El proyecto venía en revisión de la Cámara de Diputados, que le había introducido cambios de forma que fueron aceptados por la Cámara alta.
Además de garantizar la atención médica integral, promueve la educación relativa a la donación de órganos, el acceso a la vivienda y al sistema de seguridad social y la inserción laboral para quienes se sometan a estas intervenciones.
Como punto central, obliga a obras sociales y empresas de medicina prepaga a cubrir la totalidad de los medicamentos, estudios y demás prácticas médicas para estos pacientes.
Asimismo, contempla beneficios fiscales para las empresas que ocupen a un trasplantado, y un pase de transporte terrestre similar al que tienen las personas con discapacidad.
Por último, garantiza a los pacientes en situación de desempleo el acceso a una asignación equivalente a una jubilación mínima.
El proyecto aprobado incluye tanto a quienes recibieron un órgano como a las personas que están en lista de espera en el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI).
Senadores de todos los bloques destacaron que la flamante ley permite otorgarle un marco jurídico a las personas trasplantadas, que hasta ahora no estaban amparadas por ninguna legislación.
Agencia MTR