Un proyecto que envió el Ejecutivo, y que ya contaba con la aprobación de Diputados se convirtió en ley esta tarde. El mismo, limita las excarcelaciones cuando se porten armas de fuego ilegalmente y exista resistencia o evasión a un procedimiento por parte una autoridad pública, y cuando los presuntos delincuentes tengan antecedentes por comisión de delitos con armas, o estén gozando ya de una excarcelación anterior.
En ese sentido, destacó: “hemos tenido que avanzar en una normativa que ponga un control estricto al uso de armas de fuego en nuestra Provincia. El objetivo de esta ley haga que reflexione el que este a punto de cometer el delito con un arma ilegal e intenta huir, va a ser pasible que al momento de decir su situación, no le sea posible la excarcelación”.
Sin embargo, el senador aseveró que la aprobación del proyecto “no quiere decir que todos los que porten armas ilegales vayan a ir preso, si no en casos en los que se va a escapar”.
Por su parte, Alfredo César Meckievi (Unión PRO) dijo: “vamos a apoyar el proyecto desde nuestro bloque pero el texto esta redactado con una notable ligereza y una gran irresponsabilidad. Vemos que el Ejecutivo nos tiene acostumbrados a una proliferación de títulos sin sentido. Es este un enunciado que en nada innova y poco significativo”.
En tanto, el legislador Ricardo Vázquez (GEN –FAP) explicó por qué razón votaron en contra. “Todos estamos en contra de que haya armas ilegales y que sean usadas para el delito pero no creemos que éste sea el método adecuado. Lo que hay que combatir es el mercado de armas, si no combatimos las consecuencias y no las causas”, dijo.
En la misma línea se expresó María Isabel Gainza (CC) al afirmar que “es asombroso ver como en dos o tres hojas de papel se dejan de lado construcciones de la ciencia jurídica, otros legisladores, y la jurisprudencia han establecido. No han dejado de violentar ninguno de ellos”.
“Cuando hablamos de excarcelaciones –explicó la Senadora- tenemos que referirnos a prisión preventiva, no está creada para hacer que los delincuentes estén en la cárceles, es una medida cautelar excepcional. Acá o que se está consagrando es la “administratividad” de la justicia, porque es la policía la que va a decir que una persona intentó fugarse. Vamos a dejar en manos de la policía bonaerense tan cuestionada por todos nosotros, que le digan al juez que esta persona intentó eludirla. Si quieren hacer un desarme de armas hay que apuntar contra los que las venden. Me parece una pésima herramienta, que lo único que va a hacer llenar las cárceles de pobres y vulnerables y no de los verdaderos delincuentes”.
El proyecto, limita las excarcelaciones cuando se porten armas de fuego ilegalmente y exista resistencia o evasión a un procedimiento por parte una autoridad pública, y cuando los presuntos delincuentes tengan antecedentes por comisión de delitos con armas, o estén gozando ya de una excarcelación anterior.
Al respecto varias organizaciones y funcionarios repudian el proyecto de ley aprobado esta tarde por la Legislatura bonaerense, a partir de la propuesta del gobernador Daniel Scioli, de limitar las excarcelaciones en caso de portación ilegítima de armas de fuego. La justificación de este nuevo proyecto es que permitirá controlar la circulación de armas de fuego y, como consecuencia, reducir los delitos más violentos.
Nuevamente, el poder político insiste en la demagogia punitiva que procura responder a las demandas sociales de seguridad con el endurecimiento del sistema penal. Bajo estos mismos argumentos, en los últimos años se impulsaron más de treinta reformas procesales y los resultados han sido un fracaso. Ante la persistencia de los problemas, se propone una nueva ley que tampoco impactará sobre el mercado ilegal de armas ni reducirá la violencia. Es falso que esta medida sea la solución a la preocupación social por el uso de armas de fuego. En términos de una política de seguridad seria, sustentada en diagnósticos empíricos, las armas circulan porque el mercado ilegal está protegido y controlado por las mismas autoridades policiales. El propio Senado provincial, en el informe sobre el “Caso Candela”, advirtió sobre la degradación y la inserción de redes ilegales en la Policía Bonaerense. Las autoridades y las distintas fuerzas políticas siguen evadiendo la responsabilidad de atacar ese mercado y romper las redes que lo sostienen. Diversos expertos en políticas de desarme han manifestado que esta iniciativa es la opuesta a la que se debería impulsar.
Para dar respuesta a las graves fallas en materia de seguridad e investigación criminal, no se requiere más encarcelamiento preventivo, sino avanzar en reformas institucionales y voluntad política de atacar los verdaderos problemas. Las respuestas simbólicas de este tipo, además de alimentar la retórica, tienen un impacto muy profundo en los barrios populares, que son los que sufren la persecución y el hostigamiento policial, mientras los dueños de los negocios circulan libremente.
En contradicción con lo que se sostiene públicamente, esta ley profundizará la lógica de trabajo policial, que redunda en detenciones ilegítimas, plantado de prueba y, en los casos más extremos, ejecuciones. Ampliar los márgenes de acción de los funcionarios policiales durante las detenciones, bajo la excusa de atacar el mercado ilegal de armas, implica legitimar las políticas de endurecimiento penal que sólo recaen sobre los jóvenes y los sectores sociales más pobres. Esto, sin dudas, implicará una grave amenaza para la vigencia de los derechos humanos en la provincia.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han afirmado en reiteradas oportunidades que no pueden existir delitos no excarcelables y que la única posibilidad de privar de libertad a un individuo sin condena es por la acreditación de peligro procesal. Además de este vicio de inconstitucionalidad, la nueva ley no responde a una política de seguridad democrática y consistente y aumentará la cantidad de detenidos en condiciones absolutamente indignas. Alimentar la demagogia punitiva tiene altos costos sociales, aunque pueda verse como una táctica política beneficiosa en el presente.
Asociación Pensamiento Penal (APP)
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC)
Comisión Provincial por la Memoria (CPM)
Luis Arias – Juez en lo Contencioso Administrativo – La Plata
Julian Axat – Defensor Penal Juvenil
Gabriel Ganon – Defensor Público de la Provincia de Santa Fe
Agencia MTR