Procuran garantizar el transporte escolar de los alumnos con discapacidades

Mediante un proyecto de ley presentado en la cámara alta bonaerense, la senadora provincial Malena Baro apunta a garantizar el transporte escolar, de manera regular y gratuita, para los alumnos discapacitados que concurran a establecimientos de gestión pública en cualquiera de sus niveles. El beneficio establecido por la ley se otorgará para los casos en que los padres, tutores o representantes demuestren la imposibilidad económica de trasladar a los alumnos diariamente al centro educativo por un medio de transporte adecuado a sus necesidades. 
En este sentido, estarán comprendidos dentro del marco normativo los viajes de ida y vuelta del hogar del alumno al establecimiento educativo, en los horarios de cursada en los turnos correspondientes, así como de actividades complementarias, dentro del territorio de la Provincia de Buenos Aires y del mismo partido o localidad donde habita el alumno discapacitado.
Por otra parte, la iniciativa de la legisladora por Junín contempla que no corresponderá el beneficio cuando los padres, tutores o representantes de los alumnos discapacitados no logren demostrar que el alumno goza de la prestación a través de su obra social, sistema de medicina prepaga, seguro mutual o cualquier otra prestación.
Sobre el proyecto presentado Baro remarcó que “buscamos implementar un sistema que garantice la movilidad y el acceso a la educación de las personas con deficiencias físicas o mentales, dentro del respeto a los derechos humanos garantizados por nuestra constitución Nacional”. Y agregó: “intentamos promover, proteger y asegurar el pleno goce de los derechos de las personas con alguna discapacidad, resguardando su dignidad y garantizando las condiciones de igualdad para acceder libremente a la educación”.
Además, la legisladora  dijo que “es necesario eliminar cualquier obstáculo que se presenta a las personas con capacidades diferentes para su inclusión, y en esa línea  advertimos que el transporte a los centros educativos constituye para muchas familias, principalmente de bajos recursos, que son las que en mayor medida inscriben a sus hijos en establecimientos públicos, un problema económico suplementario de relevancia”.