El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, aseguró esta tarde que los proyectos para democratizar la justicia “respetan todas las cláusulas de la Constitución Nacional”, y sostuvo que “quien debe garantizar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones, tras 30 años de democracia ininterrumpida, es el Estado”.
En declaraciones a la prensa, Julián Domínguez aclaró que “las reformas propuestas no implican de ninguna manera que los jueces sean electos directamente por el voto popular”, sino que “los que son electos por el voto popular son los abogados, jueces y académicos que integrarán el Consejo de la Magistratura, que es un órgano esencialmente político que no administra justicia ni resuelve casos particulares”.
En este sentido, Domínguez sostuvo que “el Consejo de la Magistratura debe expresar la voluntad del pueblo de la Nación canalizada a través de los partidos políticos. Nada más constitucional y democrático que esta mecánica e integración. No puede cuestionarse seriamente que sean los partidos políticos quienes propongan los candidatos a cubrir los cargos electorales de jueces, abogados y académicos, porque el artículo 38 de la Constitución confiere a los partidos políticos la facultad para proponer los candidatos para cubrir los cargos electorales.”
Al ser consultado sobre la presunta inconstitucionalidad de los proyectos, el titular de la Cámara baja expuso que “el proyecto que regula las medidas cautelares respeta el pacto de San José de Costa Rica y todas las cláusulas de la Constitución Nacional. La Argentina ha adherido a tratados internacionales que inspiran todo nuestro ordenamiento jurídico, y en eso no puede haber contradicción”.
Asimismo, Julián Domínguez afirmó que “el carácter representativo y republicano del Poder Judicial de la Nación ha sido débil”, al “haberse seguido el modelo constitucional estadounidense que convalidó un poder judicial vitalicio” y, “en la particularidad de nuestra historia, el papel que jugó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el golpe de estado de 1930, al legitimar la usurpación del poder político avalando el golpe de estado contra un gobierno constitucional y democrático como el de Hipólito Yrigoyen”.
En este sentido, Domínguez sostuvo que “el Consejo de la Magistratura debe expresar la voluntad del pueblo de la Nación canalizada a través de los partidos políticos. Nada más constitucional y democrático que esta mecánica e integración. No puede cuestionarse seriamente que sean los partidos políticos quienes propongan los candidatos a cubrir los cargos electorales de jueces, abogados y académicos, porque el artículo 38 de la Constitución confiere a los partidos políticos la facultad para proponer los candidatos para cubrir los cargos electorales.”
Al ser consultado sobre la presunta inconstitucionalidad de los proyectos, el titular de la Cámara baja expuso que “el proyecto que regula las medidas cautelares respeta el pacto de San José de Costa Rica y todas las cláusulas de la Constitución Nacional. La Argentina ha adherido a tratados internacionales que inspiran todo nuestro ordenamiento jurídico, y en eso no puede haber contradicción”.
Asimismo, Julián Domínguez afirmó que “el carácter representativo y republicano del Poder Judicial de la Nación ha sido débil”, al “haberse seguido el modelo constitucional estadounidense que convalidó un poder judicial vitalicio” y, “en la particularidad de nuestra historia, el papel que jugó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el golpe de estado de 1930, al legitimar la usurpación del poder político avalando el golpe de estado contra un gobierno constitucional y democrático como el de Hipólito Yrigoyen”.
Agencia MTR