El gobierno nacional aclaró que los adicionales o ‘copagos’ son ilegales y que las empresas de medicina prepaga deberán reintegrar lo que se cobre a sus usuarios. La Secretaría de Comercio Interior salió al cruce de la advertencia de los actores privados de que cobrarían entre 50 y 100 pesos adicionales por consultas y análisis.
En tanto, las prepagas proyectan que los costos no salariales seguirán aumentando, conforme los ajustes del tipo de cambio y la inflación, al tiempo que advirtieron que habrá “dificultades para adquirir insumos importados y renovar tecnología”. En la misma línea, afirmaron que “los proveedores de insumos y servicios reducirán los plazos de pago, producto de la inflación y el incremento de la tasa de interés”, en un panorama cargado de “incertidumbre” en el cual se “desincentiva la inversión” y se fomenta la expulsión de los empresarios hacia otras actividades “de menor riesgo y mayor rentabilidad” que la Salud.
Por su parte, la Asociación de Médicos de la Actividad Privada (AMAP), manifestó su rechazo al “copago” y dijo que se podría “lesionar la relación médico-paciente”.
La medicina privada aglutina al 15,5% de los argentinos, mientras que un 45,9% cuenta con obra social y un 38,6% no tiene cobertura y acude al sistema público.
El “envejecimiento poblacional” hace que sólo 6 personas sean productivas por cada mayor de 65 años, lo cual configura un modelo en el que -al decir de los actores sanitarios- “los jóvenes y sanos financian a los viejos y enfermos”.
Agencia MTR