El Bloque de Concejales de la UCR presentó un proyecto de resolución en el que expresa su preocupación y rechazo a las recientes medidas restrictivas implementadas por el gobierno de Javier Milei, que afectan a los jubilados en su acceso a medicamentos. Estas nuevas políticas representan un golpe más para los jubilados, sumándose al veto a la actualización por inflación de los haberes jubilatorios, lo que agrava aún más su situación.
Según las adoptadas por el gobierno, en lugar de garantizar lo necesario para la atención médica, especialmente en lo que respecta a tratamientos medicamentosos, se ha restringido y limitado el acceso a estos recursos, dejándolos disponibles solo para un pequeño sector de la población. Este recorte significa un retroceso considerable en el derecho al acceso a la salud de los jubilados, una de las franjas más vulnerables de la sociedad.
Para ilustrar el impacto, los jubilados que percibieron más de $390.000 quedarán fuera de la cobertura del 100% que antes brindaba PAMI, o deberán atravesar un largo proceso de trámites burocráticos complicados. Esta medida es aún más preocupante si se considera que los medicamentos han sufrido un aumento de casi un 500%, lo que agrava considerablemente la situación económica de quienes dependen de estos tratamientos.
Desde el Bloque de Concejales de la UCR, repudiamos enérgicamente estas medidas sanitarias del Gobierno Nacional, que no solo impiden el acceso a la salud, sino que también condicionan y restringen este derecho fundamental. Los jubilados no pueden ser la variable de ajuste en este contexto.
Solicitamos al gobierno que revea esta medida y reflexione sobre la visión que tienen de los jubilados, a quienes parecen considerar como parte de una “casta” a la que se le recorta continuamente. Mientras en el Congreso no se alcanza el quórum necesario para tratar el proyecto de “ficha limpia” y se va en contra de la reforma sindical, todo el peso del ajuste está cayendo sobre los sectores más débiles de la sociedad, como los jubilados.
Exigimos un cambio de rumbo en las políticas públicas que respetan los derechos de los jubilados y garantizan su bienestar y acceso a la salud, sin medidas que los perjudiquen aún más en una situación ya difícil.