Proponen considerar a los celulares como servicio público

Proponen que la telefonía móvil sea considerada como servicio público  dad la cantidad de celulares en el mercado y sin regulación oficial. Los servicios de interés público carecen de ese control.
Según datos de la Comisión Nacional de Comunicaciones de este año , en la Argentina funcionan 57.871.000 líneas moviles, por lo que es necesaria debatir en el Congreso Nacional un proyecto de ley que declare a la telefonía móvil como servicio público, señaló Fernando Blanco Muiño, Presidente de la Unión de Consumidores de Argentina.
Tal declaración importa que este servicio sea controlado en cuanto a su capacidad técnica, contractual y tarifaria por la autoridad competente.
Sería un gran paso para nuestro país que se avance en una definición como la planteada. Más aún teniendo en cuenta que el mercado telefónico presenta una “competencia disminuida” desde el momento que se aprobó, por dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, la fusión entre Telefónica y Telecom, a la sazón MoviStar y Personal, por compartir similares controlantes: Telefónica de España.
Entonces, en un mercado que tiende a la concentración es imprescindible contar con las herramientas de control que garanticen el mejor servicio con las tarifas más bajas y con un mejor nivel de respuesta a los múltiples reclamos de los usuarios.
La medida se tendría que completar con otros temas que acompañan la problemática central y que deben tener recepción legal para darle a toda la política de telecomunicaciones la seguridad jurídica necesaria para todos los actores sociales vinculados: Estado, empresas y usuarios.
Por eso, una Ley en este sentido debe integrarse con el reconocimiento legal de la portablidad numérica, plenamente vigente a la fecha pero a través de un decreto del Poder Ejecutivo. Incluirlo en la norma implica que el sistema quede garantizado más allá de los vaivenes propios de la administración pública.
En el mismo sentido, debe propiciarse la incorporación legal de un marco jurídico para los sistemas prepagos, es decir, aquellos que usan tarjetas y que, hasta ahora, están regidos por una resolución del Secretaría de Comunicaciones.
El marco jurídico debe considerar, entre otras cosas, la eliminación del vencimiento de las tarjetas de modo que el crédito pre comprado pueda ser utilizado en su totalidad.
Asimismo, es imprescindible que se incorpore el fraccionamiento del minuto en la facturación. En la actualidad, las empresas de telefonía móvil a sus clientes que realizan una llamada de 1 minuto y 10 segundos les facturan por 2 minutos dado que no hay régimen legal que obligue a fraccionar el minuto. En consecuencia, el usuario termina pagando por un tiempo de comunicación que no usó y la empresa cobrando por el mismo tiempo de comunicación que no brindó. Una ecuación perversa para el bolsillo del usuario.