Un proyecto de ley que propone un aumento significativo en las indemnizaciones por despidos en la Provincia de Buenos Aires ha avanzado recientemente en el proceso legislativo, generando una fuerte oposición por parte de sectores políticos y empresariales. La iniciativa, impulsada por la diputada camporista Mayte Alvado y la sindicalista Soledad Alonso, fue aprobada por la Comisión de Trabajo de la Cámara de Senadores, después de haber sido aprobada previamente en Diputados.
La propuesta modifica la Ley 11.653, cambiando la forma en que se calculan las indemnizaciones. En lugar de usar el índice de actualización pasiva, el cálculo se basaría en el CER más un 6%. Las estimaciones realizadas por entidades empresariales como la UIA y FEBA indican que este cambio podría multiplicar por siete el costo de las indemnizaciones por despidos, lo que ha generado una ola de rechazo por parte de la oposición y de representantes de las PYMES.
El proyecto ahora requiere la aprobación de las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales del Senado para avanzar a la etapa final. Alternativamente, podría obtener el visto bueno mediante una mayoría de dos tercios en una reunión de labor parlamentaria, aunque los pronósticos sugieren que esta opción es poco probable debido a la resistencia existente. Los sondeos indican que la oposición podría tener la mayoría para rechazar el proyecto en el recinto.
Desde la oposición, se ha expresado una firme postura en contra de la iniciativa. Los senadores bonaerenses de la UCR y del PRO que integran la Comisión de Trabajo y Legislación Social han manifestado su rechazo rotundo. En un comunicado conjunto, argumentaron que el proyecto pondría en riesgo la viabilidad de más de 50.000 PYMES en la provincia y acusaron al gobernador Axel Kicillof de intentar “asfixiar” al sector productivo. Además, destacaron que ya han comunicado su postura al oficialismo, asegurando que no apoyarán el proyecto.
Alejandro Rabinovich, presidente de la bancada de PRO en la cámara Alta, recordó que su oposición al proyecto ha sido constante desde el inicio. “No es ahogando al privado como se va a atraer inversión. El sector privado es el que genera empleo, y esta medida no es la forma de apoyar a la economía provincial”, afirmó Rabinovich.
El rechazo del PRO Provincia también se hizo notar mediante un comunicado en el que calificaron el proyecto de “dañino” para la economía local. Según el comunicado, la propuesta no solo impactaría negativamente en las PYMES, sino que también podría desalentar la inversión y el crecimiento económico en la región.
A pesar de la controversia, el proyecto sigue su curso legislativo, y su futuro dependerá de las próximas etapas en el Senado y la posible votación en el recinto. La discusión promete ser un tema central en el debate político y económico en los próximos días.
Agencia MTR