estos anuncios como una forma de amnistía o nuevo esquema fiscal. “Mientras no haya una norma sancionada por el Congreso, todo queda en un terreno incierto. Si una persona adhiere al régimen y luego se comprueba que utilizó fondos de origen ilícito, se le aplicará la normativa vigente. Lo único concreto es que ARCA deja de controlar. Párrafo aparte para la responsabilidad que asumen quienes deciden no reclamar impuestos evadidos”, remarcó.
En el cierre, Girard reafirmó el compromiso de la agencia con la equidad tributaria: “Desde ARBA vamos a seguir garantizando el cumplimiento tributario con las herramientas que nos otorga la ley. Nuestra tarea es asegurar que quienes tienen mayor capacidad económica tributen lo que corresponde. Esa es la única forma de construir un sistema justo y de recaudar con equidad para sostener políticas públicas que beneficien al conjunto de la sociedad”.
Agencia MTR