Hacia fines de 2014 se hicieron públicos graves conflictos internos en la Secretaría de Inteligencia que culminaron con el desplazamiento de Jaime Stiusso, uno de los más poderosos agentes de las últimas décadas. En los últimos días los argentinos despertaron con la noticia de que el fiscal a cargo de la causa AMIA apareció muerto el día anterior a declarar en el Congreso por una denuncia que involucraba altos funcionarios políticos. En ese contexto, hoy la Asociacion de Derechos Civiles presenta el informe “ El (des) control democrático de los organismos de inteligencia en Argentina “, que detalla con minuciosidad el funcionamiento de los servicios de inteligencia y las graves irregularidades normativas y de funcionamiento que dicho sistema presenta . Los desplazamientos internos en la Secretaría de Inteligencia y los hechos en torno a la causa AMIA –en donde la Secretaría estuvo involucrada desde el primer momento para encubrir más que para esclarecer el atentado- presentan una oportunidad única para que la democracia argentina actúe sobre el sistema de inteligencia, un cuerpo autónomo de agentes estatales y paraestatales que actúa en las sombras, maneja millones de pesos en fondos reservados que sirven para comprar jueces y periodistas y espiar a políticos, empresarios, funcionarios públicos y ciudadanos en general.
Es un sistema que desde 1983 se presenta como altamente autónomo pero es parte esencial del presidencialismo argentino : sirve a placer del Presidente de turno pero, a la vez, es capaz de manejar una agenda propia que constituye una verdadera amenaza para la democracia argentina y los derechos de los ciudadanos. El informe que ofrecemos hoy relata las causas legales y políticas del problema que resumimos de la siguiente forma:
La democracia argentina adoptó una estructura de inteligencia sin controles y la convirtió en uno de los pilares del poder presidencial . Además consolidó servicios poco profesionales dedicados al espionaje interno y al manejo de fondos reservados que no rinden cuentas ante nadie. Finalmente el Congreso, a pesar de afirmar en numerosas oportunidades la necesidad de transparentar y democratizar el sistema, sancionó leyes ineficientes o que no funcionan, en parte como consecuencia de acuerdos tácitos entre distintos sectores políticos que esperan usufructuar esas estructuras si acceden a la presidencia.
La ADC pretende alertar respecto de este lado oscuro y opaco del Estado , exhortando a la comunidad política a revertir esta situación. Es un llamado de atención en un momento de crisis que se presenta como una oportunidad para promover reformas y cambios significativos capaces de crear servicios de inteligencia profesionales y capacitados, controlados por las instituciones democráticas y dedicados a los legítimos intereses de la defensa nacional y la seguridad del Estado y no, como en las últimas décadas, a la violación de los derechos de los ciudadanos y a satisfacer los intereses de información más banales de las autoridades de gobierno.
La muerte del fiscal Alberto Nisman es un hecho de gravedad institucional que merece no sólo ser investigado sino colocado en el contexto de las prácticas de los servicios de inteligencia en la Argentina. Estamos en presencia de la expresión más pública de esa dinámica perversa de subordinación y autonomía que los servicios de inteligencia han logrado generar con los gobiernos. Insistimos, entonces, en que es el momento oportuno para producir imperiosas modificaciones en el funcionamiento de los mecanismos de control sobre los sistemas de inteligencia.
Una síntesis del extenso trabajo, refleja que la actividad de inteligencia en la Argentina goza de inaceptables grados de autonomía que implican un riesgo para los derechos de los ciudadanos y las instituciones democráticas.
A ello debe sumarse que, desde 1983 los gobiernos democráticos no han sabido o querido establecer controles efectivos y los servicios de inteligencia se convirtieron en una parte esencial del poder presidencial en la Argentina. Ese poder se ejerce en muchas ocasiones de una manera que viola los derechos de los ciudadanos, en especial, el derecho a la privacidad y a la libertad de asociación y expresión.
A su vez,se refiere que el mecanismo de control parlamentario creado por la ley 25.520 no funciona y debe ser objeto de una revisión profunda y una reforma integral.
Las actividades de inteligencia en la Argentina están amparadas por un grado de secretismo excesivo, que alcanza incluso a las autoridades encargadas de controlar que no se cometan delitos o se violen los derechos ciudadanos.
El espionaje político interno es una de las principales actividades de inteligencia en la Argentina a pesar de que se encuentra expresamente prohibido por una ley del Congreso. Eso es consecuencia de la falta de controles parlamentarios y judiciales eficientes.
Argentina cuenta con una adecuada capacidad de interceptación de comunicaciones privadas.Todo indica que posee la capacidad técnica de
interceptar comunicaciones telefónicas y hay indicios de que ello ocurre con la colaboración de las empresas prestatarias de servicios de telecomunicaciones.
Esta capacidad se extendería a los datos que circulan en Internet.
Ninguno de los escándalos producidos en los últimos años generó cambios significativos en el control de las actividades de inteligencia.
Ante la importancia del trabajo se pone a disposición el texto completo:
El Descontrol de los Organismos de Inteligencia – Informe Completo
Agencia MTR