Defensores del Pueblo piden fraccionar las llamadas de celulares por segundos

Los Defensores del Pueblo de todo el país se reunieron en un plenario donde abordaron entre otros, temas relacionados a las tarifas de la telefonía celular por sus altos costos; los obstáculos judiciales sobre la violencia de género y que los autos enciendan las luces bajas al poner en marcha para dar mayor seguridad.
Fue el tercer encuentro anual de los defensores del Pueblo de la República Argentina, realizado en la capital de Entre Rios, en la ciudad de Paraná.
De las deliberaciones se concluyó en  reclamar a las empresas de telefonía celular el fraccionamiento por segundo en el cobro y la facturación del servicio; promover una legislación que exija a las automotrices instalar, en todos los vehículos que se fabriquen en el país, dispositivos que enciendan las luces bajas en forma automática cuando se  pone en marcha el motor; y eliminar obstáculos para acceder a la justicia, evitando la revictimización de las mujeres denunciantes de episodios de violencia de género.
La telefonía móvil ocupó un espacio central de la reunión. Los defensores nucleados en ADPRA decidieron recomendar a la secretaría de Comunicaciones y a la CNC, el dictado de una resolución que establezca “claramente” que las empresas de celulares “deben fraccionar el cobro y la facturación del servicio por segundo, no pudiendo aplicar en ninguna circunstancia el cobro fraccionado por minuto”.
La Asociación impulsa, además, la constitución de una mesa de trabajo integrada por representantes de la secretaría de Comunicaciones, la CNC, la subsecretaría de Defensa del Consumidor y las asociaciones de consumidores, tendiente a la elaboración de un proyecto de ley regulatoria de la telefonía móvil, que incluya el cobro por segundo, pero también el vasto universo de conflictos que envuelve a este sistema que, sin duda, “debe ser declarado servicio público”.
Asimismo, los defensores comenzaron a plasmar un proyecto, que aspira a convertirse en ley nacional, que obliga a las terminales automotrices a instalar un mecanismo, en todos los autos que fabriquen, que encienda las luces bajas cuando los motores se ponen en marcha.
A juicio de los defensores, la medida que impulsan, que será debatida en profundidad hasta la concreción de un proyecto que oportunamente será presentado en el Congreso nacional, apunta a disminuir los índices de siniestralidad en las rutas de todo el país y, al mismo tiempo, evitar las recurrentes multas que reciben los ciudadanos por transitar con las luces bajas apagadas.
“Es un derecho de la gente circular con altos niveles de seguridad, tanto a bordo de autos particulares como de colectivos u otros medios de transporte. Esta propuesta no hace más que profundizar las sistemáticas acciones que en materia de seguridad vial desarrollamos todos los defensores”, señalaron durante el plenario.
Violencia de género
Un capítulo aparte merece el abordaje de la violencia de género. La Red de Mujeres de Adpra, que sesionó durante el encuentro de defensores, manifestó su preocupación frente al aumento de episodios de violencia doméstica, consideró que se “observan significativos obstáculos para acceder a la justicia” y sentenció que la mecánica actual genera sucesos de “revictimización”.
La declaración de la Red, hecha propia por el plenario de defensores, consideró que “la reiteración de denuncias, frente a casos similares, demuestra la ineficiencia del sistema”.
En sintonía, se aseguró que “no existe coordinación de políticas de violencia de genero entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, que atienda a una integralidad” y, en igual sentido, “no existe articulación entre las esferas nacional, provincial y municipal, lo que genera superposiciones de funciones y vacíos sobre los que nadie actúa”.
La Red destacó su compromiso con los postulados de la CEDAW (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer) y la Convención de Belém do Pará (para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer).
Durante sus deliberaciones, los defensores también se ocuparon de impulsar la definitiva puesta en marcha de las defensorías de San Luis y Entre Ríos, que se encuentran en distintas etapas de concreción; debatieron la problemática de las personas con discapacidad y se expresaron a favor de acelerar los procesos licitatorios que deriven en la construcción del gasoducto del NEA.