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Por un amparo se pide que se saque a los peajes de las rutas por doble imposición

No hay caminos alternativos, el pago es compulsivo y además, ya se paga en el impuesto a los combustibles se señala en la presentación del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial

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El Ingeniero Agrónomo Carlos Humberto Cadoppi Frigerio, miembro de la CONADUV (Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial), ha presentado un recurso de amparo con medida cautelar ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos. Esta acción judicial fue presentada a través de su apoderado y abogado, el Dr. Ricardo José Luciano, y tiene como objetivo impugnar el sistema de peaje que opera en los corredores viales nacionales concesionados bajo el régimen de peaje directo, que implica el cobro de tarifas a través de casillas de peaje instaladas en ruta. El busca la eliminación definitiva de las estaciones de peaje y sus respectivas cabinas de cobro existentes en estos corredores viales, en particular debido a que los caminos involucrados pertenecen al dominio público y fueron financiados a través de los impuestos de los recursos ciudadanos. Además, se denuncia la falta de caminos alternativos libres de pago y se señala la doble imposición que resulta del Impuesto a los Combustibles.

El Ingeniero Agrónomo Carlos Humberto Cadoppi Frigerio expresó que el principal objetivo de esta acción es proteger a los usuarios viales de abusos originados por un sistema de “falso peaje”, que considera un impuesto al tránsito, el cual considera inconstitucional, injusto, antieconómico e inviable desde el punto de vista técnico, dada la baja cantidad de tráfico en algunas rutas. Cadoppi destacó que este sistema de peaje genera serios perjuicios sociales y económicos, afectando tanto a los usuarios directos como a la sociedad en su conjunto. Asimismo, subrayó que el amparo fue presentado contra el sistema de peaje que se intenta seguir implementando, el cual califica de inconstitucional e inconvencional, violando tanto los derechos establecidos por la Constitución Nacional como los tratados internacionales de derechos humanos que son vinculantes para el país.

Desde el CONADUV se reitera la necesidad de implementar un verdadero Proyecto Vial que contempla toda la red caminera del país, para lo cual se exhorta al Gobierno ya los representantes del pueblo a destinar efectivamente los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles al mantenimiento y mejoramiento del Sistema Vial Argentino. De esta manera, se podría garantizar la mejora en las condiciones de transitabilidad sin necesidad de barreras de peaje y sin que los usuarios viales deban pagar por el uso de las rutas nacionales.

El CONADUV también destaca la necesidad de recuperar las rutas bajo la administración estatal, lo que implicaría poner fin al ciclo más escandaloso dentro del proceso de privatización en Argentina. Para lograr este objetivo, se sugiere una rejerarquización de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), que debe volver a ser el organismo rector de la política vial en el país. De esta forma, la DNV podría retomar el control de una herramienta estratégica para la fijación de precios relativos y la mejora de la competitividad económica, en lugar de ser gestionada por intereses privados que no responden a las necesidades de la sociedad en su conjunto.

Por un Proyecto de Transporte Multimodal: Vial, Ferroviario y Fluvial

Finalmente, el CONADUV hace un llamado a la implementación de un verdadero proyecto de transporte multimodal, que construir los sistemas vial, ferroviario y fluvial, integrado y adaptado a la vasta geografía de Argentina. Este proyecto debe ser competitivo a nivel internacional, sin quedar atrapado en los meganegocios que benefician solo a unas pocas empresas o individuos. La propuesta busca fortalecer la infraestructura del país de manera integral, optimizando los recursos y favoreciendo a la economía nacional, sin los obstáculos que actualmente imponen los sistemas de peaje sin colectoras o caminos alternativos.

En este sentido, la demanda no solo busca defender los derechos de los usuarios viales, sino también promover un modelo más justo, eficiente y sostenible.

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