Ignacio Zavaleta, referente de la Unión de Usuarios Viales, volvió a poner bajo la lupa el financiamiento, la ejecución y el estado de las obras vinculadas con las rutas nacionales 3 y 5. En diálogo en Despertate por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, sostuvo que existen numerosos interrogantes sobre el destino de los fondos, el grado de ejecución de los trabajos y las responsabilidades de los organismos que intervinieron en su administración.
Zavaleta aclaró que la documentación reunida forma parte de una investigación que todavía requiere respuestas oficiales y que, por el momento, no implica formular acusaciones definitivas.
“Lo que envié es apenas una parte de una investigación profunda, consciente y seria”, explicó. Según indicó, se relevaron datos oficiales ya confirmados y otros que todavía necesitan ser corroborados para poder construir un cuadro completo.
Pedido de información a organismos oficiales
El dirigente señaló que elevó pedidos de información a distintos organismos de control y dependencias estatales, entre ellos la Auditoría General de la Nación, organismos vinculados a la inversión pública, la autoridad vial nacional y el Congreso.
El objetivo, explicó, es determinar con precisión cuánto dinero fue asignado, cuánto se ejecutó, qué trabajos se realizaron y si existe correspondencia entre los recursos utilizados y el avance físico de las obras.
Uno de los puntos que genera mayores interrogantes es el programa de financiamiento identificado como CAF 1174, relacionado con obras viales. Zavaleta sostuvo que, según la información que pudo reunir, el monto original habría experimentado una importante ampliación, mientras que las obras continúan inconclusas.
“Hay datos dispersos y nadie tiene todavía información completa y confirmada”, planteó.
Por eso, remarcó que el paso inicial consiste en solicitar documentación y permitir que los organismos responsables expliquen cómo se administraron los recursos.
Ruta 5: fondos, obras inconclusas y concesiones
La situación de la Ruta Nacional 5 ocupa un lugar central en el reclamo de la Unión de Usuarios Viales.
Zavaleta cuestionó que los usuarios continúen pagando peajes mientras existen sectores donde las obras previstas no fueron terminadas y reclamó conocer qué ocurrió con los fondos destinados originalmente a esos trabajos.
También planteó interrogantes respecto de la futura participación de empresas concesionarias y pidió establecer con claridad qué obligaciones tendrán frente a las obras pendientes y qué sucederá con los recursos utilizados durante las etapas anteriores.
“Hay una serie de preguntas fundamentales que los organismos de control deberían formular”, sostuvo.
En ese sentido, el reclamo apunta a determinar si existieron desvíos, incumplimientos o perjuicios económicos, aunque Zavaleta insistió en que primero deben obtenerse los documentos y realizarse las verificaciones correspondientes.
El estado de las rutas y la seguridad vial
Durante la entrevista también se hizo referencia al grave accidente ocurrido en la Ruta Provincial 65, en el tramo entre Guaminí y Bolívar, donde cuatro personas perdieron la vida.
El estado de determinados sectores de esa vía volvió a poner en discusión la relación entre infraestructura y seguridad vial.
Zavaleta describió sectores con ondulaciones, huellas profundas, pozos y deformaciones del pavimento que dificultan la circulación y pueden contribuir a la pérdida de control de los vehículos.
No obstante, aclaró que las causas de cada siniestro deben ser determinadas por las investigaciones correspondientes y recordó que la distracción al volante, especialmente por el uso del teléfono celular, constituye también un factor de riesgo.
La problemática, afirmó, no se limita a una sola ruta y se repite en distintos corredores de la provincia de Buenos Aires y del país.
Vaca Muerta y el tránsito pesado
Otro de los aspectos mencionados durante la entrevista fue el incremento del transporte de cargas relacionado con la actividad de Vaca Muerta, que tiene impacto sobre distintos corredores viales.
Zavaleta señaló que el intenso tránsito pesado incrementa las exigencias sobre rutas que ya presentan problemas de infraestructura y mantenimiento.
A eso sumó una preocupación ambiental vinculada con la extracción y transporte de arena en zonas del Delta del Paraná y otros sectores, cuestión que, según indicó, también debería ser objeto de controles y documentación oficial.
El reclamo por los peajes
Una de las propuestas planteadas por el dirigente fue revisar el cobro de peajes en aquellos corredores donde, según su planteo, las obras comprometidas no se encuentran terminadas o las condiciones de seguridad no están garantizadas.
También cuestionó las demoras que se producen en las estaciones de peaje y sostuvo que debería verificarse el cumplimiento integral de las obligaciones establecidas por el régimen de concesiones.
Zavaleta recordó que la Unión de Usuarios Viales viene realizando presentaciones ante organismos públicos y señaló que también solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.
Según relató, hasta el momento no recibió la respuesta que esperaba y anticipó que insistirá con el reclamo.
“No queremos acusar: queremos saber”
Uno de los ejes centrales de la entrevista fue la necesidad de obtener información oficial antes de avanzar con eventuales denuncias.
Zavaleta insistió en que el pedido apunta, en primera instancia, a conocer qué ocurrió con los recursos, quiénes tomaron las decisiones y cuál fue el grado real de ejecución de los proyectos.
A partir de esa documentación, explicó, podrían determinarse eventualmente responsabilidades administrativas o judiciales si correspondiera.
“No emitimos juicios previos”, sostuvo al explicar el sentido de las presentaciones.
El reclamo busca, de esta manera, que los organismos públicos respondan sobre el financiamiento, la ejecución de las obras y el estado actual de las concesiones de las rutas 3 y 5.
Una discusión que excede a una ruta
Para Zavaleta, el problema no es solamente vial. Consideró que la discusión involucra también la calidad institucional, el acceso a la información pública y la obligación de los organismos del Estado de rendir cuentas sobre el uso de los recursos.
“¿Dónde va el dinero?”, planteó durante la entrevista, al reclamar que los ciudadanos puedan conocer cómo se administran los fondos que aportan al Estado.
La Unión de Usuarios Viales anticipó que continuará incorporando documentación y adhesiones a los pedidos realizados, con la intención de ampliar la investigación sobre las rutas 3 y 5 y determinar, con información oficial, qué ocurrió con los fondos, las obras pendientes y las responsabilidades correspondientes.
Agencia MTR