En 2002 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) instituyó el 12 de junio como el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, con el propósito de exponer una problemática que afecta a millones de niñas y niños en todo el mundo, y de esa manera desalentar una práctica que los priva de sus derechos a la educación, salud, recreación y libertades fundamentales.
Argentina ha legislado al respecto estableciendo con la ley 26.390 la protección al trabajo adolescente y la prohibición del trabajo infantil. En este sentido, la norma mencionada ha impuesto protecciones para las tareas remuneradas de jóvenes de dieciséis a dieciocho años, como la prohibición del trabajo nocturno y jornadas de seis horas diarias o treinta y seis semanales.
“El trabajo infantil, esto es, el de aquellos niños que tienen menos de dieciséis años, está expresamente prohibido y sólo se contempla en el contexto de una empresa familiar, con una carga horaria de no más de tres horas diarias, que no sea realizado bajo condiciones penosas, insalubres o peligrosas, y fundamentalmente que no constituya obstáculo para sostener su escolaridad”, señaló Luis Beraza, Subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de 9 de Julio.
“Además, el trabajo de un niño menor de dieciséis años debe realizarse en una empresa familiar que no sea contratista o dependiente de otra empresa mayor, hecho que se da con frecuencia en el ámbito rural, donde los niños participan trabajando junto a sus padres, pero respondiendo a una estructura empresaria que se aprovecha de esa colaboración”, agregó el funcionario.
El trabajo adolescente está protegido pero no promovido, ya que el estado argentino ha decidido que hasta los dieciocho años los niños deben formarse en la escuela, haciendo valer su derecho a la educación: “Un adolescente raramente obtiene un trabajo decente o legal, el cual requiere el cumplimiento de otros derechos como una retribución justa, igual remuneración por igual tarea, vacaciones pagas, condiciones dignas y equitativas, y otros de similares características, que son derechos que construyen ciudadanía. Si no se da así, lo más probable es que ese trabajo sea funcional a una economía que los está explotando”, finalizó Beraza.