La Cámara de Diputados de la Nación aprobó un proyecto de ley que busca incorporar al Código Penal la figura del vandalismo rural, con sanciones para quienes ingresen sin autorización a establecimientos rurales y para quienes destruyan bienes vinculados con la actividad agropecuaria. La iniciativa obtuvo 162 votos afirmativos, 77 negativos y una abstención, y contempla penas que pueden llegar hasta los 10 años de prisión en los casos más graves.
La aprobación fue celebrada por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), que consideró la medida un avance en la protección de la producción, la propiedad y la seguridad de quienes viven y trabajan en el campo.
En un comunicado, la entidad expresó: “Celebramos la aprobación en la Cámara de Diputados de la Nación del proyecto de ley que incorpora al Código Penal figuras específicas vinculadas al vandalismo rural, un paso importante para fortalecer la protección de los productores y sus familias”.
CARBAP señaló que la destrucción de cultivos, silobolsas, alambrados e instalaciones productivas ocasiona pérdidas económicas y afecta meses de trabajo e inversión. También destacó especialmente el tratamiento de la violación de domicilio rural.
“Ingresar sin autorización a un establecimiento rural vulnera la privacidad, la tranquilidad y la seguridad de quienes viven y trabajan allí”, sostuvo la confederación, que remarcó: “El campo no puede tener menos protección que cualquier otro ámbito: detrás de cada tranquera hay personas, familias y bienes que deben ser respetados”.
La organización ruralista valoró el avance legislativo y convocó a continuar trabajando para contar con herramientas legales que protejan la producción y garanticen el respeto por la propiedad. “Sin seguridad ni respeto por el trabajo, no hay desarrollo rural posible”, concluyó.
Qué establece el proyecto
El texto aprobado contempla distintas sanciones según la conducta y las consecuencias del hecho.
En primer lugar, establece una pena de un mes a un año de prisión para quien ingrese a un establecimiento rural o sus dependencias contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlo.
La pena máxima se elevará a dos años de prisión cuando el ingreso obstaculice sustancialmente el desarrollo de la actividad productiva rural, ponga en peligro concreto la vida o la integridad física de las personas presentes o comprometa la sanidad de los animales o los cultivos, siempre que el hecho no constituya un delito con una pena mayor.
Por otra parte, la iniciativa prevé penas de dos a ocho años de prisión y multas de entre tres y doce veces el valor del daño causado para quienes destruyan silobolsas o productos que formen parte del proceso productivo agropecuario.
En los casos más graves, las penas podrán alcanzar los 10 años de prisión. Esto ocurrirá cuando el delito sea cometido por tres o más personas que actúen de manera coordinada y, además, se produzca la pérdida total de la producción en curso o se impida la continuidad del ciclo productivo, su transporte o comercialización.
Cómo fue la votación
El proyecto fue impulsado por el diputado nacional Martín Ardohain y el dictamen de mayoría incorporó modificaciones consensuadas con el legislador Ramiro Gutiérrez.
La iniciativa recibió el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical, Argentina Federal, Provincias Unidas, Elijo Catamarca, Coherencia y Producción y Trabajo.
En cambio, fue rechazada por la mayoría de los integrantes de Unión por la Patria, además de los diputados de izquierda e Independencia. El diputado Luis Basterra, de Unión por la Patria y exministro de Agricultura durante los primeros años del gobierno de Alberto Fernández, se abstuvo en la votación.
La aprobación en la Cámara baja representa un avance en el tratamiento legislativo de la iniciativa. Para convertirse en ley, el proyecto deberá completar el trámite parlamentario correspondiente.
Con esta propuesta, se busca establecer sanciones específicas para conductas que afectan la propiedad y el desarrollo de la actividad agropecuaria, en un sector que reclama mayores herramientas de prevención y protección frente a los daños y las intrusiones en establecimientos rurales.
Agencia MTR